PROVINCIAL

Published on abril 11th, 2018 | by concordia7

0

URRIBARRI RESISTE DOS CAUSAS JUDICIALES

Entre este jueves 12 y el próximo viernes 20, los abogados defensores del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, continuarán batallando contra dos resoluciones judiciales que alcanzan a su defendido. (ERa)

Este jueves será la audiencia de apelación en la denominada “causa de la vaca”, una investigación penal sobre el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, por un monto de $24 millones, en beneficio de las imprentas del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

No es la única causa en la que el exGobernador busca zafar, o al menos retrasar el avance de la investigación judicial. El viernes 20 habrá otra audiencia de apelación en una causa en la que Urribarri fue procesado por firmar órdenes de publicidad a una empresa inexistente.

Primero, está la denominada “causa de la vaca” -contrataciones de publicidad que se habrían justificado con fotografías trucadas de cartelería en rutas en las que, curiosamente, siempre aparecía la misma vaca-, que involucra a Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial Pedro Báez y al cuñado Aguilera.

El 27 de marzo, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl rechazó un planteo de “excepción por falta de acción” formulado por los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. La defensa del exgobernador planteó que la contratación de publicidad había sido aprobada, sin reproches, por la Contaduría, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas, y que no cabía la acción judicial en esta instancia. Más aún: pidieron el sobreseimiento de Urribarri. “En nuestro ordenamiento ritual, no está prevista la excepción por falta de acción que intentaron”, argumentó el magistrado. Y apuntó que “dicha pretensión defensiva, debo decirles, resulta abiertamente incompatible en la instancia procesal en la que estamos, que es una etapa intermedia, con pedido de remisión de la causa a juicio”, dijo Ruhl, y respecto del pedido de sobreseimiento no quiso pronunciarse porque, entendió, ese incidente debe resolverse más adelante..

En esa causa, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados, cada uno, en $26 millones. Y esa medida dispuesta por la Justicia en febrero último, fue ahora también apelada. El planteo será resuelto en una audiencia que tendrá lugar este jueves 12 de abril, a las 9, que presidirá el juez Daniel Julián Antonio Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

En esa investigación, el jueves 1° de febrero, los fiscales a cargo ahora de la causa penal, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa.

La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

En esa causa, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados, cada uno, en $26 millones.
Otra apelación
El viernes 20, en tanto, a las 9, está previsto la audiencia de apelación en una causa en la que Urribarri y Báez más el empresario pizzero Germán Buffa fueron procesados. Será ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones compuesto por los camaristas Gustavo Román Pimentel, Gervasio Pablo Labriola y Alejandro Diego Grippo.
Los defensores de Urribarri apelaron ese procesamiento.
Fue el 1° de marzo último cuando el juez de Transición, Gustavo Maldonado, dictó el procesamiento del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, en el marco de una causa en la que se investiga la distribución irregular de la publicidad oficial durante su gobierno.

También fueron procesados por el juez Maldonado el exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado peronista Pedro Ángel Báez, y el empresario Germán Buffa, que es actualmente miembro de conducción de El Diario, maneja una franquicia de Planeta Pizza y es sindicato como haber sido el beneficiario de pauta publicitaria amañada. Además, está apuntado por ser el “testaferro” del diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

La causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados, se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

Urribarri estuvo en Tribunales el miércoles 21 de febrero, buscó esquivar a la prensa -llegó a las 7- y no declaró: sólo se limitó a entregar un escrito al juez. Lo mismo hicieron el lunes 26 Báez, y el martes 27, Buffa.

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.

En su declaración de imputado -formulada por escrito-, Urribarri señaló: “En principio debo negar categóricamente haber cometido alguna ilicitud mediante la conducta que se me endilga o mediante cualquier otra. Y en particular con relación a la contratación que se me adjudica, lo niego en forma terminante aclarando que:

1) La contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 1057/12 que la autorizo con los fundamentos sólidos que el mismo explicita, los cuales ratifico ahora completamente

2) La selección del contratista fue absolutamente regular y no mereció objeción alguna de los órganos de control.

3) El procedimiento respectivo se llevó adelante por las reparticiones y oficinas competentes preparadas y dedicadas a esos menesteres en los que no participé ni siquiera en forma tangencial. Y lo destaco: toda la tramitación (fijación del monto del contrato, adjudicación, ejecución y pago) se desarrolló en absoluta transparencia y legalidad aunque sin ninguna actividad de mi parte.

4) Niego conocer a la empresa “Global Means SA” adjudicataria del contrato, así como a sus socios, directores, gerentes o administradores a quienes jamás en mi vida traté y a los que en consecuencia no conozco en absoluto.

5) En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación.”

“Asimismo y sin perjuicio de mi voluntad republicana de respetar a la Justicia debo decir que la revisión de los actos de gobierno constituye una actividad no judiciable, careciendo el Poder Judicial en consecuencia, de atribuciones y competencias para revisar el ejercicio de las facultades respectivas propias del Poder Judicial (CF. Art. 203 de la CP). El control sobre la oportunidad y el mérito del acto administrativo (administración discrecional) está excluido de la competencia revisora judicial”, continúa Urribarri en su declaración de imputación.

Luego, destacó que la legalidad del gasto público “es controlada en forma previa a la erogación” por la Contaduría General de la Provincia, y en forma posterior por el Tribunal de Cuentas. Remarco que posteriormente, “toda la rendición del gasto público, la llamada ‘cuenta general del ejercicio’, se remitirá al Poder Legislativo que la deberá ‘aprobar, observar o desechar’”.

A su vez, señaló que también “por disposición constitucional el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del Poder Público, como lo establece el art. 209 de la CP”. Para completar el “diagrama de controles” señaló que “el mal desempeño (por ejemplo gastar dinero público con fines de promoción personal) autoriza el juicio político del gobernador, cosa que el denunciante no promovió y que ciertamente no pudo ignorar”.

También dijo que los organismos de control “no solo que han aprobado toda la actividad cuestionada por el denunciante y la Sra Fiscal, sino que tampoco han recibido denuncia de nadie, en especial de quienes han promovido las presentes”.

Por último se remitió al informe jurídico y técnico de la Fiscalía de Estado, que presentó en la indagatoria y en la que sostuvo que “no hay duda alguna” que “el organismo que controla la legalidad de los actos de gobierno, resultó que la forma de contratación, sus características, el modo, no pudieron ser ni tan siquiera objetados en el expediente administrativo”.

La denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino, presentada en 2013 en la Justicia, hizo notar que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México, y cuyo responsable es Germán Buffa.

Además, el radical señaló que entre los medios más beneficiados por la inequitativa distribución de la publicidad fueron canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal Lopez), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.

En la Justicia señalaron que en el caso de Global Means, a cuya cabeza se encontraba Germán Buffa, le habría otorgado esa cifra importante en publicidad “cuando no reunía los requisitos para su otorgamiento”.

La imputación -que dio lugar ahora al procesamiento- precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primero era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

El miércoles 21 se presentó Urribarri, quien entregó un escrito en el que aseguró que la contratación de Global Means SA fue “absolutamente legal”; la selección del contratista “absolutamente regular”; que la tramitación de la contratación fue transparente; y negó conocer a la firma adjudicataria del contrato, como así también a sus socios, directores, gerentes y administradores.

“En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación”, dijo el exmandatario.


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑