ESCANDALOSAS REVELACIONES SOBRE EL PATRIMONIO DE URRIBARRI

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En los mails que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.

En lo que parecía un trámite burocrático en los Tribunales –el pedido de devolución de computadoras secuestradas en un allanamiento ocurrido en junio de 2018 a un imputado en una causa por corrupción- se transformó en un plató en el que se ventilaron escandalosas maniobras que la Fiscalía reprocha al exgobernador Sergio Urribarri y buena parte de su familia, y el modo cómo el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio de pago de coimas a funcionarios.

Pero además, frente al juez de Garantías Mauricio Mayer se leyeron una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.

En los mails que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.

“Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir”, dice un correo electrónico que el empresario envió al exgobernador. “Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos”, rogaba en otro. “Tengo que cerrar números con vos”, urgía un tercero.

El abogado defensor de Cardona Herreros, Ignacio Díaz, pidió que la Justicia le restituyese a Cardona Herreros 5 computadoras secuestradas en los allanamientos que se llevaron a cabo entre el 28 y el 29 de junio de 2018, en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herreros, ubicada en Avenida Córdoba al 1100 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el propio domicilio particular del empresario, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La petición de devolución de los equipos había sido negado por el Ministerio Público Fiscal, pero hoy el fiscal Gonzalo Badano, en la audiencia ante el juez Mayer, aceptó la devolución de un equipo, pero insistió en retener en custodia otras 4 computadoras por contener material de prueba. El argumento del defensor es que esa retención afecta garantías constitucionales, como el de poder ejercer la actividad comercial del empresario, ya que los equipos contienen información de contrataciones de Relevamientos Castratales SA, y además datos y fotos personales, algunas de índole familiar.

El juez Mayer fue puntilloso en la resolución, que podría chocar con la imposibilidad de llevarse a la práctica. A saber:

No hacer lugar a la devolución de los 4 equipos de computación, 3 secuestrados en la empresa Relevamientos Catastrales, 1 en el domicilio particular de Cardona Herreros.
Hacer lugar a la restitución de una notebook marca Apple.
Autorizar al señor Cardona Herreros para que, por medio de profesionales idóneos, con control de Fiscalía, proceda a extraer la información de carácter estrictamente personal y familiar, protegida por el derecho a la intimidad, que contengan los equipos que seguirán en poder de la Fiscalía. Y ordenar que, tras su extracción, se proceda a la expurgación de esa información de los equipos secuestrados.
Autorizar a Cardona Herreros a que por medio de profesionales idóneos extraiga todos los datos atinentes a contrataciones con otras provincias, con otras empresas, ajenos a lo investigado. Y que esa información también sea expurgada de los equipos secuestrados.

El juez Mayer se pronunció a favor de mantener las computadoras en poder de la Justicia, pero no por el valor material de los equipos en sí, sino porque en el tipo de delitos investigados, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado, resultan “instrumentos privilegiados” para consumarlos.

“Decimos –señaló el magistrado en su resolución- que estas computadoras gozan del estado de sospecha de ser instrumentos del delito y por lo tanto están sujetas a decomiso en el juicio respectivo en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados”.

Así, dijo, “deben ser preservadas”.

Revelaciones

La audiencia de esta mañana en Tribunales no fue solo una discusión en torno a si las computadoras debían restituirse al empresario paraguayo o no, sino que sirvió para ventilar una serie de datos que dan cuenta del estado de sospecha en el que la Procuración ha puesto el crecimiento patrimonial del exgobernador Urribarri, el modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del extitular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.

El fiscal Badano se ocupó de explicar por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribari: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros. En uno de los equipos, están peritando 134 mil correos electrónicos; en otra, 55 mil. “Rechazamos el pedido de devolución de las computadoras secuestradas porque consideramos que esos equipos contienen información de importancia para la teoría del caso”, argumentó. “Son instrumentos del delito, y por eso, sujetos a decomiso”, agregó Badano.

El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del exgobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó.

“La única manera de registrar esos movimientos era en las computadoras de Relevamientos Catastrales y de Cardona Herreros. Se valían de planillas de Excel, el envío de mail entre ellos, vinculados a inmuebles, viajes y muebles. Urribarri utilizó la estructura de Cardona Herreros por medio de Relevamientos Castastrales. En la empresa, cuando allanamos descubrimos que tenía cajas fuertes y equipos informáticos para poder administrar este dinero”, señaló el fiscal. “También hay datos de eso en la computadora secuestrada en el domicilio de Cardona Herreros”, apuntó.

Según Badano, las computadoras resultan una “pieza fundamental” porque registraron “las operaciones que no están asentadas en ningún lado”.

En una de las computadoras secuestradas, la de la empleada Laura Suárez, de Relevamientos Catastrales, la Fiscalía halló datos sobre “la compra de pasajes en Aerolíneas y en Austral a nombre de Urribarri, y sus hijos Mauro y Franco. Está hasta el detalle de los precios. Encontramos detalles de pagos a nombre de SDU, esto es Sergio Daniel Urribarri. También operaciones de cambio de pasajes a nombre de Bruno Urribarri; el pago de departamentos, con cuotas en dólares y hasta pagos a la empresa Kriptak Inc, de la familia Urribarri”.

En forma aleatoria, el fiscal Badano fue leyendo en la audiencia de Tribunales copia de la documentación encontrada en las computadoras secuestradas en la casa de Cardona Herreros y en las oficinas de su empresa. “Se encontró el dato del pago del teléfono celular de Urribarri, que lo hacía Cardona Herreros. También los gastos de un viaje a Venecia”, afirmó. Luego, leyó los datos de información encontrada en la computadora personal de Cardona Herreros: allí se dio con registros de la compra de un “voucher” de un tour por La Habana a nombre del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri. También, los gastos pagados por un viaje a Madrid del exgobernador y su esposa, Ana Lía Aguilera.

También, el registro de un viaje de la familia Urribarri a Miami.

Coimas

Badano planteó la hipótesis de la Fiscalía respecto a que esas computadoras secuestradas no sólo fueron instrumento del delito en la causa por enriquecimiento ilícito, sino en otra investigación que salpica al exgobernador: por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, un tecnicismo judicial para referirse al pago de coimas.

Esa causa, dijo, investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, dijo, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.

En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.

Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.

En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.

El 21 de diciembre de 2015, el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

En esa publicación, Enz dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que al firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.

Entre Ríos Ahora

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