DURO PLANTEO DE UN DEFENSOR A LA JUSTICIA ENTRERRIANA

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La investigación por el supuesto delito de falso testimonio que recae sobre el actual intendente de Seguí, Cristian Treppo tras su declaración en 2018 en el juicio que se le siguió al exvicegobernador Héctor Alanis y al exsenador radical Humberto Re tuvo un giro inesperado: una conexión con la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

El nexo es el contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. Pérez está sindicato por ser parte de la “asociación ilícita” que según el Ministerio Público Fiscal produjo, a lo largo de una década, entre 2008 y 2018, un perjuicio al erario público del orden de los $2.000 millones con las operaciones de los contratos apócrifos en Diputados y en Senadores.

La Fiscalía allanó la casa de Pérez, ubicada en calle Colón, en el marco de la causa contratos, y se peritó su teléfono celular y sus equipos informáticos, y de ese peritaje se llegó a la conclusión que, cuando Treppo declaró por escrito en el juicio a Alanis/Re mantuvo contacto con Pérez, quien le habría aconsejado qué declarar.

El dato lo reveló este martes el fiscal Franco Bongiovanni durante la audiencia de remisión a juicio de la causa Treppo ante la jueza de Garantías Elisa Zilli. La magistrada no tomó ninguna decisión por cuanto el defensor del intendente de Seguí, Germán Coronel, reclamó el dictado del sobreseimiento de su defendido. La consecuencia es que la magistrada decidió pasar a un cuarto intermedio, de momento sin fecha.

Al plantear el pedido de citación de Pérez en el eventual juicio a Treppo, el fiscal Bongiovanni detalló: “Pedimos que se lo cite a Gustavo Pérez para que dé cuenta de los mensajes de los correos electrónicos que intercambió con Treppo previo a su declaración testimonial en el juicio Alanis/Re, que están vinculados a su declaración”. En ese juicio, dice la Fiscalía, el Treppo “mintió” en forma conciente. El exdirector del Servicio Administrativo Contable fue quien “direccionó” el testimonio en el juicio.

Treppo mintió, según Biogiovanni, para torcer el rumbo de la investigación judicial, y eventualmente beneficiar a Alanis y el resto de los imputados.

El 3 de abril de 2018, la Justicia condenó a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exvicepresidente primero del Senado Humberto Carlos Re (UCR), al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los u$s 6 millones durante el año 1999 en el Senado de Entre Ríos, cuyo destino final todavía hoy se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de $90 mil.

Pero ninguno fue a prisión hasta que la condena quede firme. Los otros dos involucrados en la causa por peculado –utilizar fondos públicos en asuntos privados-, los exadminsitradores de las cuentas del Senado, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador y yerno del exgobernador Jorge Busti, y el contador José Maximiliano Crettón Pereyra, recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional al haber accedido a un juicio abreviado.

Durante la etapa de los alegatos, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, dio por probado el desvío de 6 millones de dólares en el Senado provincial durante el año 1999, cuando el peronista Héctor Alanis era vicegobernador, y el radical Humberto Re vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, y les achacó el delito de peculado.

Dijo que ese dinero, cuyo destino final no pudo ser establecido por cuanto desapareció la documentación respaldatoria que justificara su uso, sirvió para financiar “el agujero negro” de la política, y que en eso hubo “connivencia” entre los legisladores del peronismo y del radicalismo en el período 1995/1999, cuando Jorge Busti era gobernador, y Alanis su vicegobernador.

La condena fue ratificada por la Cámara de Casación Penal, y ahora está a estudio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el marco de un recurso extraordinario.

El abogado de Treppo, Germán Coronel, rechaza la imputación y pide el sobreseimiento de su defendido. La causa Alanis/Re se inició una denuncia de la extinguida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada durante el gobierno de Sergio Montiel. En esa investigación, Treppo fue citado como imputado y luego sobreseído por el beneficio de la prescripción. Pero en 2018 fue citado nuevamente a declarar durante el juicio oral.

“Me llama la atención esta imputación”, dijo Coronel. “El hecho investigado no existió. Y si existió, no lo cometió el imputado. Desde el arranque, haya dicho la verdad o haya mentido, que por supuesto dijo la verdad, no ha habido ningún delito”, sostuvo.

En la audiencia en Tribunales este martes, Coronel le pidió a la jueza Zilli que “proteja las garantías”, y consideró como “ilegítima” la incorporación de la causa contratos a la investigación sobre Treppo.

“Es una causa extraña”, razonó. Negó que Gustavo Pérez haya “direccionado” el testimonio de su defendido. “En realidad –explicó-, Treppo le pregunta a Pérez cómo es el procedimiento de rendicióin, porque se había olvidado. No fue inducido a declarar tal cosa. Simplemente le hizo la consulta, como un ayudamemoria”.

Y por eso impugnó la incorporación de la causa contratos al expediente Treppo. “No debe ser valorada porque la hemos impugnado. No es posible que se admita violando el debido proceso pruebas que ni siquiera pudimos controlar”, alertó.

También impugnó los testigos que citó la Fiscalía por cuanto están relacionados con la causa de los contratos en la Legislatura. “Es una causa que desconocemos y no sabemos de qué se trata”, valoró.

Reclamo de “garantías”

“Advierto la falta de garantías de los imputados”, alertó Coronel ante la jueza Zilli. “Requiero que efectivamente se dejen los formalismos de lado, y de una vez por todas se respeten las garantías, que lamentablemente son ignorados por los jueces de esta provincia, tristemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desconocer los derechos de las personas en el caso Fornerón. En ese caso, la Corte Interamericana mandó a los jueces y defensores a estudiar derechos humanos. Todavía esa deficiencia se nota. No hay abordaje serio”, aseveró.

La causa Fornerón es paradigmática en la Justicia entrerriana. Un padre, Leonardo Fornerón, batalló sin éxito en la Justicia provincial para ser oído en un proceso de adopción de su hija del que fue excluido y en el que se observaron graves irregularidades por parte de los funcionarios judiciales.

El 27 de abril de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló sobre el caso.

Y dijo, entre otras cosas, que el proceso de guarda judicial «violó el derecho del señor Fornerón y de su hija a ser oídos en un plazo razonable», y que la demora en el proceso y el transcurso del tiempo «constituyeron un fundamento determinante para que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos resolviera, alegando el interés superior de la niña, que la guarda judicial que posteriormente culminó en la adopción de Milagros debía ser en favor del matrimonio» de Capital Federal.

«Con base en todo lo anterior, la Corte Interamericana concluye que las autoridades judiciales a cargo del proceso de guarda no actuaron con la debida diligencia y por ello el Estado violó el derecho a las garantías judiciales» en perjuicio de Fornerón y su hija.

La sentencia de la Corte no sólo condenó al Estado argentino a «establecer de manera inmediata» una vinculación efectiva entre padre e hija, y a informar en un plazo de tres meses respecto a cómo se cumplió ese paso; también lo conminó a establecer las responsabilidades de los funcionarios judiciales provinciales que actuaron, quienes además deberán someterse a un plan de formación y estudio respecto de cómo administrar bien justicia en casos que involucren a menores. Asimismo, la Corte Interamericana ordenó capacitar a jueces de Entre Ríos en fallo por adopción irregular.
Una década después, en 2010, Fornerón empezó el proceso de «revinculación» con su hija, pero la chica, ya adolescente, tenía una vida hecha en otro lugar, con otra familia.

El juez Del Valle, que le negó el proceso de revinculación con su hija a Fornerón, se jubiló con todas las garantías en 2016; también se jubiló el juez Olarte, el magistrado que archivó la denuncia del papá por el trámite irregular de la adopción; el defensor Guaita, el mismo que protocolizó un trámite de adopción un día sábado, en una clínica privada, ahora es secretario del Juzgado de Transición y Garantías de Victoria.

Entre Ríos Ahora

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