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Published on abril 3rd, 2013 | by admin

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LA DEUDA AMBIENTAL DEL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

El capítulo ambiental de la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos, catalogado como innovador, otorga derechos ciudadanos para vivir en un ambiente natural sano, asumiendo el Estado la obligación de preservarlo de los menoscabos que las actividades del hombre puedan causar o en su defecto limitar sus consecuencias.
Y justamente de esto se trata. El hombre, en sus distintas manifestaciones económicas ha puesto, y pone, en forma permanente en peligro al ambiente entrerriano sin que las autoridades, pese a los más de cuatro años de vigencia de la nueva constitución, den marcha al andamiaje de leyes que permitan preservar este patrimonio natural y cultural tan rico y vasto. La indiferencia, la irresponsabilidad, la omisión y muchas veces los intereses económicos han plantado sus raíces entre aquellos encargados de priorizar el espíritu constitucional, demorando leyes o no aplicándolas como es debido, tolerando de esta manera un verdadero saqueo a sus bienes estratégicos en términos ecosistémicos y un ataque a la salud ambiental, en su sentido más amplio, de todos los entrerrianos. La omisión impune resulta claramente insostenible. No hay estudios ni consultas, falta compromiso y convicciones en la labor parlamentaria generando descreimiento en el verdadero rol de las cámaras legislativas. Por su parte el Poder Ejecutivo no tiene un rol político relevante en esta materia, no adopta, no lidera, no impulsa proyectos dinámicos, amplios, creativos, comprometidos y participativos, para que traten sus legisladores, ni sus estamentos cumplen cabalmente con las leyes y decretos vigentes para garantizar un mínimo de cuidado para con el patrimonio ambiental.
Debemos una vez más puntualizar que hoy nos enfrentamos a un modelo económico imperante en el cono sur de América altamente extractivo, con una marcada concentración de la tierra y una presión creciente e insostenible sobre los recursos naturales. Entre Ríos no es ajena a este modelo, con una altísima expansión de la frontera agrícola y sobredemanda de sus ecosistemas, mayor a la que pueden soportar, trayendo como consecuencia su acelerada degradación y destrucción definitiva. El monte nativo, los humedales y el rico suelo entrerriano presentan cada vez más este continuo menoscabo, no lográndose desde la sociedad civil que el gobierno encare las acciones necesarias tendientes a evitar esta pérdida irresponsable y muchas veces irrecuperable del patrimonio entrerriano. El cambio climático sobre el cual el mundo hoy discute acerca de las medidas que se deben implementar para su mitigación y adaptación, en Entre Ríos no ha merecido siquiera una mención por parte de quienes nos gobiernan. La política de incentivo a la generación de energía por medios limpios, no contaminantes y renovables solo ocupa un espacio reducido, sin peso real y sin una Ley marco que la priorice. No poseemos ni empezamos a discutir el plan de desarrollo provincial para los años venideros, al cual deberían aportar todos los actores de la sociedad civil de nuestra provincia y consensuarse en este marco de pluralidad. Este plan tiene severas implicancias y relaciones de hecho con la política ambiental y por lo tanto el mismo debería ser, junto a nuestra Carta Magna, documento rector de la política provincial más allá de las banderías políticas o internas partidarias del momento. Es decir, documento de política de estado.
Estas omisiones son las que hoy, en parte, deseamos enumerar, son muchas de ellas sobre temas contemplados claramente en nuestra carta magna, y por lo tanto máxima responsabilidad de los poderes del Estado provincial. No pretendemos que sea la única lista, ni pensamos que esté completa. Sin duda, muchos otros, que como Fundación M’Biguá dedican valioso tiempo al cuidado y defensa del ambiente, tendrán sus propios puntos de vista para completar esta lista, aumentando la deuda que el gobierno tiene en materia socio-ambiental. Lo que si pretendemos es, al igual que en esta oportunidad, dar a conocer año a año una nueva lista de las deudas contraídas por los responsables del quehacer gubernamental, donde figuren las ya saldadas y las nuevas que se adquieran.
Por último ansiamos fervientemente que esta deuda se convierta en un valioso listado de acreencias. Para ello el gobierno deberá actuar fuertemente en este campo y para ello no está solo desde nuestro nacimiento como organización de la sociedad civil no solo hemos efectuados severas críticas a la gestión ambiental oficial sino que realizamos los aportes que creímos necesarios sin que esto haya significado genuflexión o acuerdos espurios con el poder de turno. Una vez más podemos colaborar en esta conversión, siempre que la misma se plantee en un marco plural de participación atendiendo los intereses de todos los actores involucrados en la problemática, porque con absoluta y sentida convicción, es solo la democracia la que pude garantizar la transición hacia la sustentabilidad de nuestros territorios y sus culturas en las tres dimensiones conocidas.

De la voluntad política del Gobierno depende

Incumplimiento de la reglamentación por ley de la constitución de la provincia de Entre Ríos en sus cláusulas ambientales y sobre sustentabilidad.
Inexistencia del marco ambiental.
Inexistencia de una norma con rango de ley ambiental sobre estudios de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.
Incumplimiento de la continuidad del debate y convocatoria participada para el ordenamiento ambiental territorial del bosque nativo.
Sin avances en la necesidad de debatir y declarar la emergencia ambiental en el Delta.
Sin conformación del ente de política ambiental de acuerdo a lo normado en la constitución de la provincia en su artículo 84.
Sin presupuesto, normas reglamentarias y personal asignado a las áreas naturales protegidas de la provincia de Entre Ríos, en particular Paraná Medio, delta inferior y departamento Victoria en área de humedales. Sin procesos abiertos de participación ciudadana para la construcción social e institucional de sus planes de gestión ambiental y ordenamiento ambiental del territorio.
Inexistencia de una política y su legislación que determine el marco para la utilización de los agrotóxicos.
Falta de debate público y tratamiento de la ley de prohibición del fracking en la provincia
Penalidades y sanciones no implementados a faltas comprobadas de desmontes ilegales, salvo puntuales excepciones.
Sin resolución a la construcción ilegal de terraplenes en el Delta destinados a la obtención de nuevas tierras para explotación agrícola (soja).
Ausencia de una Ley específica para la gestión integrada de los recursos hídricos.
Inexistencia de un plan estratégico de desarrollo provincial para los próximos 50 años e incumplimiento constitucional de la conformación del consejo económico y social.
Ausencia de leyes de promoción para el establecimiento de energías alternativas limpias y renovables (art. 83).

*Fundación M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental


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