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Published on diciembre 3rd, 2018 | by concordia7

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CONTRATOS TRUCHOS LEGISLATURA: JUEZA BARBAGELATA PUSO RESTRICCIONES A OCHO IMPUTADOS

No podrán acercarse a los contratados. La restricción será por 90 días y no podrán acercarse a los contratados, modificar su domicilio y/o salir del país sin previo aviso a la fiscalía.

La jueza de Garantías Nº1 Marina Barbagelata dio lugar al pedido de los fiscales y dispuso libertades restringidas para ocho imputados en la causa de los contratos truchos de la legislatura.

Según observó ANALISIS, la solicitud de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri se basan en que ninguno de los ocho imputados puedan acercarse a los contratados que están siendo investigados.

En los argumentos, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicaron que las responsabilidades de los acusados difieren, en principio, de aquellos que están bajo arresto preventivo: “Dentro de lo que es la hipótesis de una organización delictiva, estos aparecen en un papel mucho menos relevante que las personas que se hallan privados de su libertad”, señaló Aramberri. La restricción será por 90 días y no podrán acercarse a los contratados, modificar su domicilio y/o salir del país sin previo aviso a la fiscalía. Las defensas a cargo de Miguel Cullen y José Velázquez estuvieron de acuerdo con lo resuelto. Además, deberán estar siempre a disposición del requerimiento fiscal ante nuevas medidas de prueba como la que se concretará la semana próxima, ya que los ocho imputados deberán aportar para un cuerpo de escritura que consta en el expediente.

En una audiencia expeditiva se concretaron medidas coercitivas para ocho imputados en la causa de los cuadernos truchos de la legislatura. La resolución de la jueza Barbagelata se ató al pedido de los fiscales, hecho con el cual acordaron los abogados defensores en la propia audiencia al conocer el detalle de la solicitud del MPF. Se basa en restricciones mínimas, amparadas en el artículo 349 del Código Procesal Penal (CPP) y son consideradas restricciones leves para el normal desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

De ese modo, los fiscales argumentaron: “Entendemos que el riesgo de entorpecimiento es menor al del resto de los imputados. Ellos no tenían poder decisorio en cuanto a lo que implicaba la organización. Han todos constituido domicilio, tener empleos y el sueldo que perciben, nos han llevado a solicitar esta medida que es menor que al resto”.

“A ellos se le atribuye reclutar a las personas contratadas, manejaban listas con los datos de estas personas, entendemos que dentro de las medidas de restricción que solicitamos, la más importante es la de evitar la realización de actos molestos o perturbadores a los contratados que obran en la causa. Restricción de cualquier medio o cualquier persona”, amplió Yedro. Ante la consulta de la magistrada, Yedro expresó que la solicitud respecto a la restricción de acercamiento a los contratados es total.

Por su parte, Aramberri, señaló: “Se los ha recibido en carácter de imputado, misma imputación de los que aparecen relacionados con la causa. La fiscalía va a solicitar medidas sustitutivas por el término de 90 días. Se extrae de la propia intervención que se les imputan a las personas. Vamos a solicitar las medidas del artículo 349, fundado en que existen elementos de convicción que los relacionan con el hecho, en los cuadernos y registros. Han sido contratados y fueron reiteradas veces a entidades bancarias a cobrar los sueldos”.

Al turno de la defensa, Cullen y Velázquez tomaron la palabra pero no pusieron reparos al pedido de los fiscales: “No habíamos arribado a un acuerdo, pero porque no sabíamos el detalle de la solicitud de los fiscales. Estamos absolutamente conformes porque son medidas restrictivas básicas, las verdaderas, las que deben ser”, criticó Cullen en relación a otras causas. Acto seguido aseguró que es necesario que se adjunte el listado de contratados a los que alcance la restricción, ya que “mi defendida no conoce los contratados”, alegó. Algo similar dijo Velázquez a continuación.

De hecho, el listado será incluido por pedido de la propia jueza quien aseguró que para evitar que quede abierto, es necesario que en la resolución se puedan observar a cuantas y quienes son las personas que están bajo la restricción y a las cuales no se podrán acercar los ocho imputados.

Los imputados que quedarán bajo libertad restringida son: Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Giselle Mena Gioveni, Jorge Pablo Balladares, María Macarena Álvarez, Andrea Demartín, Fernando Sarnaglia y Alejandro Ferreyra. Caíno es defendida por Cullen, mientras que el resto son parte de la defensa de Velázquez.


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