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Published on octubre 7th, 2017 | by concordia7

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COSETRUCHAS: EL PRIMER CONTROL, A CIEGAS

Las cosechadoras nunca se hicieron y, denuncia de por medio, la justicia investiga hace cinco años si existió un fraude al Estado.

La ingeniera agrónoma Elena Roxana Rosales fue la primera que realizó un informe sobre la fábrica Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA –del Grupo Senor-, encargada de construir las cosechadoras y para lo cual el Gobierno de Sergio Urribarri, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), le otorgó, entre 2009 y 2012, una serie de créditos que alcanzó la suma de 5,5 millones de pesos.

La declaración testimonial de la profesional –que llegó a ser directora general de Agricultura del Ministerio de Producción- era esperada por la justicia entrerriana, que investiga qué sucedió con los millones que fueron destinados a la construcción de las cosechadoras. Rosales declaró el 17 de agosto, en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, ante el auxiliar letrado Ricardo Zapata y Miriam Durán, Oficial 4, ambos de Ayudantía Fiscal de Salto, del departamento judicial de Mercedes.

En respuesta al pliego de preguntas remitidos mediante exhorto por el juez de Transición N°2 Pablo Nicolás Zoff, Rosales reveló un dato hasta ahora desconocido: la primera visita de control sobre la firma se efectuó el 26 de julio de 2011, día del acto de inauguración de la planta. Como si fuera poco, contó que lo realizó a ciegas, ya que no tuvo en manos el proyecto productivo para constatar lo que los empresarios planificaban ejecutar.

Las cosechadoras nunca se hicieron y, denuncia de por medio, la justicia investiga hace cinco años si existió un fraude al Estado. Hay ocho personas imputadas: cuatro empresarios y cuatro funcionarios públicos, de los cuales dos son exministros.

La planta se instaló en un galpón ubicado en la zona portuaria de La Histórica. De allí no salió ninguna máquina en funcionamiento. La empresa quebró en 2014.

Cuatro meses antes de la inauguración, el 15 de febrero de 2011, la firma Grandes Máquinas –aún en formación- había obtenido una segunda asistencia financiera, mediante el decreto Nº 96, por $4 millones.

El punto d) del decreto estableció que la asistencia “se concretará de manera programada conforme el avance de la ejecución del proyecto productivo y la efectivización de los aporte comprometidos por los socios” a Grandes Máquinas SA. El dinero se fue desembolsando mediante un cronograma bimestral y sujeto a que se cumplan diferentes requisitos. El artículo 5º de la norma estableció que el control del proyecto estaría a cargo del ministerio de Producción, en coordinación con el Finver.

Inauguración y primer control

La inauguración fue el martes 26 de julio de 2011, y ese mismo día Rosales fue llevada al galpón para hacer el trabajo de control que le encomendó Leandro Rodríguez, entonces Coordinador de Gestión del Ministerio de Producción. Contó que hasta el lugar viajó en un vehículo oficial, y que fue ella quien pasó a buscar a Teresita Mabel López, coordinadora del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver). Rodríguez y López, actualmente, están imputados junto al exministro de Producción Roberto Schunk y el ex ministro de Economía Diego Valiero.

La ingeniera contó que le llamó la atención la vestimenta que usó López para lo que creía que era una visita de control: “Yo paso a buscar a la Sra Teresita Mabel López por su casa y en un vehículo del Ministerio. Cuando la señora sube, noto que su vestimenta era elegante como para un evento, cosa que nadie me había dicho. Yo iba a cumplir con mi tarea como lo hacía en otras empresas”.

Su relato prosigue detallando que cuando llegan al galpón de Grandes Máquinas “encontré que había muchas autoridades municipales y provinciales, muchos medios de comunicación, y la señora López se une a las autoridades y yo comienzo con mi trabajo”.

En cuanto a la tarea que cumplió en el lugar, especificó que debía “recorrer las instalaciones y verificar que los puntos que me habían solicitados estuvieran cumplimentados o en proceso de cumplimentación”. Más adelante, dijo que para dicho trabajo no contó con el proyecto productivo de la firma, que le serviría para constatar lo que se estaba ejecutando y lo que faltaba.

Señaló que en el lugar observó “muchas herramientas nuevas, las que serían destinadas a la posterior fabricación de máquinas cosechadoras”. Enumeró un compresor, máquinas de pintura, soldador, insumos para construir oficinas, y detalló que afuera del galón estaba el piso para los baños.

Dijo que la visita duró tres horas, y que luego se retiró con la titular del Finver. Enseguida se le preguntó si tuvo acceso al proyecto productivo de la firma y si pudo constatar el cumplimiento de las inversiones comprometidas. La ingeniera respondió: “Nunca tuve acceso al proyecto productivo”.

Más adelante, se le formularon preguntas que buscaban conocer el grado de avance del proyecto. Se le requirió que diga cuántas cosechadoras MAACFOR en proceso de fabricación se constataron, y dijo que cuando fue al lugar “no vi ninguna en proceso de producción”, y pidió dejar constancia que visitó uno de los galpones del puerto que iba a ser adaptado para fabricar las cosechadoras.

“Nunca constaté que hubiera máquinas cosechadoras o implemento agrícola finalizado”, fue otra de sus respuestas, y más adelante resaltó que al momento de su vista “no había fábrica funcionado”. Obviamente, ese día la planta recién era inaugurada.

Por último, se le consultó por qué no continuó haciendo controles o informes sobre la empresa, y señaló que Rodríguez, su jefe, le manifestó que necesitaba una persona más idónea en instalaciones industriales. Rosales entregó su informe el 3 de agosto de 2011. Tras ser apartada, el siguiente informe lo realizó el ingeniero electromecánico José Luis Barbagelata (quien ya falleció).

La crónica oficial de ese acto fue publicada el 27 de julio, un día después, en el portal del Gobierno de Entre Ríos, y replicada por otros medios de comunicación.

“La planta que se inauguró este martes, ya comenzó con el armado de las primeras piezas para las cosechadoras y se están haciendo montajes sobre un modelo de acoplado para regular las plegadoras y práctica de soldadores. Se prevé que la primera cosechadora estará terminada antes del 18 de octubre y a partir de entonces se fabricará una cosechadora por mes”, decía la noticia oficial que se adjunta en la línea de tiempo. Allí estuvieron el entonces intendente Marcelo Bisogni; quien fuera senador por el departamento Uruguay,Carlos Schepens; el entonces vicegobernador,José Eduardo Lauritto; y los empresarios Senor.

El paso de Rosales por Producción

En la primera parte de la requisitoria judicial Rosales cuenta que ingresó a trabajar en el ministerio de Producción como pasante en el año 2007; que en 2008 pasó a tener un contrato de obra, y que su tarea fue para manejar expedientes y cargar datos; y relata que recién en 2010 le asignan tareas específicas cuando aún era estudiante de la carrera de Ingeniería Agrónoma.

“En el año 2011 comienzo a realizar tareas encomendadas directamente del Ministro de Producción, Roberto Schunk y el secretario de Producción primaria contador Leandro Rodríguez”, especificó a los funcionarios judiciales.

Y agregó: “En julio de ese mismo año, ya habiéndome recibido de Ingeniera Agrónoma, me solicita el contador Rodríguez efectuar una visita a una empresa que se estaba por instalar en Concepción del Uruguay. El motivo de la visita a la empresa que se estaba instalando consistía en verificar el cumplimiento de unos objetivos, los cuales Rodríguez me entregó en mano previamente”. No dio detalles sobre esos ‘objetivos’.

Luego se le repreguntó quién la eligió para esa tarea y con qué criterio fue seleccionada, y Rosales reiteró que fue convocada por Rodríguez. “El criterio de mi selección la desconozco, nunca me dijeron cuál fue, pero supongo que debe haber sido porque yo ya venía efectuando algunas inspecciones y visitas a empresas y a productores de la provincia”, dijo la exfuncionaria.

La causa

El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García. El expediente, que se tramita por el sistema procesal viejo, está caratulado “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”.

La empresa Grandes Máquinas SA. se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012. El juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014. El síndico contador Horacio Larrivey advirtió en su informe previo a que se dictamine la quiebra que la firma estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012.

En la causa están imputados por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y por la parte pública, el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Roberto Schunk; Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

La investigación está en manos del fiscal Gervasio Labriola, hoy cerca de convertirse en camarista. En tanto, que el juez Zoff debe resolver si procesa a los imputados o declara la falta de mérito.

El juez aún espera que tres empresas que formarían parte del Grupo Senor respondan un pliego de preguntas. Ellas son “Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A.”, “Matrimet S.R.L.” y la “Cooperativa de Trabajo Septiembre LTDA (Cotrasep)”.

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.


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