PAGLIOTTO: LA CAUSA CONTRATOS LLEGARÁ A URRIBARRI

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El abogado Rubén Pagliotto, denunciante en varias causas de corrupción, analizó la causa de los contratos truchos de la Legislatura, que tiene entre los imputados a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y otras personas vinculadas a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia.

El letrado cuestionó la decisión de la Fiscalía de haber recortado la investigación sobre la Cámara de Diputados sólo entre el período que va de 2011 a 2015. Sostiene que si se la deja “fluir” la investigación podría alcanzar al exgobernador Sergio Urribarri, y exvicegobernadores.

Asimismo, reprocha que aún el Ministerio Público Fiscal no haya avanzado sobre otros involucrados en la apertura de causa, como Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto del Seguro. “¿No será que investigarlo a Orabona es meterse con Bordet?”, se pregunta y recuerda el fuerte lazo de amistad que une al funcionario y al actual gobernador.

A su vez, el abogado opinó de la recusación que plantearon abogados defensores contra la Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, por un vínculo comercial que tuvo con el contador Pedro Opromolla, también mencionado en la causa de los contratos truchos. “Me parece que esto de Goyeneche ha enturbiado y le suma un eslabón más de confusión a esta larga cadena de confusión”, dijo.

A su vez, consideró inapropiada la resolución de la jueza Marina Barbagelata que rechazó la recusación y no avaló la posición de la funcionaria judicial de que su apartamiento debe decidirlo el Procurador. “Los fiscales o el Procurador se están arrogando la función jurisdiccional de decidir una controversia. Quien tiene jurisdicción no son otros que los jueces. Los fiscales, abogados y querellantes somos partes”, remarcó.

En diálogo con el programa Puro Cuento que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Pagliotto, además, opinó del cambio de modalidad de la prisión a los imputados: de estar encarcelados preventivamente en la Unidad Penal a estar con prisión preventiva domiciliaria, decisión dispuesta por el Juez Mauricio Mayer el lunes 24 de diciembre (recientemente revocada).

—¿La causa de los contratos ameritaba la prisión preventiva?

—Me parece que en el caso muy particular de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, y no en los otros casos de los otros imputados, debido a esa situación tan especial de padrinazgo político y concretamente con quien fue gobernador y hoy ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados, los fiscales han temido que esas influencias puedan incidir sobre testigos o puedan terminar borrando prueba. No obstante, me parece que podía haberse continuado la investigación con todas las personas en libertad.

En ese sentido, se refirió a la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal, que admitió el habeas corpus presentado, primero por Aguilera y Gustavo Pérez, director del Servicio Administrativo Contable del Senado, que terminó con la resolución de Mayer que se extendió a los demás imputados con prisión preventiva en el Penal.

Sobre esto, el abogado recordó que el artículo 54 de la Constitución provincial es contundente al respecto de que las personas privadas preventivamente de su libertad deben ser alojadas separadas de los condenados, cuando una investigación está en curso. “La Sala Penal dijo al juez (Mayer) ‘haga cumplir el artículo 54 de la Constitución y la ley de Ejecución Penal y tratados internacional’. Esto es: sepárelos, póngalos en un pabellón separados de los condenados. Mayer dice que entiende pero que frente a lo que le dijeron del Servicio Penitenciario no estaban dadas las condiciones edilicias para poder concretar esa separación. Así, la única forma de separarlos fue la prisión domiciliaria”.

Enseguida, observó que “desde siempre en Entre Ríos están conviviendo procesados y condenados, y muchos más desde que está en vigencia una ley que nunca debió salir: la ley de narcomenudeo. Esta ley termina atrapando a soldaditos y consumidores cuando los grandes se escapan. El juez (Leandro) Ríos fue un visionario cuando en su momento declaró la inconstitucionalidad de la ley de narcomenudeo”.

En esa dirección, consideró que el Defensor de Pobres y Menores, Maximiliano Benítez, al conocerse al beneficio de la prisión domiciliaria a Aguilera y compañía, debió bajar instrucciones a los defensores oficiales para que promuevan habeas corpus por los “presos sin condena”.

Por otro lado, Pagliotto también opinó que la Sala Penal del STJ debe instar al Poder Ejecutivo a que se construya una cárcel para encausados, para que se pueda cumplir con el artículo 54 de la Constitución entrerriana, los pactos internacionales y la Ley 24.660 (Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad).

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