PROVINCIAL no image

Published on agosto 14th, 2018 | by concordia7

0

MITOS Y VERDADES DE LA CORRUPCIÓN: ENTRE RÍOS, UN ESPEJO DE LA NACIÓN

La batalla recién comienza. Estamos viviendo, sin dudas, la causa más importante de corrupción de la historia Argentina. (Rubén Pagliotto*)

Y por ello, quizás, se tejen muchos mitos alrededor de ella, confundiéndose al ciudadano y generándose mentiras verdaderas. O lo que es aún peor, asimilando erróneamente slogans políticos con categorías históricas.

No es cierto que Oscar Centeno es el primero en aportar pruebas concretas sobre algo que todos suponíamos, pero que no podíamos probar. Dos años antes, exactamente un 3/06/2016 el empresario Víctor Pietroboni, titular a la sazón de la empresa constructora-vial con el mismo nombre, desnudaba ante el periodista Hugo Barreto el mecanismo de corrupción urdido por y desde el gobierno nacional, primero con Néstor y luego seguido por Cristina, dando cuenta con “pelos y señales” cómo operaba el sobreprecio, la cartelización de las empresas dedicadas a la obra pública y la manera en que se pagaban los retornos (coimas) a los funcionarios venales, sin olvidarse de mencionar a quiénes, desde el Ministerio de Planificación Federal administraban ese sistema mafioso dedicado al saqueo sistemático de fondos públicos. Las declaraciones ante el juez Bonadío y el fiscal Stornelli del arrepentido ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, ratifican absolutamente los dichos de Pietroboni, incluso también que otro empresario local como Luis Lossi haya sido de la partida.

A los pocos días de producidas esas explosivas declaraciones, presentamos con el Dr. Guillermo Mulet una denuncia ante la Fiscal Federal de Concepción del Uruguay el día 16/06/2016 y ampliada el 22/08/2016, en el entendimiento que las mismas ameritaban la urgente apertura de una instrucción sumaria por parte del Juez Federal Pablo Seró, pues estábamos en presencia – a juzgar por el tenor de las declaraciones de Pietroboni- de la posible comisión de delitos tales como el cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, en los que habrían tenido participación funcionarios públicos (José Francisco López, Julio Miguel De Vido y Cristina Fernández de Kirchner) y empresarios del sector privado dedicados a la obra pública (Lázaro Báez y Víctor Pietroboni), sin perjuicio de otros que pudieran surgir de la investigación impetrada.

No es cierto lo confesado por los empresarios arrepentidos respecto a que las sumas de dinero entregadas a los funcionarios del gobierno nacional tenían como único destino el aporte a campañas políticas, ya que estas entregas se efectuaron tanto en años electorales como en otros que no lo eran. A partir de las declaraciones como “arrepentidos” del ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y del ejecutivo de Techint, Luis Betnaza, quedó muy claro y explicitado que las coimas pagadas a los funcionarios K fueron exigencias que no respondían solamente al ámbito de lo electoral, sino a otros que ni siquiera se conocen, aunque podemos suponerlos.

Sí es cierto que, rápidos para salir del barro y mejorar sus muy complicadas situaciones procesales, los empresarios, con un discurso literalmente “cartelizado” al mejor estilo de lo que hicieron con sus empresas mientras duró la fiesta de dispendio de dineros públicos, repetían como loros ante el Fiscal Stornelli y el Juez Bonadío que fueron obligados a “contruibuir” (¿?) a la política (del partido del gobierno de entonces, desde ya) por De Vido, López, Baratta, Nivello y otros con aportes para las campañas electorales, buscando sin duda direccionar su imputación hacia un delito electoral con penas muy leves y de cumplimiento condicional y sortear, de esa manera, el duro y solitario final que les aguardaría si fueran juzgados por delitos contra la administración pública o de asociación ilícita, con penas que largamente superan los seis años y que los obligaría, incluso por el tamaño del injusto y su incidencia social, a soportar esas penas privados de su libertad en cárceles comunes, alejadas de los lujos y de la vida suntuosa y cómoda a la que están acostumbrados.- Y también, como pena accesoria, deberían pagar, además, una abultada multa de hasta 10 veces el dinero supuestamente aportado.

No es cierto que los empresarios fueron víctimas de los funcionarios, como pretenden aparecer, sino que fueron cómplices de aquellos.- Podían no haber cedido e, incluso, haber denunciado tamaña e insoportable extorsión.- Conozco muchos empresarios que prefirieron resignar ganancias y buenos negocios, incluso empobrecerse, antes de entrar en ese verdadero chiquero del “toma y daca” de claro cúneo gansteril y bajísima estofa.-

No es cierto que esos empresarios debieron poner el dinero (coimas) de sus propios bolsillos. El dinero siempre y en todo momento salió del erario público y de ningún otro lugar.- Era, para decirlo de un modo prosaico, un verdadero pasamanos.-

Sí es cierto que debían apelar al mecanismo del sobreprecio para descontar de aquél el porcentaje (un 15% promedio) que debían retornar como coimas a los funcionarios y de ese modo no erosionar la rentabilidad potencial o teórica. Ejemplo: si una obra tenía un costo de $10.000.000, terminaba costando $11.500.000, es decir, $1.500.000 más por el sobreprecio equivalente al retorno exigido por la asociación ilícita de funcionarios y, en algunos casos, con integración de los máximos dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción.- Adviértase que se daba un circuito del dinero entre el Estado (de allí salía el dinero para los pagos de certificados y adelantos financieros), la empresa (cobraba y pagaba los retornos o coimas) y el funcionario (recibía el dinero ilegítima e ilícitamente), precipitándose la figura del cohecho activo y pasivo de modo claro y contundente (por la exigencia y el pago de coimas) junto con el delito de fraude en perjuicio de la administración pública (por ese sobreprecio ficticio y por tanto fraudulento y perjudicial para el Estado).-

Sí es cierto que las empresas contratistas de Obra Pública se cartelizaban alrededor de la Cámara Argentina de la Construcción.- Como dijo Diego Cabot: “La historia del Club de la Obra Pública comenzó tiempo después del inicio del gobierno de Néstor Kirchner cuando, según explicó Wagner, De Vido les señaló que había un nuevo sistema de trabajo en su área…Señaló, según fuentes de la investigación, que producto de una negociación con De Vido debían entregar como coimas los adelantos de obra que pagaba el propio Estado nacional. Los montos del adelanto oscilaban entre el 10 por ciento y el 20 por ciento del total de la obra. Otro modo de entregar coimas consistía en devolver parte de lo que recibían como certificados de obra.-Ese sistema, según el dueño de la constructora ESUCO, tenía a De Vido como organizador y a Baratta y José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, como ejecutores. El empresario señaló que tanto Baratta como López aseguraban que el dinero era “para arriba…Desde entonces, Wagner, que confesó un delito y a cambio logró la excarcelación, fue una especie de gerente general del Club de la Obra Pública”. Y agregó que, el propio Wagner contó que lo habían designado, en las sombras, como quien debía gestionar y asegurar el pago de los sobornos; caso contrario le demoraban el pago de las obras ejecutadas por su empresa (ESUCO), haciendo lo propio con quienes habían sido adjudicatarios de obras bajo esas condiciones y no cumplían con los retornos.

No es cierto que esto ocurrió solamente en el ámbito del gobierno nacional. En todas las provincias se replicó idéntico sistema o mecanismo de corrupción: la asociación entre funcionarios venales y las principales empresas de construcción y obra vial integradas en las delegaciones locales de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), digitando la obra pública a través de la cartelización y la exigencia a cada adjudicatario de obra que debía pagar determinado porcentaje a funcionarios del gobierno y que eran esas las reglas del juego.

Sin ir más lejos, Carlos Wagner explicó que en el Club de la Obra Pública se decidía qué tres empresas de la obra pública se presentaban a las licitaciones, se ponían de acuerdo con los precios que iban a ofertar y se decidía quién resultaría ganadora. Esa empresa era la que debía pagar las coimas. Ni más, ni menos. Coimas, retornos, dádivas, no plata para las campañas.

Se trató claramente de coimas y a veces de sobornos también para asegurarse licitaciones, destrabar pagos o conseguir mayores ganancias a costa de fondos públicos.-

Sí es cierto que en Entre Ríos este mecanismo funcionó en espejo con el nacional, quizás fueron los mejores del grado. La Cámara de la Construcción local gerenciaba este mecanismo oprobioso, impúdico y criminal de saqueo de fondos públicos con manos de acero y sin escrúpulos- Las empresas que no se asociaban al “club” no accedían a obras públicas, al menos a las de importancia y cierta significación, arrastrando también a las más pequeñas que jugaban como subcontratistas y que también debían tributar para la corona a través del filtro de esa entidad convertida en una auténtica Cámara de la Corrupción.- La “cajita feliz” era solamente para quienes agachaban la cabeza, tiraban la dignidad a la basura y se cuadraban ante los popes de la entidad.-

Ningún gobierno ha tenido el volumen testicular requerido ni las convicciones necesarias como para cerrarle las puertas a esa organización y mecanismo mafiosos que atenta contra la transparencia en la obra pública y la correcta administración de recursos, succionando ilegal e ilícitamente fondos públicos que bien podrían ir a parar a los lugares y a la gente que realmente los necesita.- De esta manera, la Cámara y los funcionarios venales funcionando simbióticamente, han manejado a su antojo la obra pública, esclavizando incluso a sus pares de menor escala y obligándolos a aceptar las obscuras reglas del juego si deseaban obtener adjudicaciones.-

Sí es cierto que estas reglas rigieron desde el comienzo del Kirchnerismo a lo largo y ancho del país, ni qué hablar en nuestra provincia donde la Cámara viene operando de esta manera, quizás, de modo preexistente al gobierno de los Kirchner. Así, por ejemplo y como prueba irrefutable debo citar lo declarado por Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, quien señaló con contundencia y valentía a la Justicia brasileña que fue Carlos Wagner (Ex titular de la CAC) quien les explicó las “reglas del juego que debían acatar si querían participar en alguna obra pública”, con quiénes debían asociarse y “cuánto debían pagar a los funcionarios públicos…”. Sin palabras…!!!

Esta situación anómala instalada como un rito ineludible e inescrutable en el ámbito de la obra pública, demuestra que la maniobra consistía, sin duda alguna, en un direccionamiento del Estado para beneficiar a determinados empresarios, muchos de los cuales se investigan en la presenta causa, dando pábulo a la consumación de otro delito como es el de negociaciones incompatibles con la función pública, sobrando de esos ejemplos en nuestra provincia y en especial durante los dos mandatos de Sergio Daniel Urribarri, donde el direccionamiento en toda contratación, fue la moneda corriente y un deliberado sistema de saqueo de fondos públicos con los que se apalancó el enriquecimiento ilícito de muchos de sus funcionarios, algunos de los cuales aún continúan cumpliendo funciones ejecutivas o legislativas.-

Sí es cierto, lamentablemente, que del lado de la justicia, salvo honrosísimas excepciones y de no ser por denuncias que hemos formulado algunos particulares, nada se hizo. Nada!!! Este mecanismo perverso y succionador de dineros públicos, gerenciado por las distintas conducciones de la Cámara de la Construcción local, siguió operando hasta hace muy poco tiempo con absoluta libertad y a la vista de todos.

Una muestra cabal y patética del despilfarro grotesco y bizarro de fondos públicos dedicados a los sectores más postergados de la sociedad, es lo que sucedió con el Plan Federal de Viviendas que dependía del entonces superministerio de Planificación Federal , Inversión Pública y Servicios a cargo de Julio Miguel De Vido y que tuvo en Roberto Baratta, José Francisco López y Germán Nivello (todos ellos denunciados en la causa “cuadernogate”) a los gerenciadores y ejecutores del plan sistemático de saqueo de fondos públicos a través del llamado “Programa federal de vivienda y mejoramiento del habitat de pueblos originarios y rurales”, por el que se drenaron impunemente miles y miles de millones de pesos que fueron a parar a través de variopintas maniobras fraudulentas, a los bolsillos de esa asociación ilícita que tuvo en Néstor y Cristina a sus jefes máximos, pero que contó con la complicidad y aquiescencia necesaria e ineludible de funcionarios de primerísimo nivel de las administraciones provinciales y municipales (incluidos gobernadores e intendentes, en muchos casos).
Todo ello generó, en los últimos tiempos, al menos en Entre Ríos y por iniciativa del Arquitecto Luis Uriona (Delegado de la Secretaría de Viviendas del Gobierno Nacional) y del senador Provincial Raymundo Kisser, una andanada de denuncias penales promovidas por ambos que me tocó patrocinar como letrado, debido a serias y graves irregularidades halladas en el marco de las inspecciones ordenadas por el Gobierno Federal en municipios y juntas de gobierno, pero que en los sucesivos meses se incrementarán seguramente, toda vez que se trató de un mecanismo de corrupción sistémica que se replicó en cada comuna.

Volviendo al escenario nacional, coincido absolutamente con la visión del periodista e investigador Carlos Pagni, en el sentido de que este caso o momento de inflexión a partir de la causa de los cuadernos, tiene cuatro peculiaridades que la hacen única e irrepetible, puesto que resulta difícil, casi imposible “pensar en un caso de corrupción más importante en la historia argentina”.

La primera particularidad: “es el primer caso de corrupción que se da en el marco de la Ley del arrepentido, donde se premia al primero. La información no sólo hace bajar la pena, sino conservar parte del patrimonio. Es una carrera de infidencias que cambia la lógica conocida del proceso”.

En segundo lugar, “toca por primera vez en gran dimensión al sector privado. El líder de una empresa poderosa no tenía en mente ir preso. Roberto Lavagna había hablado de corrupción, entre 2004 y 2005, en la Cámara Argentina de la Construcción y al poco tiempo lo echaron”.

Nunca vimos que la Justicia tenga la posibilidad de avanzar sobre el universo privado. Esta es una de las primeras veces como lo fue y sigue siendo en nuestra provincia lo que sucedió en la causa penal en la que los Fiscales Juan Malvasio, Santiago Brugo, Patricia Yedro y Alejandro Cánepa investigan los gastos en la Cumbre del Mercosur por la friolera de $38.000.000 que tiene a los empresarios y gerenciadores históricos de la Cámara Argentina de la Construcción local, Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc) y Daniel Hereñú (OICSA) como imputados por irregularidades en las contrataciones durante la aludida cumbre, sospechados con frondosa y contundente prueba de cargo de haber realizado sobrefacturaciones durante la misma, en connivencia dolosa con funcionarios públicos que habrían facilitado los contratos.- También, lo están, en otros asuntos vinculados a la cumbre, personajes como Jorge Corcho Rodríguez y Facundo, el hijo de Julio De Vido.-

En tercer término, “la explosión no surge de la nada, es un caso paralelo a Brasil y al Lava jato. Es como un espejo con la causa brasileña donde Marcelo Odebrecht estuvo preso y donde Lula da Silva no puede ser candidato por estar procesado”. Dimensión internacional del asunto, digamos.

En cuarto lugar, “el caso se da en un momento en que estamos mirando a Comodoro Py como una ciénaga. Claudio Bonadio y Carlos Stornelli tienen una responsabilidad histórica, no solo por la dimensión de la corrupción, sino por la dimensión de impunidad que ha aportado la justicia federal a esa corrupción”. (Redención de Comodoro Py, con imagen por el suelo)

“Alguna vez (dijo Pagni), alguien mencionó que Comodoro Py es un dispositivo diseñado para zafar. Es difícil encontrar una causa más importante en la historia de un país”. Por mi parte agrego, haciéndome cargo de la opinión que explicito, que nuestro sistema judicial entrerriano hasta hace muy poco tiempo no estuvo en una situación distinta a la de los tribunales de Comodoro Py en la consideración de la gente. Durante décadas fue una constante, salvo contadísimos casos, que nuestros jueces y fiscales mirasen para otro lado y durmieran la siesta eterna mientras hechos canallas de corrupción y corruptos por doquier, desfilaban ante sus narices en un contexto de indisimulada impunidad, nacida al calor de nauseabundos acuerdos entre la política y la justicia, en una suerte de omertá.

Sí es cierto que estamos ante un tema de extraordinaria complejidad. A no dudarlo. Máxime si tenemos en cuenta un dato duro y extremadamente preocupante de la realidad: “Solo el 2% de las causas de corrupción pasan a juicio oral, es decir, algo pasa con los jueces”, dijo a La Nación el Constitucionalista, Daniel Sabsay. De todos modos, esta suerte de “mani pulite” o “lava jato” vernáculo ha disparado una ostensible “guerra de nervios y suspicacias en grandes corporaciones”, como se concluyó desde la Asociación Civil Anticorrupción.

Pero también hay que ser muy prudentes, responsables y precisos para evitar meter a todos en la misma bolsa. Así las cosas y efectuada esta aclaración, es de bien nacidos opinar y actuar con equidad. No todos fueron ni son iguales, y hay expresiones muy claras y contundentes de algunos dirigentes de las otras cámaras empresariales o industriales en este aspecto.- Así, por ejemplo: “Ojalá esto sea el comienzo de un Lava Jato argentino”, dice Juan Vaquer, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). “Esto debería aclararse porque para los empresarios que no estamos en esto el clima de todo es lo mismo se vuelve negativo”, dice Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). (Fuente www.perfil.com).

Es deseable que esta catarata de investigaciones que han dado lugar a la apertura de muchas causas penales por actos de corrupción, lleguen a buen término y, en un tiempo razonable, alumbren la verdad sobre la cual se impartirá justicia.- Porque la República Argentina necesita, a no dudarlo, un recambio profundo en sus cuadros dirigenciales, de todos los ámbitos, de la mano de una revolución ética que allane el camino hacia una reconstrucción de la República, abandonando y dejando atrás este paupérrimo y trágico derrotero de republiqueta dirigida por personajes mediocres y obscuros, sin proyecto ni horizonte de destino alguno y con escasa o nula probidad.

Es cierto que es ésta, claramente, una inestimable oportunidad histórica, quizás única e irrepetible. Se necesitan millones de voluntades para empujar con fuerza y decisión esta lucha contra las mafias, y a ello debe ayudar, necesaria y especialmente, la ciudadanía toda. Así, las mujeres y hombres de bien, que son la inmensa mayoría de compatriotas, deberán participar y comprometerse en esta cruzada contra la corrupción y la impunidad de décadas, porque en ella nos va el destino de la Nación y el futuro de las próximas generaciones.

De cualquier modo y para aventar reproches inmerecidos de algún mal pensado, no está demás dejar bien claro, como dijo Jorge Fernández Díaz en su habitual columna dominical del matutino La Nación que: “Aunque este no sea exactamente el Lava Jato, se ha desatado en la Argentina una dinámica que puede cambiarlo todo. Un vendaval revulsivo y transformador que en el fondo nadie maneja y que destruye supuestos y relativiza profecías. Y que trae tanto satisfacción como miedo, puesto que junto con el fin de la impunidad navega el riesgo de la generalización, en un contexto económico decididamente malo; factores que pueden llevar a pensar a una buena parte del electorado que aquí quienes no son chorros, son ineptos”.

Epilogo estas desordenadas líneas inspiradas en un asco existencial (náusea, diría Sartre, como la crisis que uno tiene decidiendo entre el ideal y la realidad de la vida) y en la necesidad de hacer una catarsis para no desfallecer, citando otra vez a Fernández Díaz, trascribiendo una frase magistral, claramente realista y decididamente anticipatoria: “Todo Mani Pulite es una oportunidad regeneradora, siempre y cuando no derive en un sentimiento antipolítico y antisistema, y en el requerimiento de un nuevo “hombre providencial” que venga a salvarnos. Dios nos salve, una vez más, de esos salvadores”.

De mi parte digo y creo, sin exagerar, que es ahora o nunca.

(*) Abogado- Ex Presidente del Colegio de Abogados de E. Ríos – Seccional Paraná- Ex Fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de E. Ríos (FIA)- Docente Universitario.- Miembro de la Asociación Civil Anticorrupción que presiden Ricardo Monner Sanz y Daniel Sabsay.-


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑