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FAMILIA DEL SOLDADO LEDO APELÓ LA ABSOLUCIÓN DE MILANI ANTE CÁMARA DE CASACIÓN PENAL

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La familia del soldado desaparecido Alberto Agapito Ledo reclamó a la Cámara Federal de Casación Penal que anule la “arbitraria” absolución del ex jefe del Ejército César Milani dictada por el tribunal oral federal de Tucumán y lo condene a 6 años de prisión.

Las abogadas de la madre y la hermana de Ledo, Adriana Mercado Luna y María Reynoso apelaron la absolución en los últimos días de diciembre, informaron a Clarín fuentes judiciales.

El Tribunal absolvió a Milani en relación a los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento y condenó al capitán Esteban Sanguinetti a 14 años de prisión. El voto de la mayoría de los jueces Gabriel Casas y Carlos Giménez Montilla fundamentó la absolución en que no hubo una actitud dolosa por parte de Milani en 1976. Mientras que el tercer juez Enrique Lilljedahl en un voto concurrente, pero con fundamentos propios dijo que absolvía a Milani pero por el beneficio de la duda, publicó el diario Clarín.

Este es el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad en el que Milani resulta absuelto, el anterior tuvo lugar en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón, durante la última dictadura militar. Sin embargo, el fiscal de Casación Javier De Luca pidió revocar esa primera absolución.

Casas y Giménez Montilla sostienen que del acta solo obra en la causa “una copia de una copia de la original; por lo que, en consecuencia, el último certificante nunca vio el original, si existió”, señalan las abogadas de la querella. Sin embargo, “tal afirmación es absolutamente falsa, ya que la copia con certificación original del Mayor Jose Baltazar Sandaza, “se encontraba reservada en secretaria, por lo que –como es de estilo- se extrajo una copia de la misma para el expediente, que fue certificada por el Secretario del Juzgado de Instrucción de Tucumán Horacio Mario Arguello”, aseguraron Mercado Luna y Reynoso.

Para las abogadas las irregularidades del acta de deserción “ponen en evidencia que el sumario, solo fue una burda formalidad, tendiente a ocultar el verdadero destino de Alberto Agapito Ledo (…), que no es lo mismo que sostener que tales irregularidades acreditan la falsedad ideológica”. En el caso la inserción falsa consistió en haber hecho constar en un acta “que el causante fugó del vivac que la subunidad tiene tienen instalado en el edificio en construcción de la escuela de Comercio de la Ciudad de Monteros”, consignó el diario Clarín.

Los jueces señalaron que Milani durante el juicio desconoció la autoría del acta y aportó un informe del Licenciado en Criminalística Héctor Fernández, quien efectuó un estudio scopométrico de la firma del imputado Milani, concluyendo que no le pertenece. Dicho informe “no es una prueba pericial caligráfica llevada a cabo de conformidad a las disposiciones del Código de rito”, sino el aporte de la defensa, puntualizaron.

Sobre la autenticidad del acta, recordaron las abogadas, se había pronunciado “el Juez de Instrucción Dr. Poviña, mediante resolución de fecha 10 de febrero de 2015, en la cual rechazó el pedido de exclusión probatoria, realizado por la defensa. Resolución que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán”.

Las letradas se quejaron porque el tribunal no tuvo en cuenta como prueba una entrevista “del periodista Raúl Kollmann, publicada en Página/12 (23 de julio del año 2013), en la cual Milani dijo que había firmado el expediente por la deserción de Ledo, que era una tarea que a los subtenientes les tocaba por azar; y que informó el expediente que se hizo después en La Rioja por la deserción de Ledo. “Eramos 4 subteniente y nos tocaban los expedientes por azar para las firmas”, afirmó en la nota con Kollmann hecha para responder a una primicia de Clarín de 2013.

Tampoco, pusieron de manifiesto las abogadas se consideró la “la respuesta al cuestionario formulado en el año 2014 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que (Milani) expresó que había confeccionado el acta por pedido de Sanguinetti y que se encontraba en Famaillá, a 30 kilómetros de Monteros, donde desapareció Ledo”. “El imputado se apartó de los cánones usuales inherentes al rol de un subteniente que debe labrar una actuación por deserción (acción estándar o estereotipada); y lo hizo en forma premeditada para ocultar lo sucedido con Ledo, encubriendo así la responsabilidad de Sanguinetti”, subrayaron.

Recordaron que “otros subtenientes contemporáneos de Milani en el Batallón de Ejercito 141 de La Rioja, participaron en la represión ilegal. Se trata de los Subtenientes Barros Uriburu y Molina, quienes comandaron el operativo, que terminó con el fusilamiento del soldado Villafañe posterior allanamiento de su vivienda, a quien vinculaban políticamente con Alberto Ledo, de pertenecer al PRT y de haber participado en el copamiento al Regimiento 17 de Catamarca”. Y en otros lugares del país hubo subtenientes que también participaron del plan sistemático de exterminio”.

En definitiva, “Milani no era Heidi, como lo dibuja el Tribunal. Ni tampoco que el escenario donde desempeñaba sus funciones eran los Alpes o La Rioja bucólica, donde no pasaba nada -tal como lo sostuvo el encartado-, sino todo lo contrario. La Rioja, (conforme lo declararon los testigos) fue el escenario de una feroz represión ilegal, que terminó con la vida del Obispo Angelelli, de los sacerdotes Murias y Longeville, del laico Wenceslao Pedernera; la desaparición forzada de los amigos y compañeros políticos de Alberto Ledo, Adán Roberto Díaz Romero y Cesar Minué, y el encarcelamiento por largos años de cientos de riojanos (identificados la mayoría de ellos con la pastoral del obispo Angelelli); alcanzado el número de detenidos a aproximadamente el 2% de la población”.

Finalmente, las abogadas afirmaron que los jueces “pretenden tapar el sol con un dedo, aclarando que Milani no es el sol, ni tampoco el General Nacional y Popular, que dice ser. A un general nacional y popular, la represión ilegal no lo hubiera salpicado, como es el caso de D´ Andrea Mhor, Celsio Ballester, entre otros”, quienes se negaron a cometer órdenes ilegales y fueron echados o renunciaron al Ejército.