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POLÍTICA ENERGÉTICA: POR SUBA DE TARIFAS, LOS SUBSIDIOS BAJARON 70% EN 4 AÑOS

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El Estado destinaba US$19.000 millones para subvenciones al sector en 2015. En 2019, el Gobierno calcula que fueron US$6.000 millones. -Martín Bidegaray-

Partidas por US$19.000 millones para mantener las facturas bajas. Caída en la producción de petróleo y gas. Rojo comercial energético. Tarifas atrasadas ($20 una boleta de luz en Buenos Aires). Falta de inversión en Vaca Muerta. Apagones continuos todos los veranos. Ese fue el panorama energético que se encontró la administración de Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Aunque las tarifas no se actualizan desde abril y hay atraso en las mismas, las gestiones en Energía lograron disminuir los subsidios en un 70% (serán menos de US$6.000 millones en 2019), alcanzar un equilibrio comercial (este año se importará por el mismo nivel que se exportará) y hasta el hito de exportar gas licuado (GNL) por primera vez. Con un mercado local que se fue pareciendo más en sus regulaciones al internacional, Vaca Muerta volvió a estar en el radar de los inversores, al menos hasta las elecciones primarias de agosto. De todas formas, había señales de fatiga anteriores, por las devaluaciones.

Tras el triunfo del Frente de Todos, las acciones de empresas argentinas se desplomaron como nunca y las energéticas estuvieron entre las más golpeadas. El mercado, que venía anotando los avances de generadores de electricidad y distribuidoras de gas, mostró preocupación por lo que pueda pasar en el sector. En el Gobierno reconocen que los sucesivos aumentos de tarifas horadaron la imagen del oficialismo.

La gestión energética estuvo a cargo de Juan José Aranguren hasta junio de 2018. Fue ministro, aunque luego de su salida la cartera fue rebajada a Secretaría. La posición la ocupó Javier Iguacel (ex Vialidad)hasta diciembre. Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete, tomó la posta hasta el final del mandato.

La devaluación de 2018-2019 complicó el escenario energético. Los proyectos de energía renovable se quedaron sin financiación. Las obras —como gasoductos desde Vaca Muerta— dejaron de ser atractivas para inversores. La reinterpretación de algunas normas —como los subsidios al gas de Vaca Muerta— también frenaron desembolsos en la formación neuquina.

“No vamos a decir qué tiene que hacer la próxima administración. Queremos detallar lo que encontramos y lo realizado. Las declaraciones de Alberto Fernández sobre ‘pesificar’ y que el ‘sector va a pagar el ajuste’ son señales. Ojalá no se vuelva al default de tarifas que encontramos”, dijo Lopetegui, a cargo de la Secretaría de Gobierno de Energía.

Para la transición energética, la administración macrista saca a relucir una reducción de las subvenciones estatales a las tarifas de luz y gas. En 2019, para evitar los aumentos, el Poder Ejecutivo consumió casi US$ 6.000 millones. En 2015, el kirchnerismo requirió US$13.500 millones con esa misma finalidad. “Hay un 1,4% del PBI en subsidios. Es consistente con el 64% de cobertura al costo de luz y gas”, puntualiza Lopetegui.

Evolución del esquema tarifario

Argentina tuvo superávit comercial energético hasta 2010. Desde ese año, las importaciones comenzaron a superar las exportaciones. En 2013, con la compra récord de barcos con gas y combustibles importados, se destinaron US$12.500 millones a energía extranjera, provocando un rojo comercial de US$6.900 millones. La administración actual prefirió premiar la producción local de Vaca Muerta a través de incentivos y subsidios, pero de una manera diferente al kirchnerismo. (Ver Vaca Muerta). Este año cerrará con el saldo energético neutro, es decir con tantas importaciones como exportaciones. Por primera vez, el país despachó barcos con GNL en 2019. El puerto de Bahía Blanca, que se usaba para importar, se utiliza para esa tarea.

Aunque queda pendiente un aumento no inferior al 30% en las tarifas de luz y gas, el Gobierno cree que ordenó el grueso del funcionamiento de los servicios públicos, mientras que también le otorgó “libre mercado” a los combustibles.

En la luz, la tarifa que se cobraba en 2015 en Buenos Aires no alcanzaba para cubrir el 3% de una factura media del servicio. Ahora, la boleta genera ingresos para solventar casi 60% del costo. En el medio, el Poder Ejecutivo sextuplicó el precio pagado por la demanda (de US$6 por Mwh, una unidad de medida del sector, a US$39) para los usuarios residenciales. También se cuatriplicó el importe para comercios (de US$10 a US$ 42), y creció 50% para industrias (de US$43 a US$62). A eso, hay que agregarle que el dólar oficial estuvo por debajo de los $10 en 2015, mientras que este año no bajará de los $45.

En el gas, las tarifas residenciales alcanzaban para pagar un 7% del costo en 2015. Cuatro años después —y aún con la Corte Suprema de Justicia rechazando aumentos— , la “demanda”(hogares, comercios) sustenta casi dos terceras partes del costo del gas. En 2015, casi la mitad de los ingresos de los productores de gas llegaban a través de subsidios. En 2019, las subvenciones aportarán un 16% de la plata que reciben las petroleras que consiguen gas.

El precio pagado por los consumidores escaló 250% en dólares por el gas residencial, mientras que subió 1.500% en “moneda dura” para los comerciales. Lopetegui admite que la corrección era necesaria en lo macro, pero que también esa cuenta afectó los costos de empresarios de todos los rubros.

En el mercado de combustibles, Argentina venía con distorsiones permanentes. Entre 2004 y 2014, castigó las exportaciones, fijándoles a las petroleras retenciones altísimas que desalentaron la producción. En 2015 predominó el “barril criollo”, un invento para proteger a las petroleras locales, cuando el precio del petróleo crudo caía en el mundo. Durante su gestión, Aranguren se comprometió a “liberar” el mercado una vez que el precio del petróleo crudo internacional estuviera alineado con el local. Eso se logró en septiembre de 2017. “Es clave que los precios del mercado interno reflejen la paridad de exportación (lo que podrían conseguir las compañías si exportan)”, enfatiza Lopetegui, mirando a Vaca Muerta.

El futuro de Vaca Muerta

El litro de nafta súper se ubicará entre $60 y $65 hacia fin de año, en un promedio nacional. Es la estimación de la Secretaría de Energía. De esa forma, el importe de los combustibles se acerca a un dólar. Lopetegui dice que quiere “precios de mercado” para convocar a las grandes empresas internacionales, las que juegan en todo el mundo, a invertir en Vaca Muerta. Mientras tanto, entiende que el proyecto que circula para defender las inversiones en esa formación, pone en evidencia “un lobby de las empresas” más pensado para cuestiones impositivas que para desembolsos de miles de millones.

En un repaso de temas por saldar, nota que la administradora Cammesa —la empresa mayorista del mercado eléctrico— registra $6.525 millones impagos de facturas deMisiones. Esa provincia es la mayor deudora del sistema, según Lopetegui. Sergio Lanziani, ministro de Energía de esa provincia, es mencionado como uno de los candidatos a reemplazar a Lopetegui en el Poder Ejecutivo nacional.

“Entre las retenciones fijas de entre 20% y 25%, más las retenciones móviles posteriores cuando subió el precio del petróleo, el sector resignó más de US$50.000 millones durante desde enero de 2004 a diciembre de 2014 (toda época kirchnerista)”, marca el funcionario. Al año siguiente, funcionó el sistema de “barril criollo”, con un precio local superior al internacional, que les permitió embolsar US$10.000 millones más a las petroleras en relación con una situación de precios “libres”. “Con Juanjo (Aranguren, el ex ministro de Energía) decidimos dar de baja el barril criollo una vez que el precio local convergiera con el internacional”, manifiesta. Eso sucedió en septiembre de 2017. Para lograrlo, YPFtuvo que lograr una reducción de costos.

El Gobierno se precia de haber manejado el dinero público distinto del kirchnerismo. Los estímulos al gas estuvieron en ambas administraciones. Sin embargo, con las riendas de Axel Kicillof, las compañías recibían un premio por la “producción incremental”, es decir una fórmula propia que consideraba un declino natural de la producción, con la que Aranguren no estuvo de acuerdo. Por eso, los incentivos que generó la actual administración fueron para “gas nuevo de Vaca Muerta”.

Aranguren y Lopetegui también modificaron el contrato de provisión de gas de Bolivia, a través de “adendas”. Se diferenció el abastecimiento del invierno del requerimiento para el verano, cuando al país ya le sobra gas. Esa medida generó un ahorro de US$300 millones en 2019.

Desacuerdo con la mesa política

Después de las elecciones primarias, el oficialismo impuso una regulación en el precio de los combustibles por tres meses. “Nunca creí en esa medida”, marca Lopetegui. Como hubo una devaluación fuerte —de $45 a $ 57—, las petroleras iban a tener que aplicar remarcaciones. “Podíamos avanzar con subas de entre 4% y 5% en forma gradual, había otra salida”, argumenta el funcionario. “Yo no hubiera congelado. Pero la mesa política (el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Transporte, GuillermoDietrich, entre ellos) se lo recomendó a Macri”, dice.