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NACIONAL

Published on noviembre 4th, 2017 | by concordia7

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ENRIQUECIMIENTO: ACÁ TAMBIÉN SE CONSIGUE

La semana concluyó con una noticia escandalosa: el exvicepresidente Amado Boudou fue detenido en su departamento de Madero Center, en Buenos Aires, y llevado luego al penal de Ezeiza por orden del juez federal Ariel Lijo.

Boudou está seriamente involucrado en una causa por enriquecimiento ilicito, y acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero. El socio y supuesto testaferro del ex vicepresidente José María Núñez Carmona también fue detenido.

El delito de enriquecimiento está ligado a la corrupción, un tema sensible para la sociedad. En Entre Ríos, durante el urribarrismo —Sergio Urribarri gobernó durante dos períodos la provincnia, entre 2008 y 2015– varios funcionarios cayeron bajo la sospecha de la Justicia, y con causas que ahora están tramitándose. La principal, involucra a Urribarri y toda su familia.

La fiscal Patricia Yedro lleva adelante la causa que se inició a partir de una denuncia que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet luego de que la revista Análisis publicara un informe periodístico en el que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia del exgobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados. La investigación alcanza a su esposa Analía Aguilera, sus hijos Sergio Damián –ex empleado del Ministerio de Gobierno– y Mauro Gabriel –exministro de Gobierno–; y a su cuñado Juan Pablo Aguilera. La denuncia alcanzaba a otros de los hijos del ex gobernador, Bruno Urribarri, el futbolista con pasado en Boca Juniors y River Plate, y Franco Urribarri, “por fungir de personas interpósitas para disimular el enriquecimiento, sobre todo, del ex gobernador y actual diputado provincial”.

“La familia del ahora ex gobernador Sergio Urribarri pasó a ser millonaria en los últimos ocho años. Tienen amplias propiedades en Concordia, Paraná y Capital Federal; predios de fin de semana en Salto Grande y en lugares paradisíacos concordienses y se manejan con dineros públicos como nadie lo hizo en estos últimos 12 años. En la familia aparecen sociedades (Bruno Urribarri hizo una con Fernando Cavenaghi, por ejemplo) y negocios con el Estado”, publicó “Análisis” en diciembre de 2015.
Tambien el exministro de Cultura y Comunicación y actual legislador provincial justicialista Pedro Ángel Báez tiene una causa por enriquecimiento, que se inició, de oficio, en octubre de 2016.

A Báez se le adjudica la propiedad del Hotel Amanzi Termal, ubicado en la avenida Monseñor Rösch 4711, en Villa Zorraquín, Concordia. El emprendimiento turístico estaría a nombre de su esposa, Sofía Raquel Riquelme, según datos que aportaron a la Justicia los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, los mismos que antes habían denunciado a la familia de Sergio Urribarri por el mismo delito.

No es la única causa en la que está involucrado Báez, claro.

La investigación judicial sobre el patrimonio adquirido luego de su paso por la función pública involucra también al expresidente de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa.

“El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos, operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló el fiscal Juan Malvasio durante una audiencia judicial en agosto último que puso blanco sobre negro respecto de las “inversiones” de quien hoy es asesor legal de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.

“El presidente de la Mutual 10 de abril acompañó a la Fiscalía un contrato de mutuo, que está refrendado por el imputado Canosa y por el presidente de la mutual. Es una inversión de 100 mil dólares, Con un interés del 15% anual. Asimismo, Mutual Amcap ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que el imputado Canosa, entre abril y noviembre de 2016, invirtió entre 300 y 400 mil pesos en la mutual”, añadió.

De modo que la investigación judicial detalló, en principio, la destreza como buen inversor de Canosa: en la Mutual 10 de Abril “invirtió” primero 920 mil, y luego, 100 mil dólares; y en la Mutual Amcap, entre $300 mil y $400 mil.

Pero Malvasio hizo notar un dato: “En las declaraciones juradas de Canosa no se advierten estas sumas invertidas”.

Canosa cuenta con 4 lotes, con una superficie 1.424 metros cuadrados, en el Complejo Interlagos de las Termas de María Grande.

Pero el monto total de las “inversiones” es todavía un libro abierto: no se ha concluido la pesquisa y siguen apareciendo nuevos bienes en poder de Canosa.

En diciembre de 2016, cuando el senador provincial Raymundo Kisser y un grupo de diputados de Cambiemos denunciaron irregularidades en Sidecreer, no sólo pidieron investigar por enriquecimiento a Canoas, sino a su antecesor en la tarjeta, Nelio Calza.

Otro hombre fuerte de la política entrerriana investigado por enriquecimiento es el diputado provincial y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende. La causa se inició en 2011 y marchó a paso lento en Tribunales, hasta que en 2016 tomó un rumbo vertiginoso, y la pesquisa judicial alcanzó también a su actual, mujer, Adriana Satler; su exmujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende. Todos ellos están también imputados y hoy estarán en el despacho del juez Gustavo Maldonado, que los notificará de la necesidad de que se consigan abogados.

Martín Fernández dejó en 2016 su puesto en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iaps) donde ocupaba el cargo de gerente general. Fue después de que se ventilaran públicamente sus inversiones y su crecimiento patrimonial. Es oriundo de Gualeguaychú, y cuñado del ahora diputado nacional electo Juan José Bahillo.

Luis Erbes, viceministro de Economía de la provincia también tiene una causa por enriquecimiento, y según acaba de publicar “Análisis”, podría ser relevado de su cargo en el plan de renovación de funcionarios que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet.

Uno de los primeros funcionarios que fue a la cárcel por un delito de corrupción es el exsenador provinial justicialista Mario Yedro. En 2005, un tribunal de Concordia lo halló culpable del delito de enriquecimiento, ordenó el decomiso de un campo de más 2.000 hectáreas, propiedad de Yedro, valuado en 7 millones de dólares. Entonces, le aplicaron 3 años de prisión condicional, que en 2016 se convirtió en efectiva por cuanto Yedro se negó al decomiso y batalló en la Justicia por recuperarlo. No lo recuperó y terminó tras las rejas.

El exsenador provincial Abelardo Pacayut falleció en junio de 2014 mientras cumplía prisión efectiva por el delito de enriquecimiento. Pacayut no alcanzo´a cumplir la condena.


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