FUMIGACIONES: QUÉ SUPREMOS NO VOTAN

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La reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales, que sancionó este año la Legislatura, sacó de la órbita de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la resolución de los amparos que llegan al máximo órgano judicial de la provincia. Ahora, es el pleno, con cinco de sus miembros, el órgano que debe intervenir en estos pleitos judiciales.

Es el caso del amparo ambiental presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que consiguió un fallo de primera instancia que logró que se declare inconstitucional el decreto N° 2.239 del Poder Ejecutivo, que pretendió modificar las distancias en torno a las escuelas rurales vedadas para las fumigaciones con agrotóxicos.

El 26 de septiembre último, el vocal de Cámara Civil y Comercial- Sala III de Paraná Virgilio Galanti resolvió admitir parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra el Superior Gobierno de Entre Ríos y, en consecuencia, decretar la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del decreto 2239/19.

Conocida la resolución judicial, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de apelación ante el STJ, y pidió que mientras se tramite el recurso el decreto siga vigente, pero la pretensión oficial consiguió una negativa de parte del juez Galanti, que dispuso que se haga cumplir la sentencia hasta que el máximo tribunal resuelva el incidente.

En el ínterin, se supo que tres miembros del STJ decidieron apartarse. Se trata de los tres integrantes de la Sala Penal: Miguel Giorgio -recusado por la Fiscalía de Estado con el argumento de que en anteriores pronunciamientos habló de “cosa juzgada” en este asunto-; Claudia Mizawak -fue recusada por el Foro Ecologista-, y Daniel Carubia, que decidió apartarse por propia voluntad.

Restan los otros seis miembros que pueden resolver: Emilio Castrillón, Susana Medina, Germán Carlomagno, Juan Smaldone, Bernardo Salduna y Martín Carbonell.

Es la segunda vez que la organización ambientalista y el gremio docente acuden a la Justicia para declarar inconstitucional un decreto del Gobierno respecto del tema fumigaciones. En marzo de 2019, el camarista Andrés Marfil dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado el 14 de diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano por ser “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Esta vez, la demanda denunció como clase afectada a “todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos”.

La acción judicial apuntó a cuestionar la estrategia del Gobierno, que eligió el camino de la reglamentación de la Ley de Plaguicidas N° 6.599, que data de 1980, para superar el entredicho creado con las organizaciones ambientalistas, que en 2018 promovieron un amparo ambiental con el objetivo de frenar las fumigaciones en proximidades de las escuelas rurales de la provincia.

El artículo 2° del decreto N° 2.239 establece una “zona de exclusión” donde no se podrán realizar aplicaciones en un radio de 100 metros para el caso de las aplicaciones terrestres –el fallo vigente de la Justicia ordena que esa distancia sea de 1.000 metros- y de 500 meteros para las áreas –la Justicia estableció 3.000 metros- medidas desde el centro del casco de la escuela rural.

El artículo 3° crea un “área de restricción” con la prohibición de aplicaciones terrestres de agroquímicos en un radio de 500 metros contados desde el límite de los 100 metros establecidos en el artículo 2°. Y una segunda área de restricción de prohibición de aplicaciones de tóxicos de forma aérea “dentro del radio de 3.000 metros contados desde el límite de los 500 metros establecidos en el artículo 2°”.

La situación enojosa es la creada tras el fallo del camarista Oscar Benedetto, que impuso límites de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas, sentencia que fue confirmada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La disposición de la Justicia, sin embargo, chocó con el dictado de un decreto por parte del Poder Ejecutivo, el N° 4.407, en diciembre de 2018, que dispuso bajar esos límites a 100 y 500 metros, respectivamente. El escenario creado movió al Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que habían presentado el recurso de amparo que derivó en el fallo de Benedetto, a pedir una aclaratoria al Poder Judicial. El juez Andrés Marfil sentenció que aquel decreto de Bordet era parcialmente inconstitucional en lo referente a la modificación de las distancias, decisión que también fue confirmada por la Sala Penal del STJ.

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