CORRUPCIÓN: DEFENSORES PIDEN POSTERGAR EL JUICIO A URRIBARRI

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Los abogados solicitaron que el juicio que debe comenzar el 20 de noviembre sea reprogramado porque tendrían una superposición de trabajo, ya que varios defensores actúan también en el juicio contra el intendente Varisco por delitos de narcotráfico.

El primer juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri quedó en stand-by, a partir de un pedido efectuado por los defensores de varios imputados para reprogramar las audiencias por una superposición de trabajo que tienen los letrados.

El juicio al ex mandatario por haber supuestamente direccionado campañas publicitarias a favor de la imprenta de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, tiene fecha fijada para comenzar el 20 de noviembre, pero los defensores de algunos acusados pidieron que sea reprogramado invocando como razones “circunstancias fácticas que afectan la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio”, consignaron el escrito al tribunal de juicio.

Concretamente, esas “circunstancias fácticas” están relacionadas con la tarea que varios letrados vienen desarrollando como defensores en el juicio que tiene en el banquillo al intendente Sergio Varisco y al narcotraficante Daniel Tavi Celis.

En ese juicio, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, intervienen como defensores Marcos Rodríguez Allende, Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Emilio Fouces, que también ejercen tareas de defensa en la causa que tiene a Urribarri entre los acusados, y aquel debate se postergará más allá del 20 de noviembre.

Ante este planteo, el tribunal integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola dispuso convocar a una audiencia con intervención de todas las partes, es decir, fiscales y defensores, y luego de escucharlos tomar una determinación. Si la decisión fuera la de postergar el juicio, sería esta la segunda suspensión, ya que inicialmente la fecha de inicio del debate era el 29 de julio.

Urribarri, el ex ministro Pedro Báez y Aguilera, entre otros, están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración; y los fiscales adelantaron que podrían pedir que se los condene a ocho años de cárcel.

Los fiscales sostienen que entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de personas señaladas como testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de publicidad por 24.204.918,69 pesos. Incluso sostienen que un gran número de campañas publicitarias eran simuladas, pues los servicios contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, por ejemplo, para promocionar la figura de Urribarri.

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