LA JUSTICIA RECHAZÓ AMPARO POR FECHA DE ELECCIONES CONTINÚA VIGENTE CRONOGRAMA ELECTORAL

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La jueza de feria E. Albornoz definió hoy rechazar el recurso de amparo presentado por el radical A. Carbó, quien pidió declarar inconstitucionales los decretos de convocatoria a elecciones del gobernador Bordet.

En un fallo de 12 páginas, la magistrada repasó el planteo de Carbó y la respuesta de la Fiscalía de Estado. Luego, consideró que no es el amparo la vía idónea para el reclamo y dispuso el rechazo de la presentación. También le impuso costas por 25.000 pesos al dirigente, quien tiene 24 horas para apelar la resolución.

Los decretos 4.312 y 4.313 fueron publicados el 11 de diciembre en el Boletín Oficial. Allí Bordet optó por el desdoblamiento de los comicios provinciales de los nacionales, convocando para las PASO en abril y para las generales en agosto. Ambas opciones estaban previstas en la ley 10.615 sancionada en agosto.

En enero Carbó formuló su planteo, que inicialmente recayó en la jueza de feria Cecilia Bértora, quien se excusó por ser parte del Tribunal Electoral. Posteriormente, el trámite pasó a la magistrada Gladys Pinto, quien le dio curso y, por los corrimientos de turnos de la feria, fue la jueza Albornoz la encargada de decidir al respecto.

Carbó había basado su presentación argumentado que el gobernador se había arrogado facultades propias de la Legislatura al fijar la fecha por decreto, en base a lo que establece el inciso 4 del artículo 87 de la Constitución provincial.

Posteriormente, la jueza de feria Pinto libró un mandamiento al gobierno provincial y luego la Fiscalía de Estado elaboró una respuesta en la cual atacó la legitimidad de Carbó para formular la presentación, la elección de la vía del amparo y la extemporaneidad del planteo, entendiendo que los plazos previstos empezaron a regir no a partir de la publicación de los decretos, sino de la sanción de la ley 10.615. También desde el organismo que conduce Julio Rodríguez Signes se señalaron “motivaciones político – partidarias” en torno de la presentación.

La jueza Albornoz consideró que la presentación Carbó cumplió con los requisitos de admisibilidad y también consideró que fueron correctos los plazos. No obstante, advirtió que “no acredita el amparista cuál sería su derecho fundamental lesionado por los decretos que ataca de nulidad”.

“Sólo expresa que se presenta como ciudadano comprometido en salvaguarda de las instituciones democráticas, sin indicar cual sería su derecho restringido y esta vía heroica y residual debe proceder cuando se encuentre restringido, lesionado un derecho individual del amparista”, precisó la magistrada respecto de la vía elegida.

Tras citar jurisprudencia para avalar su postura, Albornoz expuso: “Tampoco advertimos que haya acreditado una legitimación suficiente, ya sea que se presente en nombre de alguna persona jurídica reconocida en defensa de derecho o intereses de incidencia colectiva. En el caso en análisis, no se encuentran probados dichos extremos, para que podamos enfocar que lo realiza en protección de dichos intereses individuales homogéneos. No se encuentra ni siquiera acreditada la lesión a un derecho individual consagrado como fundamental por la Constitución tanto nacional como provincial”.

En conclusión, para la magistrada Carbo “no acredita cuál es el derecho vulnerado, ni tampoco que se encuentre legitimado para pedir protección de derechos colectivos o una acción de clase “.

Adicionalmente, entendió que tampoco puede ser dictada la nulidad de un decreto basado en una norma previa cuya invalidez no fue solicitada por el amparista que, a la vez, cuenta con otras vías, como la acción directa de inconstitucionalidad regulada en la Constitución y la acción de inconstitucionalidad prevista en la propia ley de procedimiento constitucionales. “La génesis del vicio que habilitaría el dictado de la nulidad solicitada estaría en la inconstitucionalidad del ley 10615”, precisó la jueza.

“En virtud de los argumentos precedentes, considero que la vía elegida por el amparista, no es la idónea para el planteo que pretende”, concluyó la magistrada. “La vía para el dictado de la inconstitucionalidad de una norma no es el amparo”, abundó.

Albornoz dispuso imponer las costas al amparista, quien deberá abonar los honorarios de los abogados de Fiscalía de Estado intervinientes: 11.925 pesos para el fiscal adjunto Giannini y 14.575 por el patrocinio letrado de Lautaro Dato, según la regulación contenida en el fallo.

De esta manera, los decretos continúan vigentes y rige el calendario electoral oportunamente establecido, con elecciones primarias en abril y generales en junio en la provincia de Entre Ríos. Carbó tiene una plazo de 24 horas para ejercer su derecho de apelar ante una instancia superior. En su planteo inicial hizo reserva federal del caso para abrir la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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