NACIONAL

Published on febrero 13th, 2018 | by concordia7

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LA VIEJA CORPORACIÓN POLÍTICA SE RESISTE A PERDER SUS PRIVILEGIOS

Quienes se benefician a expensas del Estado no están en un solo partido ni en una sola institución. -Daniel Bilotta-

El peronismo comienza a aceptar el error de haber subestimado a María Eugenia Vidal. Especialmente en lo que parecía una debilidad pero se constituyó en fortaleza. Ser ajena a la estructura fáctica de poder a la que se atribuye gravitación directa en las decisiones del gobierno bonaerense a partir de los 90, pero todavía más en el siglo XXI: la corporación. Nombre de pila por el que más se la conoce.

Se alude así al entramado de intereses que coinciden en perseguir beneficios exclusivos para sí, usualmente a expensas del Estado. La influencia que estaría en condiciones de ejercer es legendaria. A tal punto que en la expresión “almas bellas” de Miguel Ángel Pichetto está latente el escepticismo por desembarazarse de ella. Aun cuando se convenga la connotación sarcástica del senador sobre la intención de Cambiemos para limitarla.

En una interpretación lineal, resultaría impropio asimilar el concepto de profecía autocumplida al credo ideológico de un lúcido exponente del PJ. Aunque esa familiaridad con la ideología neoliberal no debería resultar extraña. Tal vez porque no sea otra cosa que el decurso imaginado por Perón para consolidar su fuerza: un avance de la periferia hacia el centro del dispositivo de decisiones.

Que el partido que justifica su existencia en la defensa de los desposeídos del salvaje capitalismo forme parte del orden conservador que acrecentó los niveles de pobreza en la Argentina podría ser el colmo de las herejías doctrinarias. Y tal vez el origen de cierta irritación: con independencia del éxito, es la supuesta derecha la que impulsa un revulsivo contra el usufructo disociado del bien común. Especialmente, el de los que menos tienen.

Es inevitable que la cuestión atraviese territorio bonaerense. Representa casi el 40 por ciento de la población total. Casi la misma proporción que el conurbano sobre los habitantes de la provincia. Con base electoral activa en la región sur del Gran Buenos Aires, el PJ solo atina a relativizar ese hecho novedoso para disimular la peor carencia de este tiempo: un testimonio efectivo contra una práctica que la ciudadanía rechaza.

Juan Carlos Schmid confirmó esa percepción cuando quiso diferenciarse de Jorge “Pata” Medina y Marcelo Balcedo. Debió bucear en lo profundo de la historia sindical para argumentar la existencia de dirigentes pobres. Recordó que José Espejo subsistió con la venta de galletitas luego de la Revolución Libertadora. Espejo fue secretario general de la CGT entre 1947 y 1951.

Schmid lo evocó para anunciar la marcha del 21 de febrero impulsada por Hugo Moyano como respuesta a la investigación judicial a su familia por lavado de dinero. Schmid es parte del triunvirato que conduce esa central con respaldo del dirigente camionero. Es curioso que sea el sindicalismo el aparentemente más interesado en enviar señales sobre la necesidad de desarticular esa maraña.

Ya lo había hecho con la movilización del 7 de marzo. Mientras pretendía imponer al Gobierno condiciones para negociar salarios, el acto de la CGT derivó en la inesperada huida de su secretariado, apremiado por su propia base sindical. La impresión de varios caciques es que sus dirigidos reclamaron un contrato político más justo.

En un arco que va del acceso a oportunidades de trabajo a las de producción, corregir desequilibrios relacionados con la igualdad pasa por restar incidencia a la corporación, no siempre ataviada de forma reconocible. Hernán Lacunza lo terminó de comprender luego de que la Legislatura borró del presupuesto las medidas para mejorar controles de la actividad cooperativa.

El ministro de Economía precisó un proyecto específico para que un nuevo régimen limitase la exención impositiva a las que prestan este tipo de servicios a los asociados y excluyese las que brindan otros con fines de lucro. De unas 12.000 inscriptas, cerca de 4000 solo cuentan con CUIL. No es una medida que mejore los ingresos del Tesoro. Pero tiende a promover la equidad. Sobre todo entre los inversores.

No es un caso aislado. A Julio Conte Grand le llevó un año de gestiones en la Suprema Corte bonaerense el acuerdo Nº 3880 por el que funcionarios y magistrados del Poder Judicial están obligados a la actualización anual de su declaración jurada patrimonial y no cada cinco, como había resuelto la Nº 1983 de 1981: desde la restauración democrática a la Corte no le pareció fuera de lugar regirse por una disposición emanada en la dictadura.

Raro. Al menos dos de sus miembros fueron funcionarios de gobiernos peronistas. Luis Genoud y Daniel Soria. Otra curiosidad es que el acuerdo fuese anunciado el 20 de diciembre. A 48 horas de los incidentes en el Congreso y la Legislatura provincial. El procurador general sostiene la hipótesis de que es posible combatir el delito con resultados positivos si los fiscales actúan con autoridad, pero también con autonomía, sobre las fuerzas de seguridad.

Cristian Ritondo, su jefe político, supervisó en persona el operativo para la sesión extraordinaria del día 27. El juez de Garantías de La Plata Nº 2, Guillermo Atencio, investiga si el ingreso al recinto del intendente de Ensenada, Mario Secco, fue facilitado por el trabajo a tristeza de los efectivos a cargo de su custodia, en supuesta protesta por las declaraciones juradas que presentan comisarios y oficiales.

La mitología suburbana da por sentada la presunta connivencia entre la Justicia y la policía. La reciente detención de Jorge Abel González favorece esa creencia. Acusado de asociación ilícita, malversación, defraudación a la administración y uso y falsificación de documentos, entre otros cargos, el exintendente de Lincoln ha estado en condiciones de ser imputado desde 2009. Hubiese bastado que el Tribunal de Cuentas advirtiese antes las inconsistencias en la rendición de gastos.

Desde marzo habrá tres vacantes libres de cinco posibles en ese organismo de control. El oficialismo depende de un acuerdo con la oposición para cubrirlas. La Legislatura será el ámbito de negociación con un peronismo que no logra persuadir al Gobierno de una genuina vocación constructiva y republicana.

Tampoco a la opinión pública. Precisamente, por la inquietud que le despierta el funcionamiento de la división de poderes. Un fenómeno ajeno a sus cálculos hasta diciembre de 2016. Se entiende que Pablo Moyano y Roberto Baradel hayan asistido a la primera reunión del PJ en el que predominan los intendentes del conurbano.

Para el mismo mes se aguarda una nueva tensión con el universo de las organizaciones sociales piqueteras que sus dirigentes ya vienen calibrando. Cambiemos promoverá bajar el costo de la intermediación en la asistencia social. Al incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario le atribuye el Gobierno los 28.000 dados de baja en enero.

No todas han sido buenas para Vidal. Disminuyó un 20% el presupuesto de la Legislatura: anunció un recorte de casi la mitad para achicar el gasto de la política. Chocó con la resistencia de legisladores viejos y nuevos. Algunos, de su partido. La opacidad de algunos poderes tiene terminales sorprendentes.


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