VUELVE A HABLARSE DE LOS CONTRATOS TRUCHOS DE LA LEGISLATURA EN LA JUSTICIA

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Después del cuarto intermedio que abriera en la audiencia celebrada en Tribunales el último 23 de septiembre, este viernes, a las 11,30, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dará a conocer su resolución en torno al enojoso diferendo en torno a las pericias.

Las mismas son para definir monto del perjuicio que se habría ocasionado al Estado por la operatoria de los contratos truchos en la Legislatura, una investigación penal que más de un año después todavía sigue embretada en planteos técnicos y dista de ser remitida a juicio, como había presumido a comienzos de año el Ministerio Público Fiscal.

La impasse que abrió tres semanas atrás la magistrada fue para definir de qué modo se lleva adelante la pericia contable en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, y así poder determinar el eventual monto de perjuicio al fisco. Y además, deberá decidir si esa tarea queda a cargo del perito interesado por el Ministerio Público Fiscal, el contador Héctor Enrique; o si prosperan las objeciones de los defensores, que quieren un perito “imparcial”.

Desde la mirada de los defensores, la jueza debe expedirse sobre tres puntos controversiales:

  1. El carácter que reviste el contador Héctor Enrique en la invetigación penal que se abrió el 20 de septiembre de 2018: si es un mero empleado de una parte, la Fiscalía, o si actúa como perito. Enrique fue quien estableció aquel monto de $2.000 millones de perjuicio por la operatoria de los contratos truchos en la Legislatura, cifra que luego quedó relativizada y en tela de juicio.
  2. Una vez resuelto ese punto, deberá establecer si se incorpora un perito oficial.
  3. La incorporación de puntos de pericia.
  4. Definir la plataforma fáctica sobre lo que recaerá la pericia, con la revisión de contrato por contrato.

Ya el Ministerio Público Fiscal presentó públicamente un perjuicio del orden de los $2.000 millones en base a un informe contable hecho por el contador Héctor Enrique, un técnico que depende de la Procuración, y que sirvió de base para que la Fiscalía hiciera la imputación, y, además, pidiera los embargos que dispuso la jueza de Garantías Marina Barbagelata en abril último, del orden de los $3.000 millones para los imputados. Ese embargo multimillonario fue modificado luego por la camarista María Carolina Castagno, que lo bajó de modo estrepitoso y lo fijó en apenas $190 mil.

En aquella audiencia del 23 de septiembre, los abogados defensores de los imputados, Emilio Fouces, que representa a Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados; Miguel Cullen, defensor de uan Pablo Aguilera –cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-, a la esposa de éste, Luciana Almada; a Alejandro Almada, Jorge de Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla; y Leonardo Schonfeld, que defiende a Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, pusieron en tela de juicio ese trabajo contable de Enrique, y reclamaron la realización de una pericia contable con un perito imparcial.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, en cambio, si bien receptaron favorablemente el pedido de realización de una pericia contable, afirmaron que ese trabajo quedará en manos del contador Horacio Enrique, empleado de la Fiscalía

El abogado Emilio Fouces había reclamado la realización de una pericia a cargo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Hemos sostenido que Enrique es colaborador de Fiscalía. Y lejos de tener carácter imparcial, su trabajo va siempre dirigido a sostener la hipótesis de la Fiscalía. Esa es la función del contador Enrique. No coincidimos con que se le pueda asignar la función de un perito oficial”, aseguró entonces.

“Acá se habló de un monto varias veces millonario”, observó a su turno Miguel Cullen. “Y como ese monto que estableció excedía el monto de los presupuestos de la Legislatura de los últimos diez años, surgió como primer planteo defensivo la necesidad de determinar el monto. Frente al informe del contador Enrique, pedimos la realización de una pericia contable. Propusimos puntos de pericia y un perito de parte. Pero ante eso se designa como perito a alguien que tiene inhabilidad porque es empleado del Ministerio Público Fiscal. No tiene objetividad”, planteó.

Y subrayó que el contador Enrique es empleado de loa Procuración, que “como todos sabemos, es verticalista”.

En tanto, Leonardo Schonfeld dio un paso más. Pidió al actor civil en la causa contratos truchos en la Legislatura, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que previo a cualquier dictamen pericial emita un dictamen respecto de cuáles contratos considera irregulares y cuáles no. “El fiscal de Estado dijo que todavía no se sabe cuáles contratos son irregulares, por eso entendemos que es un dato temerario por parte de Enrique largar un monto. No podemos hablar de ningún monto ni de pericia si no sabemos cuáles son los contratos irregulares”, sostuvo.

El fiscal Ignacio Aramberry defendió la capacidad técnica del contador Héctor Enrique para realizar la tarea pericial. Y dijo que “será durante el juicio cuando se determine el grado del carácter convictivo que tenga cada pericia”.

Frente al planteo del abogado Schonfeld, Rodríguez Signes aclaró que no puede determinar en sede administrativa cuáles contratos son regulares y cuáles irregulares por cuanto no tiene facultades para investigar los números de la Legislatura. Que la Fiscalía de Estado solo tiene poder de contralor sobre el Poder Ejecutivo, dijo.

Rodríguez Signes hizo un diagrama y explicó a la jueza Barbagelata por cuáles motivos un contrato puede ser nulo. “Puede haber contratos que son perfectamente lícitos en la formación de su voluntad, pero que son ilícitos por vicios de cualquiera de las otras formas. Haciendo mi propio análisis de los contratos, vi muchos contratos que tienen vicios en la forma, por lo tanto puede haber ilícito administrativo, e ilícito penal”, aseguró.

Y luego planteó: “Ahora, ¿donde puedo hacer esa investigación? La tengo que hacer acá, en el procedimiento penal. No tengo otro remedio, porque la Fiscalía de Estado tiene competencia para controlar la actividad administrativa del Poder Ejecutivo y entes que dependen del Poder Ejecutivo .Pero no puede ir al Poder Legislativo a hacer investigación administrativa, porque excede su facultad”.

El fiscal de Estado coincidió en la necesidad de realización de una pericia, como elemento “fundamental para determinar el monto del perjuicio”. Y que ello requiere un análisis de contrato por contrato. Y explicó que esa tarea resulta sencilla en función de que se cuenta con el listado de los contratados. “Si los contratos tienen vicios por dolo, eso no lo va a determinar el perito, sino la investigación. Ningún perito puede decir si hay dolo. El perito hace operaciones con una planilla Excel”, observó.

Para Rodríguez Signes, la determinación del monto del perjuicio es clave para después iniciar la demanda civil por resarcimiento al Estado.

El intríngulis en torno a la pericia, a quién la realizará y en qué monto establecer el perjuicio producido al Estado por los contratos truchos -si es que hubo perjuicio, si es que hubo contratos truchos- se espera que lo resuelva este viernes la jueza Barbagelata, en el cierre de la inconclusa audiencia de debate que arrancó el lunes 23 de septiembre pasado.

La acusación

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Entre Ríos Ahora

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