CONTRATOS TRUCHOS LEGISLATURA: “SIN MONTO NO HAY CAUSA”

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“Sin monto no hay causa”, dice el abogado José Velázquez, defensor, entre otros, de Flavia Beckman y Hugo Mena, considerados parte de la red de “recaudadores” en la megacausa de los contratos endilgados como truchos en la Legislatura.

La investigación penal pretende abarcar el período que va de 2008 a 2018, y aunque en un principio la Procuración levantó la bandera de un perjuicio al fisco del orden de los $2.000 millones, esa cifra ahora quedó desacreditada.

En base a ese monto, en abril último la jueza de Garantías Marina Barbagelata había dispuesto los embargos de los imputados por un monto de $3.000 millones -$2.000 millones del desfalco, más $1.000 millones en concepto de intereses-, pero el viernes la camarista María Carolina Castagno revocó la medida con el argumento de que no hay una pericia que lo establezca. Así, sólo dejó en pie un embargo por $190 mil, más la inhibición general de bienes para los imputados.

La medida cautelar, ahora dispuesta en $190 mil, alcanza a Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Adminstrativo Contable de Diputados; Guido Krapp; Pedro Oppromola; Héctor Falco; Flavia Beckman; Hugo Mena; Roberto Faure; María Victoria Alvarez; Esteban Scialocomo; Jorge Balladares; Viviana Mena Giovenni; Jazmín Mena Giovenni; Nicolás Beber; y Reinaldo Mansilla.

Velázquez dice que no le asombró la brusca merma del monto de los embargos. “Para mí, lo que hizo Castagno fue volver esta investigación a los carriles normativas, a los carrriles procesales, al debido proceso, más allá de este magnífico número, de estos $3 mil millones, un monto que para mí fue tan provisorio que fue realizado para la tribuna. Todos los defensores habíamos coincidido en preguntar de donde había salido ese numero. Cuando uno imputa por ese monto, debe tener algunos indicios, alguna verosimilitud seria para concluir en una cifra así. Por eso, la jueza Castagno pidió el informe que presentó Fiscalía -hecho por el contador Horacio Enrique-, y cuando lo vio entendió que era provisorio. Por eso la necesidad de trabajar en una pericia para determinar de cuánto estamos hablando”, dijo, durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

-¿Esa pericia no está?

-Claro, esa pericia no está. Y no puede ser una pericia de parte. Acá lo que tuvimos fue un informe de parte. El contador Enrique es perito de parte. Ese es el tema. Como perito de parte, tendes hacia un interés determinado. Si las defensas hubieran podido presentar peritos de parte, nos hubiese permitido a acercarnos a un número más real.

-Lo que dijo Castagno también es que el contador de la Fiscalía tenía elementos para determinar cuáles bienes podrían haber sido producto del ilícito de los contratos, pero aún así embargó todo.

-La decisión de embargar todos los bienes parte de un pedido del Ministerio Público Fiscal. Y acá lo que ocurría es que los jueces de Garantías le creían todo lo que planteaba el Ministerio Público Fiscal. Ahora, en cambio, los jueces de Garantías empiezan a colocarse en otro rol, y ya no le creen todo al Ministerio Público Fiscal. No porque lo diga el Ministerio Público Fiscal es así. Fiscalía relata un hecho, pero hay que corroborarlo. No se presume legítimo. Entonces, Fiscalía hizo su jugada. Está bien. El problema es que los jueces de Garantías le creían a prioiri lo que planteaba Fiscalía. Ahora no. Lo pone bajo sospecha. Con esta resolución en esta causa, esta defensa no va a apelar.

-Ya no se va a poder hablar de la causa de los $2.000 millones.

-No. Todo hubiese sido distinto si en su momento la Fiscalía hubiese puesto “monto a determinar”. Hoy estaríamos trabajando todos para llegar a una pericia, una pericia seria. Lo que hay que hacer es controlar contrato por contrato. para ver si existe o no un contrato irregular, si existen esos famosos contratos truchos. Eso le va a dar transparencia a la investigación.

La hipótesis de la Fiscalía

La investigación sobre los contratos en la Legislatura entrerriana -aproximadamente 700 están bajo la lupa judicial- arrancó el 20 de septiembre de 2018, y abarca una década.

La investigación penal sostiene que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

El monto del perjuicio, que primero se estableció en $1.200 millones, luego en $2.000 millones, ahora quedó en tela de juicio.

La acusación sostiene que en esa organización, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Entre Ríos Ahora

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