Inicio Portada URRIBARRI: PONEN FECHA A LA «CAUSA DE LA VACA»

URRIBARRI: PONEN FECHA A LA «CAUSA DE LA VACA»

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Después de dos suspensiones durante 2019, el primer juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados al exgobernador Sergio Urribarri por una causa de corrupción en su gobierno tiene fecha para 2020.

La denominada «causa de la vaca», que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, irá a juicio oral a partir del próximo viernes 27 de abril.

Las audiencias, según pudo sabre Entre Ríos Ahora, continuarán los días 28, 29 y 30 de abril. Luego, seguirán los días 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo, siempre a partir de las 9. Según el esquema fijado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, los alegatos de apertura serán los días 27 y 28 de abril; en tanto en las jornadas del 29 y 30 de abril y 5, 6, 7, 12 y 13 de mayo depondrán un total de 7 testigos por día; los días 14, 19 y 20 de mayo, 8 testigos por día; mientras que las jornadas del 26 y 27 de mayo serán los alegatos de clausura.

El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Nacoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.

Los jueces, además, si bien encontraron atendido el pedido que formuló la Procuradora Adjunta de establecer fecha de inicio dentro del plazo en el que se iban a realizar las audiencias -entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre- dijo no tener potestad para tomar una determinación de esa envergadura. Así, concluyó que «este Tribunal carece de la potestad para efectuar una reprogramación del debate, atento a que la fijación de las audiencias de los juicios orales constituye una actividad administrativa reservada a la O.G.A., limitándose la labor jurisdiccional en el presente caso en concreto, a impedir que tal actividad afecte derechos y garantías que impidan la materialización de un ´juicio justo´».

Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.

No bien se conoció la primera postergación, la Procuración urgió la fijación de fecha con el argumento de que una falta de definición “podría atentar contra el derecho de los acusados que no han generado las suspensiones a un proceso sin dilaciones indebidas”.

Qué investigan

La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.

Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Antes de que el tribunal decidiera aplazar los debates, el último 25 de julio, habían ocurrido una serie de incidentes.

La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.

Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.

El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”, el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.

Aunque finalmente esa recusación fue desestimada.

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.

Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.

Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.

Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.

En tanto, se espera fijación de fecha para el segundo juicio por corrupción a Urribarri, el conocido como Sueño Entrerriano. La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Entre Ríos Ahora.