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Published on julio 6th, 2018 | by concordia7

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LAS DESIGNACIONES DE LOS FISCALES AUXILIARES, EN EL ESPEJO DE SMALDONE

La inconstitucionalidad al artículo por el cual fueron designados los funcionarios judiciales es similar al caso en que el entonces presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia tuvo que dar un paso al costado ante un fallo inminente en contra de su designación. -Federico Malvasio-

En la Procuración general, aunque con diferentes voceros, se sostiene lo mismo. Julio Rodríguez Signes, la otra pata que debe controlar la constitucionalidad, que quedó en off side.

En términos futboleros, a propósito del Mundial, hay que decir que el tablero está de la siguiente manera: Juan Carlos Arralde 2; Jorge García y Julio Rodríguez Signes 0.

El ex senador radical salió vencedor en dos planteos que interpuso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ): la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas; y el nombramiento de los fiscales auxiliares en la Procuración General. Son casos similares. Muy similares.

La presentación por la que se puso en dudas la constitucionalidad de la designación del presidente del organismo de control tuvo como soporte jurídico que la misma no se hizo a través del concurso de antecedentes y oposición previsto en la carta magna reformada en 2008 en su artículo 217.

La petición de Arralde la encuadró en su calidad de abogado activo, “es decir, un individuo que reúne las condiciones requeridas por la Constitución provincial para aspirar a la vacante producida en el Tribunal de Cuentas, entonces por Hugo Molina. Lo hizo, en rigor, como “interesado” en cubrir esa vacante.

El expediente fue paralizado en los despachos de algunos vocales y el caso no encontró resolución durante la gestión de Sergio Urribarri.

Quien sí dictaminó en tiempo y forma fue García. El procurador apeló, con razón, al incumplimiento de la Legislatura por no haber reglamentado con el dictado de una ley ese artículo constitucional para que se conforme el jurado que debía evaluar al pretendiente a presidir el Tribunal de Cuentas. Esa misma postura tuvo el fiscal de Estado Rodríguez Signes. Luego pasó más de un año y ya con la salida de Urribarri del Poder Ejecutivo los vocales empezaron a votar. Ante la certeza de que el STJ impusiera una mayoría y ratificara la inconstitucionalidad sospechada por Arralde, Smaldone dio un paso al costado.

Los fiscales auxiliares también quedaron atrapados en un vacío legal. Los convencionales constituyentes, muchos de ellos vinculados a la comunidad judicial como el propio Arralde, no advirtieron que los cargos que preveía el sistema acusatorio que se estaba poniendo en marcha olvidaba de incorporar esta figura al texto magno.

En resumen: la Constitución no establece la figura del fiscal auxiliar y la ley 10.407, que reglamenta el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y que permite designar a esos funcionarios, fue declarada inconstitucional.

Rodríguez Signes defendió la constitucionalidad de la ley, aunque reconociendo las anomalías jurídicas. Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta, aclaró que “más allá de la inconstitucionalidad decretada por el STJ, los fiscales tienen estabilidad porque fueron designados con el procedimiento vigente en ese momento, con lo cual van a seguir en sus cargos”. Es exactamente el mismo argumento que utilizó García con el caso Smaldone, que fue designado con el procedimiento vigente. Un tributo perfecto a la verticalidad de la Procuración de la cual se jactan.

Cuando Smaldone dio un paso al costado se dijo que todo lo actuado por el entonces presidente del Tribunal de Cuentas. Ahora se dice lo mismo de los fiscales auxiliares.


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