EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN ENTRERRIANA

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La Procuración General de la Provincia comenzó a diseñar un mapa de las más emblemáticas causas por corrupción que tienen condena -algunas firmes en la provincia- y que son consideradas clave en la jurisprudencia.

Se trata de un recurso que ya está subido a la página web de la Procuración –la pestaña se llama “Corrupción”– y que contiene no sólo los pronunciamientos de los tribunales de primera instancia, sino también los fallos de la Cámara de Casación Penal, y, en algunos casos, la sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

Además, están subidas las audiencias en video.

Uno de los fallos de más larga data es el de Oscar Horacio Mori, quien ocupara el cargo de secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión durante la última gestión de Jorge Busti, condenado en 2006 a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque este último punto, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, fue revocada el 5 de agosto de 2019 por los integrantes de la Sala Penal del STJ -que integran Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak-, y Mori fue habilitado para volver al Estado. A Mori la Justicia le reprochó el desvío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares.

Otra sentencia por una causa por corrupción es la que condenó en 20016 al exvicegobernador y hoy intendente electo de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, por el delito de enriquecimiento ilícito a la pena de tres años de prisión condicional, más la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el término de ocho años. Cuatro años después, en 2010, la Sala Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Bernardo Salduna, decidió rehabilitarlo para ocupar cargos públicos.

La condena al exvicegobernaor Héctor Alanis (PJ) y al exsenador Humberto Re (UCR) también figura en el listado de causas por corrupción que destaca la Procuración.

En diciembre de 2018, la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos de Casación interpuestos por los defensores del exvicegobernador Héctor Alanis y el exvicepresidente primero del Senado, Humberto Re,y en consecuencia confirmó la sentencia dictada el 3 de abril por el Tribunal de Juicio y Apelacciones que los condenó a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por el desvío de 6 millones de dólares de las cuentas de la Cámara de Senadores entrerriana a finales de la década de 1990.

La condena se les impuso al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los u$s 6 millones durante el año 1999 en el Senado de Entre Ríos, cuyo destino final todavía hoy se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de $90 mil. Los otros dos involucrados en la causa por peculado –utilizar fondos públicos en asuntos privados-, los exadministradores de las cuentas del Senado, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador y yerno del exgobernador Jorge Busti, y el contador José Maximiliano Crettón Pereyra, recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional al haber accedido a un juicio abreviado.

Un tribunal presidido por Gervasio Labriola, acompañado por los camaristas Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, ante la presencia de los cuatro imputados, sus defensores, Julio Federik, Leopoldo Lambruschini, Humberto Re (hijo) y Tulio Manuel Kamlofky, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, y los querellantes Juan de Torres, por Fiscalía de Estado, y Julián Gracia, por la Oficina Anticorrupción, dio a conocer a comienzos de abril último el adelanto de sentencia condenatoria.

La condena no está firme, porque resta una tercera instancia, ante la Sala Penal del STJ.

También la condena al exlegislador provincial y exembajador argentino en Cuba Raúl Taleb, llevado al banquillo por el delito de enriquecimiento ilícito.

En agosto de 2019, la Sala Penal Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar parcialmente a la impugnación extraordinaria presentada por el abogado Julio Federik, defensor de Taleb, condenado en 2016 a la pena de 3 años de prisión condicional, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de casi medio millón de pesos al hallárselo culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

Tras la presentación del abogado de Taleb, la Sala Penal resolvió modificar el fallo de primera instancia : confirmó la condena a 3 años de prisión de cumplimiento condicional por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario público no fue modificada. Pero dispuso que la inhabilitación para ocupar cargos públicos no será perpetua sino por el término de cinco años, y dejó sin efecto el pago de la multa.

El exintendente de Gualeguay, Luis Erro, no está ausente de la lista. Erro fue condenado el 23 de mayo de 2016 dos años y tres meses de prisión condicional por haber habilitado que durante un acto del PJ en su ciudad se conectaran del medidor de una repartición municipal para dar luz y sonido. Pero el 11 de marzo de 2019, la Sala Penal del STJ revocó ese falo, y absolvió de culpa y cargo a Erro.

La Procuración no estuvo de acuerdo con esa decisión e interpuso un recurso extraordinario federal para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Integra también la lista de causas por corrupción la condena que recibió, el 6 de abril de 2018, el experito balístico del Poder Judicial Antonio María Daniel Vitale, quien fuera sentenciado a 12 años de cárcel por los delitos de amenazas y peculado mediante la sustracción de armas judicializadas que luego introducía en el circuito ilegal de venta.

El caso está en revisión en la Sala Penal.

La Cámara de Casación Penal de Paraná concedió el recurso de impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) interpuesta por el experito balístico del Poder Judicial, Antonio María Daniel Vitale, que cumple una condena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

De este modo, Vitale llega al máximo tribunal provincial con la pretensión de que se anule la condena dictada en 2018 a la pena de 12 años de cárcel, por el delito de robo de las armas judicializadas y amenazas simples.

El recurso para llegar ante el máximo tribunal provincial fue presentado el 6 de junio por los abogados de Vitale, Iván Vernengo y Damián Petenatti, que cuestionaron la sentencia de dicha Cámara de fecha 12 de abril, en la que se confirmó la condena a su cliente dictada el 6 de abril de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

Además, en el recurso agregaron una novedad: que la presidenta del Tribunal que condenó a Vitale, la jueza Carolina Castagno, violó la garantía de imparcialidad, puesto que en junio de 2017 había opinado sobre la causa durante un concurso en el Consejo de la Magistratura. Además de Castagno, el Tribunal de Juicio estuvo compuesto por José María Chemez y Cristina Lía Van Dembroucke.

La resolución que concede el recurso de Vitale para llegar al STJ fue refrendada el 30 de mayo último por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala.

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