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SOCIEDAD

Published on noviembre 27th, 2017 | by concordia7

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EL MACRISMO Y LA GESTIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL: “LA EMERGENCIA REPRESIVA”

En un contexto de redistribución regresiva del ingreso, la acción represiva se vuelve la principal respuesta frente a la protesta social. (Ileana Arduino*-LE MONDE DIPLOMATIQUE)

La declaración de la emergencia en seguridad y el “protocolo antipiquetes” son las dos políticas clave que le permiten al gobierno avanzar en la criminalización de la disidencia política.

Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente hay dos políticas clave para comprender su gestión de la conflictividad social: la declaración por decreto de la emergencia en seguridad y el “Protocolo contra las manifestaciones públicas”. Ambas medidas, de una calidad técnica y normativa opaca y confusa, confirman un escenario en el que la seguridad consolida su lugar como racionalidad política dominante (1).

El denominado en forma sensacionalista “protocolo antipiquetes” no tuvo soporte jurídico y fue escrito con el tono de una orden del día policial. Su objetivo principal sin embargo era otro: la presentación en sociedad de una decidida política frente al conflicto social que, desde entonces, va dejando de ser gestionado para ser reprimido.

La gestión de la conflictividad social expresada en protestas colectivas mediante manifestaciones públicas constituye un tema clave en la agenda de los derechos humanos y de la democracia. Se trata ante todo del ejercicio de un conjunto de derechos –peticionar a las autoridades, libertad de expresión– que requiere gestión y diversificación de las herramientas bajo la primacía políticay constitucional de la excepcionalidad en el uso de la fuerza (2). En efecto, reducir al mínimo indispensable el recurso represivo no es una opción disponible sino un imperativo para el Estado de Derecho.

Sería equivocado analizar las políticas del gobierno sólo a partir de la filiación más o menos conservadora del proceso político. En todos los momentos en los que hubo retracción o estancamiento en la redistribución igualitaria, aumentó la acción represiva. Siempre se construye un otro sobre el cual el Estado descarga su fuerza punitiva. La eficacia del procedimiento descansa en la capacidad de generar adhesión a la idea de que lo problemático son ciertas formas de ser o de estar en los territorios, y no causas estructurales más profundas.

Sin embargo, con particular intensidad desde el cambio de gobierno, las dinámicas represivas son particularmente violentas y constituyen cada vez más la principal respuesta a las demandas que esas protestas pretenden visibilizar.

Una política demagógica

El decreto que declaró la emergencia en seguridad habilitó a la administración de la ministra Patricia Bullrich a actuar con discrecionalidad en las adquisiciones y compras o, lo que es lo mismo, redujo el control sobre el manejo de los recursos. Detrás de esta decisión no hubo un diagnóstico serio y los fundamentos del decreto son muy vagos. Se menciona un difuso riesgo de la soberanía nacional y se habilita un irregular empleo de medios militares en tareas de seguridad interior, tal como lo ilustra la posibilidad del derribo de aeronaves. Fue ante todo una política comunicacional demagógica, a la medida de exigencias externas que llevan décadas presionando con el discurso de las nuevas amenazas (3). Se trata de un universo cambiante, sin contornos precisos, que permite construir “enemigos” a medida.

Para pensar en toda su complejidad los procesos políticos que habilitan las oleadas represivas, conviene tomar nota de que el tono con que se inauguró la gestión Bullrich fue un subrayado de lo que predominaba en la escena nacional hacia fines de 2015: retórica bélica, construcción de una matriz xenófoba y postulación de “las drogas” como eje de las disputas, es decir una retórica narcotizante de toda la política (4).

La diferencia entre el gobierno anterior y el macrismo, sin embargo, es notable. Al menos hasta 2015 esas improntas no se amalgamaban con la regresión y el desmantelamiento de derechos y existían, además, activos importantes en materia de control de uso de la fuerza y políticas de derechos humanos que, de mínima, generaban cierta contradicción o contenciones. Todo eso fue desmantelado –paradigmático es el caso del vaciamiento y eliminación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad–, al tiempo que se avanzó en la confrontación y la criminalización de la escena política de los actores disidentes.

En 2017, la situación de emergencia fue prorrogada nuevamente por decreto “por falta satisfactoria a las demandas de la sociedad” sin que las políticas que habilita hubieran producido resultados que justifiquen ese camino.

El planteo de la emergencia se suma al desmanejo de políticas clave, como las del sector inteligencia: se retrocedió en las reformas a la ley de inteligencia nacional que pretendió dejar atrás la vieja SIDE, creando la Agencia Federal de Inteligencia. En mayo de 2016, con argumentos puramente administrativos (5), y también por decreto, retornaron los fondos reservados sin control, se revirtieron las medidas tomadas en materia de profesionalización de las estructuras de personal y se colocó al frente de dicho organismo a autoridades de confesada falta de idoneidad para el cargo, como pudo verse en la audiencia pública ante el Senado de la Nación.

El panorama en el ámbito del Ministerio de Seguridad es similar. En casi dos años, las medidas principales han tenido que ver con el pasaje de la Dirección de Inteligencia de un área a otra –recientemente ha sido transferida “a cargo” del secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman–, pero sin designación presidencial de un director responsable políticamente de la inteligencia criminal. Esto ocurre mientras se investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en el marco de un procedimiento a cargo de la Gendarmería en el que, día a día, las noticias señalan distintos niveles de intervención de funcionarios políticos del Ministerio.

Guerra al conflicto social

Las dos medidas centrales de seguridad mencionadas al comienzo sirvieron también para profundizar el “ellos” y el “nosotros” respecto de la gestión anterior. En materia de protesta social, la gestión de Nilda Garré se inauguró con la presentación de los “Principios Mínimos para la Intervención de Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” en 2011. Allí se postulaba la protesta como un derecho, la función policial como garantizadora de la integridad de todas las personas, manifestantes o no, y la prescindencia absoluta de la policía para decidir sobre la legitimidad o ilegitimidad del reclamo. A eso se sumaba la ratificación de la decisión vigente desde 2003 de prohibir a las fuerzas usar armas, obligarlas a identificarse y restringir el espionaje interno.

El “Protocolo” propuesto por la gestión Bullrich, en tal sentido, está en las antípodas: concibe la ilegalidad de la protesta en tanto tal, la autonomía total y la policialización de los reclamos junto con la eliminación de todas las previsiones que la resolución de 2011 preveía en materia de inteligencia, prohibición de armas de fuego, exigencias de identificación del personal y control posterior del uso de la fuerza.

Sin embargo, poco antes del fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la política de gestión y no represión del conflicto social se había esmerilado, generando por momentos una abierta contradicción con la decisión de no reprimir el conflicto, que se había mantenido como sello distintivo del kirchnerismo. El caricaturesco gendarme “carancho” en la Panamericana o la represión a los trabajadores de la Línea 60 son ejemplos de ello.

En el plano legislativo también hubo preanuncios. Meses atrás circuló un borrador de proyecto de ley adjudicado al PRO que ilegalizaba la protesta piquetera, penalizaba la participación en las protestas y anulaba las formas más básicas del ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades. Esa iniciativa tenía la misma sintonía represiva que las propuestas de los diputados del Frente para la Victoria Carlos Kunkel, Diana Conti y Teresa García en el año 2014. Sin embargo, una diferencia sustancial fue que el Poder Ejecutivo Nacional de entonces se despegó abiertamente de las iniciativas de su bloque (6).

Es importante también atender al contexto, que amplifica o atempera los efectos del dislate represivo. Lo que en el período 2003 – 2015 puede calificarse de irrupciones contradictorias, hoy son piedras fundacionales de una gestión que hace de la represión un instrumento y un fin.

Represión para todos

En la actualidad, la conflictividad social es cada vez más intensa como consecuencia de las políticas económicas y de la concepción del Estado de los derechos hacia los grupos más desaventajados como privilegios.

El gobierno, en lugar de gestionar esa conflictividad, la demoniza, y criminaliza las disidencias políticas. Bajo el versátil manto de la emergencia se redefine cualquier tipo de conflicto y se les otorgan a sus protagonistas categorías delictuales. Esa operación desplaza lo fundamental: la protesta social como ejercicio de derechos básicos y fundantes para la democracia, como el de peticionar, expresar disensos o, como señala Esteban Rodríguez Alzueta, “interpelar al resto de la sociedad, enterándola de sus problemas, compartiendo el punto de vista sobre determinadas situaciones que ellos interpretan como algo injusto” (7).

Mediante este procedimiento se instalan hasta la reificación fórmulas como “la corrupción” o la “desestabilización”, que buscan encapsular disidencias o disconformidades, de las que se valen sin mayores exigencias las usinas comunicacionales, las policías tácita o expresamente habilitadas a la cacería y los jueces cómplices. En efecto, el último despliegue policial durante la marcha por los treinta díasde la desaparición de Santiago Maldonado culminó con una farsa policial desbocada.

Este dispositivo de criminalización, aunque se encarna mediática y judicialmente en rostros reconocibles, puede extenderse a la disidencia que sea: desde Milagro Sala, pasando por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Hebe de Bonafini, los estudiantes, hasta llegar al pueblo mapuche, al que se insiste en presentar como sinónimo de terrorismo. Habrá también exaltación del peligro de los sindicatos cuando se expresan los trabajadores en huelgas o resistiendo despidos, y también de las mujeres, etiquetadas como peligrosas en la medida en que avanzan en la escena pública presentando la alianza entre dueñismo (8) capitalista exponencialmente concentrado y violencia misógina.

Y así, poco a poco, se instala la asociación entre delito y ciertas expresiones de la política. Porque cuando la justicia redistributiva ya no funciona, lo único que se redistribuye a favor de los sectores populares es el aparato represivo. Invocar la legitimidad de los votos para responder con botas es la expresión concreta de una democracia formal autoritaria (9).

1.Véase Jonathan Simon, Gobernar a través del delito. Editorial Gedisa, España, 2011.

2. Puede verse una excelente síntesis de esos debates y un excelente cuadro de situación a nivel regional en “La protesta social en América Latina”, publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), mayo de 2017, disponible en http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/

3. Al respecto véase “Ante la declaración de emergencia en seguridad”, Documento del Acuerdo por la Seguridad Democrática, 22-1-16.

4. Avital Ronnel, Crack wars. Literatura, adicción, manías, Editorial UNTREF, febrero de 2017, Buenos Aires, Argentina.

5. Ileana Arduino y Natalia Federman, “Una máquina de extorsionar”, Revista Turba, agosto de 2016, disponible en http://www.revistaturba.com.ar/una-maquina-de-extorsionar/

6. Mariana Verón, “Marcha atrás del gobierno con la ley para limitar los piquetes”, La Nación, 22-4-14.

7. Esteban Rodríguez Alzueta, La máquina de la inseguridad, Editorial Malisia, La Plata, 2016, pág. 241.

8. “La dueñidad en Latinoamérica se manifiesta bajo la forma de una administración mafializada y gangsteril de los negocios, la política y la justicia, pero esto de ninguna forma debe considerarse desvinculado de un orden global y geopolítico sobreimpuesto a nuestros asuntos internos”, Rita Segato, La guerra contra las mujeres, Traficantes de sueños, Madrid, 2016, pág. 99.

9. Ileana Arduino, “De los votos a las botas”, Cosecha Roja, 6-4-17, disponible en http://cosecharoja.org/de-los-votos-las-botas/

* Abogada con orientación en Derecho Penal (UBA), integrante de la junta directiva INECIP.


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