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Published on diciembre 5th, 2018 | by concordia7

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CONTRATOS TRUCHOS LEGISLATURA: UNA VINCULACIÓN PODRÍA COMPLICAR LA INVESTIGACIÓN

Escándalo en la Legislatura: nuevos datos en un caso polémico. -Néstor Belini-

Se conoció un contrato de adhesión a un fideicomiso que vincularía a la titular de la Oficina Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, con uno de los contadores sindicados en la causa por los contratos en la Legislatura, Pedro Opromolla. También habrían alquilado juntos un departamento. Opromola y sus socios en un estudio contable aún no fueron inhibidos.

Un contrato de adhesión al “Fideicomiso para construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015, y un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, exhibirían una vinculación que pondría en crisis la investigación que se lleva adelante para determinar las múltiples responsabilidades en la causa por supuestos contratos truchos en la Legislatura provincial.

La vinculación es entre la fiscal Cecilia Goyeneche, titular de la Fiscalía Anticorrupción, y Pedro Opromola, sindicado en la mega causa.

EL DIARIO accedió a copias del contrato de fideicomiso y de locación. En el primero, Goyeneche y Opromola figuran como fiduciantes, en tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi y José Lino Churruarin, figuran como fiduciarios.

Orlando Bertozzi es el esposo de Goyeneche. Churruarin es el ex esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano.

Mientras que en el contrato de alquiler de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio, en Paraná, la fiscal y el contador figuran como locadores.

Fuentes judiciales consultadas resaltaron que Opromola y sus socios sindicados en esta escandalosa causa aún no fueron inhibidos como sí lo fueron Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure y Sergio Esteban Cardozo, quienes compartieron tiempo atrás, oficinas en el estudio contable de Opromola, sito en calle Misiones 276.

Incluso se señaló que Faure y Pérez están privados de la libertad en la Unidad Penal Nº1 con prisión preventiva. La dirección del estudio que fue allanado meses atrás, no es un dato menor en el entramado que deberá ser investigado, puesto que allí Goyeneche y Opromola, según la quinta cláusula del contrato de locación, se comprometieron a pagar los inquilinos por “adelantado del Primero (1) al Diez (10) de cada mes, el alquiler, si bien se dejó aclarado la posibilidad que pueda ser “donde el locador lo indique en el futuro”.

En lo que se pudo conocer en relación al Fideicomiso J165, del que Goyeneche y Opromola serían “fiduciantes y beneficiarios”, el aporte dinerario que habrían realizado cada uno consistió en doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos, que debió hacerse efectivo antes del 5 de septiembre de 2016; además del pago de “cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas” de cuarenta y siete mil trescientos veintiocho pesos, que vencían cada una el 5 de cada mes, “venciendo la primera de ellas el 10 de octubre de 2016”.

Un dato que deberá ser analizado consiste en lo que prescribe el punto 3.4 del fideicomiso: Manifestación de origen de los fondos.

Las fuentes consultadas indicaron que en el caso de la fiscal anticorrupción ese punto no acarrearía ningún inconveniente, aclarando “siempre y cuando en sus declaraciones juradas haya manifestado ese crédito”.

En este sentido se deslizó que resultó llamativo que Goyeneche figura inscripta en AFIP , en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, en la categoría A, y la actividad que comprende a los Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, un día después de la firma del contrato de alquiler, el 1 de julio de 2017.

El caso de Opromola sería diferente.

El contador figuraría como contratado de la Legislatura entrerriana. Según se deslizó a EL DIARIO, tiene un contrato en la Cámara de Diputados.

En este sentido, sería de mucha utilidad para la investigación determinar si, tal como lo sostiene el Ministerio Público Fiscal, el origen ilícito de las ganancias que se habrían sustraído de las arcas del Estado fueron derivadas a inversiones inmobiliarias y a la adquisición de ganado y otros bienes.

Allí, Opromola debería justificar de dónde obtuvo los recursos para las inversiones que realizó, tal como se está haciendo con otros imputados y sindicados en la mega causa.


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