EGGER: PARA LA JUSTICIA, LOS DESPIDOS FUERON «DISCRIMINATORIOS»

La Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia rechazó el recurso de queja presentado por el abogado representante de la empresa Egger Argentina SAU contra una resolución del juez de Trabajo Nº 4 Roberto Masara, quien había ordenado la reincorporación de 10 trabajadores que habían sido despedidos.

El caso se originó cuando 10 trabajadores demandaron la nulidad de los despidos dispuestos por su empleadora, la consecuente reincorporación a las tareas respectivas, el pago de los salarios caídos y la indemnización por daños moral y material sufridos, aseverando que los despidos se motivaron en razones discriminatorias y conducta antisindical.

Durante el litigio, la empresa demandada sostuvo que los empleados fueron desvinculados por falta o disminución de trabajo no imputable a su parte, según lo previsto la Ley de Contrato de Trabajo. En primera instancia, juez Roberto Masara subrayó el incumplimiento de los requisitos legales para tener por acreditada la causa de los despidos pretendida por la empresa y además consideró que la demandada no logró probar la disminución en la producción, según lo alegado. Por ello entendió que más que una causa, lo invocado en la notificación del despido pareciera constituir una excusa para una especie de ejemplo para el resto de los trabajadores afiliados al sindicato resistido por la empleadora.

La multinacional Egger (ex Masisa), radicada en el Parque Industrial de Concordia, es una de las 18 plantas de una empresa austríaca dedicada a la confección de aglomerados y molduras. Allí trabajan 400 empleados efectivos y 200 contratados, pero en mayo de este año fueron despedidos 10 trabajadores que aun pelean por su reincorporación.

El conflicto se desató cuando a finales de 2018 la empresa impuso a los operarios de turnos rotativos, un cambio de horario para la entrada y salida de la planta que se encuentra a mas de 10 kilómetros del centro de la ciudad, lo que implicaba para muchos de ellos salir de allí a las 15 y almorzar en sus casas a las 16 o salir a las 23 y llegar a sus domicilios a las 24 con sus familias ya durmiendo.

En febrero de este año los trabajadores comenzaron a juntar firmas para presentar a la gerencia y con un proceso de asambleas lograron el compromiso de rever la medida, a la vez que acordaron una mejora salarial para los empleados precarizados que cobraban mucho menos de lo correspondiente por convenio. Pero la patronal utilizó el acuerdo para ganar tiempo e identificar a los trabajadores que habían juntado firmas y que se pusieron al frente de las asambleas.

Hasta entonces ellos no tenían representación gremial ya que hace diez años se desafiliaron del sindicato de la madera, porque se dedicaba a denunciar ante la empresa cada vez que alguien se acercaba con algún reclamo. Ante esta nueva situación de conflicto, los trabajadores se afiliaron masivamente al sindicato de químicos.

Pero 24 horas después de haber votado a sus nuevos delegados, la empresa despidió a 10 de ellos. A pesar de 6 días de acampe, asambleas y lucha rodeados de solidaridad del resto de la planta y de trabajadoras y trabajadores de la región, el Ministerio de Trabajo de Concordia nunca falló contra la persecución gremial aceptando el falso argumento de la patronal de que los despidos se debían a la baja producción.

En dos fallos sucesivos, la Justicia consideró que esos despidos fueron una represalia y no motivados por la crisis.

Al momento de calificar el despido de los trabajadores, analizó los hechos y las pruebas aportadas desde el punto de mira de tres normas que configuran una especie de tríada dirimente para resolver el caso: el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 1 de la Ley 23.592 -sobre Actos Discriminatorios- y el artículo 47 de la Ley 23551 -de Asociaciones Sindicales. Así, la sentencia tuvo por acreditada la conducta antisindical asumida por la empresa empleadora de los actores, que comenzó por manifestar su molestia por las conversaciones mantenidas por sus trabajadores con el sindicato químico; siguió por ofrecer una mesa de diálogo alternativa pero como condición excluyente de desistir de esa agremiación; continuó promoviendo las desafiliaciones, en un proceso que llamativamente provocó el ingreso y egreso de más de doscientas personas en un breve lapso de aproximadamente dos meses; para concretar luego amenazas directas; y finalizar en los despidos de los accionantes, lo que desencadenó en un sostenido retiro de empleados a la entidad que los agrupaba.

Por todo ello, Masara calificó de discriminatorio el despido cursado a los actores, declaró su nulidad y ordenó la reinstalación al mismo puesto de trabajo.

Asimismo condenó al pago de los salarios caídos, en concepto de daño material y daño moral, de indiscutible acaecimiento ante la pérdida del puesto de trabajo por motivos discriminatorios, debiendo acudir a reclamar en sede administrativa y a los estrados judiciales en procura del respeto de sus derechos fundamentales como trabajadores.

La empresa apeló esa sentencia, recurso que no fue concedido en primera instancia, por extemporáneo, e interpuesto el recurso de queja, que ayer fue rechazado por la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia, por considerar que la recurrente no logró evidenciar que su apelación había sido presentada en tiempo oportuno.

El 12 de diciembre, la empresa cumplimentó la reinstalación de los trabajadores dispuesta en la sentencia primera instancia.

Entre Ríos Ahora

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