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OCHO CAUSAS JUDICIALES APUNTAN AL FUTURO EMBAJADOR EN ISRAEL SERGIO URRIBARRI

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La mayoría de ellas van a juicio oral este año: una en abril, otras tres unificadas, en agosto y una más que espera elevación a juicio desde el año pasado. ¿Las conocerá el Presidente de la Nación, que anunció que lo nombrará embajador? ¿Se sacará de encima el peronismo entrerriano semejante lastre de corrupción e hipocresía, o seguirá defendiendo lo indefendible? (A.S.-El Miércoles Digital)

El exgobernador entrerriano Sergio Daniel Urribarri, nombrado embajador en Israel, está procesado o imputado en varias causas escandalosas que revelan un daño al pueblo entrerriano que es todavía difícil de mensurar.

En esta nota se resumen todas las que lo comprometen hasta el momento, en un repaso que aspira a un doble objetivo quizás utópico: el primero, que el peronismo entrerriano se saque de encima este lastre vergonzoso (aunque eso implique reconocer, como mínimo, la complacencia y como máximo la complicidad de su dirigencia con el jefe del Clan). El segundo: que el Presidente de la Nación revise el anuncio de la designación de Urribarri como embajador, que genera indignación y vergüenza ajena a quienes se han asomado a cada una de estas tramitaciones judiciales.

Aquí detallamos ocho tramitaciones judiciales que complican al ex gobernador. La mayoría de ellas irán a juicio oral este año: una en abril (“La causa de la vaca”), otras tres unificadas en agosto (“Sueño Entrerriano”) y una más que espera elevación a juicio desde el año pasado (“Global Means”). A continuación, el detalle resumido de cada una de ellas.

  • “Sueño Entrerriano”: unifica tres causas, que se detallan a continuación. Se la conoce así porque investiga el desvío de fondos públicos para promocionar la campaña presidencial de 2015 de Urribarri, que precisamente tuvo como lema “Un sueño entrerriano”. El sueño le costó caro al pueblo entrerriano: casi 47 millones de pesos (en ese momento unos 5 millones de dólares, es decir que hoy equivalen a casi 400 millones de pesos, dependiendo el precio del dólar que se tome). La carátula de la causa es “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública”. Pero en realidad se unificaron tres expedientes sobre hechos diferentes que tienen en común el uso de fondos públicos para financiar la delirante intentona presidencial de 2015. El juicio oral ya tiene fecha para el 30 de agosto de este año 2020.

LAS TRES CAUSAS UNIFICADAS SON:

a. “Parador playero”: En esta causa se acusa a Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, de sustraer más de 14,5 millones de pesos para instalar el célebre parador playero en Mar del Plata en enero de 2015, fingiendo promocionar la provincia para promocionar su precandidatura presidencial. En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador, y que a su vez es ex director de Contenidos del Fútbol para Todos; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Aguilera. Según indicó el sitio Entre Ríos Ahora, en tribunales aseguran que los fiscales tienen probado que la firma de Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacia el cuñado de Urribarri por dos millones de pesos. Una pieza clave en este sistema, según la tesis fiscal, es la contadora Cargnel, quien también va a juicio en otra causa.

b. La causa Nelly/Mercosur: es el expediente que investigó el pago de 28 millones de pesos a fines de 2014 para cuatro spots de TV durante la Cumbre de Presidentes en Paraná. La acusación asegura que el fin de esos videos era promocionar a Urribarri como precandidato. En este expediente estaba imputado Jorge Corcho Rodríguez acusado de haber sido partícipe en la contratación de Nelly Entertainment SA, firma que preside. Rodríguez accedió a una probation (suspensión de juicio a prueba) en la que además de trabajos comunitarios, debió pagar 150 mil pesos en concepto de resarcimiento al pueblo entrerriano por el daño causado. Además de Urribarri y Rodríguez, también están imputados el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez (luego diputado provincial); y otros dos funcionarios menores: Hugo Céspedes y Gustavo Javier Tórtul.

c. La solicitada anti-buitre: La tercera investigación es la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014 en 18 diarios nacionales por más de cuatro millones de pesos. La solicitada se publicó en medios de gran tirada y allí, Urribarri llamó a todas las fuerzas políticas a rechazar a los Fondos Buitre, en un momento en que era el tema candente por el fallo del Juez Griesa. Los fiscales consideran que fue otro uso proselitista de los fondos de los entrerrianos, porque los fondos salieron del Ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez, claro.

  • Global Means: En este expediente Urribarri y Báez están acusados de haber contratado publicidad de manera directa con una “empresa” de demostrado vínculo con Báez (al punto de que su familia tiene autorización para manejar los vehículos de esa “empresa”). Las comillas en “empresa” son porque abruman las irregularidades: la empresa no existía legalmente cuando Báez y Urribarri firmaron la contratación: Global Means registró el inicio de actividades en AFIP y en ATER a partir de octubre de 2011. Pero la primera contratación es de julio de ese año. Por si fuera poco, la inscripción en el Registro de Medios de la Provincia –requisito ineludible para que cualquier medio o empresa reciba publicidad– es de noviembre de ese año.
  • Hay más: el trámite para el pago fue el 24 de marzo de 2012… un feriado nacional. La truchada no solamente muestra el nivel de impunidad con el que se manejaban, sino que también configura el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. El tercer acusado es el “dueño” de Global Means S.A., Germán Buffa, a quien se le endilga una participación primaria. Buffa además, integra el directorio de El Diario de Paraná, y ha sido catalogado de testaferro de Urribarri en esa posición. La investigación determinó que entre 2011 y 2014, la “empresa” recibió casi 4 millones de pesos para la difusión de distintas campañas y acciones de gobierno en medios porteños. Y en ese período la firma tuvo como exclusivo cliente al Estado entrerriano, salvo una campaña que hizo para otra agencia de publicidad. Los pedidos de desafuero de ambos (Báez y Urribarri fueron diputados provinciales hasta el mes pasado) nunca prosperaron. Esta causa estaba para elevarse a juicio y no prosperó por cuestiones de los fueros que planteó Raúl Barrandeguy (abogado de Urribarri). Se da por sentado que este año pasará a juicio oral.
  • “La causa de la vaca”: En esta causa Urribarri y Báez son considerados autores de los siguientes hechos: negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y otras personas directivas de empresas privadas (otra vez Cargnel, Hugo Montañana, Jesús Bustamante), aparecen como “partícipes primarios” y también se acusa a la pareja de Aguilera (Luciana Almada), Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Sena, quienes son considerados testaferros de Aguilera. Esta causa tiene fecha para juicio oral a partir del 27 de abril de 2020. La acusación asegura que Urribarri y Báez sustrajeron fondos públicos “de manera constante, habitual y reiterada” y los direccionaron a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. A eso lo hicieron con múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano a favor de dos empresas del propio Aguilera mediante cinco testaferros. Entre 2010 y 2015, las firmas Next SRL y Tep SRL recibieron sumas del Estado Provincial “para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, por un total de 24 millones de pesos. Bustamante y Montañana, titulares de empresas de publicidad, participaron de esas contrataciones con un porcentaje que le reembolsaban a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel. Tan ficticias eran las constataciones que por eso la causa es conocida como “la de la vaca”. Resulta que los pagos del Estado se hacen con una certificación de que el servicio se prestó: en este caso, se adjunta en el legajo una fotografía de los carteles supuestamente contratados, visibles en alguna ruta, en el acceso a alguna ciudad. Pero la certificación era tan trucha que las fotos mostraban siempre a una misma vaca, en la misma posición, adelante del cartel. Nuevamente la certeza de la impunidad. “Esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición”, dijo el fiscal. Y así pasó a ser “la causa de la vaca”. Aunque en Entre Ríos no opera la figura del “arrepentido”, en esta causa Bustamante jugó un rol similar: aceptó un juicio abreviado, lo que tiene como condición el reconocimiento del delito. Por eso no será parte del juicio oral: reconoció las coimas y los hechos de los que se lo acusa, y recibió una condena a dos años y la realización de trabajos comunitarios, pero además pagó nada menos que 4,8 millones de pesos al Estado por el daño causado al pueblo entrerriano. Los fiscales adelantaron que pedirán 9 y 8 años de prisión para Urribarri y Báez respectivamente.
  • Enriquecimiento ilícito: Esta causa se inició tras una denuncia presentada en la Procuración General en diciembre de 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de que la revista Análisis publicara un contundente informe sobre el crecimiento patrimonial de la familia Urribarri: de ser un simple empleado de banco oriundo de General Campos, en pocos años la familia se transformó en un clan de empresarios que parece salido de una serie yanqui. Así, en esta causa aparecen las empresas a nombres de sus hijos Mauro y Sergio (Kriptax Inc), la de sus hermanos Jorge y Armando (Agro Premium), la de su esposa Ana Lía (Ancorar), todas con sede legal en el mismo lugar: Junin 658, piso 6, departamento A, torre B. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También allí aparece la mansión célebre en el lago de Salto Grande, que se popularizó gracias al Google Earth. Entre otras medidas, se allanaron propiedades de la familia, sedes de empresas favorecidas por Urribarri como gobernador, y oficinas o estudios contables de presuntos testaferros en diferentes ciudades. Y como consecuencia se incorporó a un empresario clave en el impresionante crecimiento patrimonial de Urribarri: el paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. La justicia determinó que entre 2008 y 2015 ese empresario administró más de 11 millones de dólares “en negro” del ex gobernador. El fiscal en esta causa detalló cómo Cardona Herreros consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio de pago de coimas a funcionarios. La investigación encontró en las computadoras del empresario correos electrónicos y planillas excel en los que Cardona Herreros llevó una cuidadosa contabilidad de los gastos que le pagaba a Urribarri y a su familia: viajes al Caribe, a Cuba, a Madrid y a Venecia, la compra de vehículos y propiedades y hasta el pago de su teléfono celular. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Herreros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. De todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó el fiscal Badano.
  • Contratación de software: En esta causa también juega un rol relevante el paraguayo Cardona Herreros. Aquí se acusa al ex gobernador Urribarri por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, palabra con la que la jerga judicial identifica al pago de coimas. Los fiscales aseguran que a partir de 2007, primero como ministro de Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como gobernador, Urribarri “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros, que se quedó con numerosas licitaciones para la compra de software por parte del Estado Provincial. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En estas maniobras se verificaron sobreprecios que, según el fiscal, “retornaron” como sobornos a una serie de funcionarios: el ex ministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone. La empresa de Cardona logró una enorme cantidad de contratos importantes en el Estado entrerriano, por sumas varias veces millonarias en dólares, y en algunos casos con costos mensuales por mantenimiento. Los fiscales consideran probados “retornos” por un millón de dólares, e incluso aparecen depósitos a funcionarios realizados desde la propia empresa, entre muchas otras irregularidades. Otra vez, la certeza de la impunidad. En esta causa, el ex gobernador todavía no fue indagado.
  • Contratos truchos en la Legislatura: Esta causa investiga el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos: una organización delictiva montada desde el seno del Poder Legislativo para la sustracción de dinero del erario público a través de contratos apócrifos en nombre de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia mediante “personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. El mecanismo funcionó entre 2008 y 2018 y el cálculo oficial del perjuicio al pueblo entrerriano asciende a la increíble cifra de 2.000 millones de pesos.

Se lo descubrió de casualidad, porque ya se sabe que en Entre Ríos, nadie controla nada: a un policía le llamó la atención que tres personas en un cajero automático pasaban mucho tiempo adentro y tenían muchas tarjetas de débito. Así se comenzó a seguir el hilo de esta increíble historia. La cantidad de personas involucradas es todavía indefinible, y aunque están presos solamente un par de miembros del escalón inferior (los que iban al banco con varias tarjetas de débito a retirar el dinero), la investigación ya llegó a Urribarri y otras figuras políticas de la provincia que en el período tuvieron responsabilidades en la Legislatura. ¿Cuál era el mecanismo? Un grupo de personas de los mandos medios de la Legislatura, entre las cuales está (¡otra vez!) el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, nombraba contratados para funciones no especificadas. Durante años esos contratados cobraban mediante cheques, pero en realidad no se quedaban con el dinero: se lo daban a las personas detenidas para que lo hicieran.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, denunció la Procuración. Pero con el correr de la causa ahora se habla de más de 1.000 contratos, que eran firmados en el domicilio particular o comercial de dos de los detenidos: Flavia Beckman y Hugo Mena. Los fiscales consideran probada la estructura funcional de la banda, que implicaba a muchas personas: luego de que se depositaban los sueldos de los contratados truchos, se le entregaban los cheques Mena y Beckman, ellos los endosaban y los repartían entre casi veinte personas para facilitar el cobro en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. Luego concentraban la recepción de esos dineros, pagando una suma ínfima a cada “cobrador”. El botín era entregado a Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Faure, Alejandro Almada (cuñado de Aguilera), y Alfredo Bilbao. Este último era el encargado de las rendiciones de cuenta, y después de deducir gastos, impuestos de los “contratados” y comisiones, se encargaba de entregar el neto a Juan Domingo Orabona y a Juan Pablo Aguilera. Hasta ahí llega lo que la justicia considera probado. Está claro para los investigadores que un mecanismo de este tipo no se pudo haber realizado sin el visto bueno o la participación directa de las autoridades legislativas, y en esa lista están no solo Urribarri, sino también José Allende, Adán Bahl, Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, todos ellos presidentes del Senado en su oportunidad. El expediente se inició en septiembre de 2018, y hoy la Procuración pretende elevar a juicio una primera parte de la monumental causa, con un corte en el nivel de responsabilidades hasta los mandos medios de la Legislatura, y dejar abierta la posibilidad de que haya una segunda causa por los contratos truchos. En cualquier caso, Urribarri ya se encuentra afectado y debió nombrar abogado.

En verdad hay otras causas “menores” que, si la justicia quisiera, podrían agregarle problemas a Urribarri. Por ejemplo, la querella que le inició el abogado Guillermo Mulet por injurias y calumnias, en la que el ex gobernador nunca se presentó; o la causa de las cosechadoras truchas, donde el ex ministro Valiero complicó al ex gobernador, cuando reveló que fue el responsable de toda la operatoria. Pero por el momento estas causas están en el freezer, y no parece que vayan a moverse, por lo cual no las incluimos en este repertorio.

Ni vale la pena analizar el increíble caradurismo con el que Urribarri sostiene que estas causas son “persecución política” en su contra, desde el momento en que todas ellas se han desarrollado en años en que el PJ siguió (y sigue) siendo gobierno en Entre Ríos, y por jueces, fiscales y procurador nombrados por el peronismo entrerriano.

No obstante en la maraña informativa actual son poquísimas las personas que en la provincia y en el país tienen al menos una vaga idea de las tropelías realizadas por el clan que comandó (y que en buena medida comanda aún) Sergio Urribarri.

Ese clan, como tituló su libro Daniel Enz –cuyo periódico ANÁLISIS ha jugado un rol insustituible en la denuncia de estos hechos y en el inicio de varias de las causas contra el jefe de esa banda– está golpeado pero no derrotado. Quizás es hora de que el peronismo entrerriano se saque de encima semejante lastre de corrupción, hipocresía y estulticia, aunque eso implique reconocer la complicidad de casi la totalidad de su dirigencia (empezando por el actual gobernador Gustavo Bordet) con ese perverso clan, que quiso manipular los valores más profundos del pueblo entrerriano (empezando por el artiguismo) para tapar, felizmente sin éxito, sus peores latrocinios.

Es de esperar que este repaso también sirva para que en esa Argentina que anunció el Presidente de la Nación en su discurso de asunción, no haya lugar en embajada alguna para el torpe depredador de la riqueza de los entrerrianos llamado Sergio Daniel Urribarri.

(*) Nota del Autor: Esta recopilación se realizó en base a notas realizadas por diferentes periodistas de los sitios ANÁLISIS, Página Judicial, Entre Ríos Ahora y El Miércoles Digital: Daniel Enz, Juan Cruz Varela, Federico Malvasio, Jorge Riani, Ricardo Leguizamón, Julián Stoppello, Silvio Méndez, Gonzalo Núñez, Jorge Rubén Díaz, Martín Barral. A todos ellos el autor desea agradecerles y destacar su valiente y dedicado trabajo, que permitió elaborar este resumen.