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Published on agosto 2nd, 2018 | by concordia7

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EL DECLIVE

Cómo siguen los índices de empleo, desigualdad y pobreza. (José Antonio Oviedo*-LE MONDE DIPLOMATIQUE)

La corrida cambiaria de mayo y junio y la salida de ajuste elegida por el gobierno de Cambiemos generan un cuadro de recesión económica, aumento de la inflación y caída del salario real. Aunque las estadísticas todavía no lo reflejan, todo indica que la regresión del cuadro social se acelerará en los próximos meses.

Luego de dos años y medio de gobierno de Cambiemos y unos siete años de estancamiento económico, la situación social muestra claras señales de deterioro. Este diagnóstico seguramente se agravará cuando comiencen a sentirse los efectos del descalabro económico y financiero de mayo y junio. Las consecuencias sociales del ajuste gradual iban a un ritmo que la fuerte devaluación, el ajuste del gasto público, el encarecimiento del crédito y los aumentos de precios solo pueden acelerar. Las dos devaluaciones más recientes, la de inicios de 2014 y la de fines de 2015, dan una pauta de lo que puede esperarse: caída del PIB (en aquellas ocasiones fue de alrededor del 2%), aumento significativo de la inflación (orilló el 40%) y caída del salario real (más del 5% en el caso de los trabajadores industriales). En esta ocasión, además, podría registrarse una suba significativa del desempleo.

El gobierno macrista mantuvo los principales lineamientos de la política laboral y social existente, lo que permitió que, más allá de lo esperado por la opinión pública y de la intención declarada de modificar o cancelar ciertos programas, algunas medidas económicas, como la devaluación o el aumento de tarifas, hayan tenido un efecto atemperado, amortiguadas por el tejido de políticas sociales y laborales previas y, en menor medida, por algunas nuevas iniciativas, como la ampliación de las Asignaciones Familiares a los monotributistas. El éxito del oficialismo en los comicios de octubre de 2017 permitió que algunas ideas que se venían discutiendo se transformaran en proyectos de ley que marcaron una impronta claramente distinta: las reformas previsional y fiscal, aprobadas en diciembre de 2017, y la reforma laboral, que finalmente no se trató.

Empleo

La cuestión del trabajo, en el contexto de una crítica permanente a los costos laborales, no sufrió sin embargo un cambio de los grandes pilares normativos, como la ley de contrato de trabajo, la de convenciones colectivas y las indemnizaciones, que se mantuvieron sin modificaciones. En un primer momento, la preocupación por los costos laborales apuntó a los costos no salariales, a través por ejemplo de la nueva ley de riesgos de trabajo, que limitó la posibilidad de iniciar juicios; hubo otros intentos, en este caso frustrados, como el proyecto de ley de primer empleo de 2016, que quiso incorporar regímenes de contratación con menores contribuciones patronales, y el rejunte de propuestas pretenciosamente nombrado como ley de “ordenamiento laboral”, que circuló a fines de 2017. El ideal del gobierno, reflejado en estas iniciativas, apunta a fortalecer el trabajo registrado, pero se trata de un empleo de baja intensidad, que limita los derechos básicos previstos en la ley de contrato de trabajo

¿Cómo evolucionaron los principales indicadores laborales? El empleo registrado total, luego de la caída que sufrió en 2016, se recuperó durante 2017. Pero incluso considerando la mejora del año pasado se observa, en los casi dos años y medio sobre los que informan los datos (entre diciembre de 2015 y marzo de 2018), una dinámica muy pobre: la categoría de asalariados de empresas privadas creció apenas 1,1%, alrededor de 70 mil puestos, con una baja sensible del empleo industrial (cayó 5,2%) y valores positivos en la construcción, los servicios y el comercio. Frente al mediocre desempeño del empleo privado registrado, se produjo un aumento mucho más significativo del monotributo. Estos datos están reflejados en el Gráfico 1.

El análisis de la cuestión laboral puede completarse con el empleo estatal. Si bien los números del Gráfico 1, que incluyen parte del empleo del Estado Nacional, 14 jurisdicciones y universidades, muestran un crecimiento, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional se registra lo contrario: la estrategia inicial fue el achicamiento de la planta a través de despidos, sobre todo de trabajadores monotributistas y otras contratos a término (1).

Los datos del mercado de trabajo que recoge la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, incluidos en el Cuadro 1, coinciden con este panorama. El último índice de desempleo, correspondiente al primer trimestre de 2018, no muestra mejoras marcadas respecto al primer trimestre de 2017, lo que no deja de resultar llamativo después de un 2017 que fue el mejor año en mucho tiempo. Aunque se produjo un crecimiento interanual de la tasa de empleo de 1,1 puntos, el desempleo se mantiene en niveles elevados (9,1%), y la tasa de empleo no registrado presenta un leve aumento, llegando al 33,9%. En otras palabras, parte del crecimiento del empleo observado el año pasado se debe a empleo no registrado, sobre todo en la construcción. Es esperable que en el segundo trimestre de 2018, con el freno de la obra pública y las iniciativas de construcción privadas, comiencen a registrarse las señales de crisis.

La presión sobre el mercado de trabajo se tradujo en acuerdos salariales a la baja, tanto en el sector privado como en el público. Los datos del Cuadro 2 muestran que el poder de compra de los salarios de los trabajadores del sector público cayó casi 10% desde inicios del macrismo. En ese contexto, el gobierno fijó un techo del 15% en las negociaciones paritarias, que impuso en el caso de los trabajadores del sector público (SUTECBA y UPCN de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un 12% de aumento salarial para 2018 –con algunas cláusulas que de aplicarse podrían subir algunos puntos ese porcentaje–; la provincia de Buenos Aires y la Ciudad ofrecieron 15% a los docentes, UPCN nacional firmó un 15% para los estatales nacionales con ingresos brutos hasta 40 mil pesos –y significativamente menos para el resto–). Esas magnitudes contrastan con una inflación pasada (de los últimos doce meses) de 26,3% según el INDEC, y una inflación esperada para 2018 del 27,1% según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA del 4 de junio.

La política social

Las políticas de protección social, que incluyen la seguridad social tradicional contributiva y las formas no contributivas, fueron ampliadas de manera significativa durante la larga década kirchnerista a través de las moratorias jubilatorias, el otorgamiento de pensiones no contributivas y la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Desde la llegada del macrismo al poder, la cantidad de perceptores de jubilaciones y de asignaciones se elevó levemente: hoy existen 7,4 millones de beneficios previsionales mensuales, 4 millones de niños cubiertos por la AUH y 5,2 millones por asignaciones familiares, que se ampliaron al incorporar a los monotributistas de bajos ingresos.

Pero esta extensión cuantitativa parte de una mirada diferente. La nueva Prestación por Edad Avanzada reemplazó las moratorias jubilatorias. Si las moratorias, aunque imperfectas y parciales, permitían, mientras estaban abiertas, acceder a la jubilación a los 65 años, la nueva prestación recién garantiza el acceso a los 70 años, y con un monto equivalente a 80% de la jubilación mínima. Es decir, implica una merma de ingresos para aquellos que no aportaron. Del mismo modo, la reparación histórica elevó las remuneraciones de quienes más habían aportado durante sus años de actividad –y frenó cientos de miles de juicios existentes–.

De este modo, las políticas sociales comienzan a alejarse de las pretensiones universalistas y redistributivas para enfocarse en el mérito. La reforma jubilatoria es un reflejo de esta nueva orientación. No solo estableció una nueva fórmula que, como muestra el Cuadro 2, supone una disminución de los ingresos reales de jubilados y perceptores de asignaciones, sino que perjudicó en mayor medida a los jubilados por moratoria. La pérdida de poder de compra de quienes perciben el haber mínimo (el 50% de los jubilados) fue en el último año de 5%. El rechazo masivo a la ley, que marcó el comienzo del fin del romance pos-elecciones del macrismo, sugiere que, más allá de las complejidades de fórmulas y porcentajes, la población entendió el sentido regresivo de la reforma.

Otra economía

Las tendencias descriptas repercuten en la desigualdad y en la pobreza: implican una pérdida de ingresos reales, menos oportunidades laborales y un aumento de la desigualdad de los haberes jubilatorios. Los últimos datos del INDEC lo reflejan de manera todavía imperfecta: así como la pobreza mejoró desde el primer valor de 2016, que correspondía al pico del efecto inflacionario de la devaluación de diciembre de 2015, es esperable que en las próximas mediciones comience a deteriorarse (2).

El panorama se presenta sombrío. Las políticas universalistas se desplazan de la agenda social a la económica, por lo que pierden su carácter compensador original y, bajo el imperio del mercado, operan reforzando las desigualdades previas. Si en el pasado se procuraba impulsar la inversión en gas mediante el establecimiento de un precio especial por el gas “nuevo”, hoy ese precio rige a todo el gas que se provee, lo que disuelve los incentivos para invertir en exploración. Si antes se bajaban las contribuciones patronales a las microempresas y a los empleados nuevos de las empresas pequeñas, hoy se aplica a todos: la reforma fiscal aprobada en 2017 contempla una disminucion gradual de las contribuciones patronales de todos los empleadores, es decir, baja los costos laborales de la nómina actual de bancos, cadenas de supermercados o compañías de seguros. Bajo este nuevo “universalismo de la economía”, los beneficios económicos de la desregulación y las rebajas fiscales se aplican a todos los actores económicos, sin exigir nada a cambio. Se asume que el Estado no tiene capacidad para gobernar la economía y generar los incentivos correctos, por lo que cada vez más decisiones quedan libradas al mercado.

Con un sector privado poco dinámico, que enfrenta serias dificultades para generar empleo de calidad, y un ajuste del gasto estatal y la obra pública, la economía ingresa en un ciclo crecientemente recesivo. En este contexto, la conjunción de menos ingresos en los hogares por la caída del poder de compra de salarios y jubilaciones, junto a un bajo dinamismo del mercado laboral, hace esperable un deterioro de las condiciones de vida y un incremento de la pobreza y la indigencia. Para atenuar el declive será clave la capacidad de los actores políticos, sociales y sindicales para disputar los aumentos salariales y los montos de las políticas sociales. El acuerdo de Camioneros, que negoció una paritaria de 25%, abre una ventana de expectativa en un contexto ciertamente hostil, en el que vuelven a instalarse en la agenda pública y en el Congreso las propuestas de reforma laboral.

1. Los datos del Boletín Fiscal del Ministerio de Hacienda muestran un achicamiento del Poder Ejecutivo Nacional entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto de 2017 del 6,2%, de 381 mil empleados a 358 mil. Esos datos muestran que hubo más de 5.500 despidos de monotributistas contratados directamente por el Estado y es inferible una cantidad mayor a través de universidades. Lo más llamativo de esos datos es que la reducción mayor se dio en personal de seguridad, 12 mil puestos, por el traspaso de la Policía Federal a la C.A.B.A

2. Los valores actuales de pobreza y desigualdad parecen estar fuertemente afectados por cuestiones metodológicas, como la incidencia y el tratamiento de las no respuestas de las variables de ingreso o cambios en la muestra, que hacen que se presenten variaciones muy marcadas. Por ejemplo, la reducción de la indigencia en Santiago del Estero del 13,1% al 6,2% entre el primer y el segundo semestre de 2017 o la caída de la pobreza en Córdoba del 40,5% al 30,7% entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017.

* Politólogo.


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