CONTRATOS TRUCHOS LEGISLATURA: DIERON LA EXCARCELACIÓN DE AGUILERA, ALMADA Y CARDOSO

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La Fiscalía solicitó la prórroga de las prisiones preventivas.

La jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso en la mañana de este viernes la inmediata libertad de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, los únicos imputados que continuaban en prisión por la causa que investiga irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década.

La determinación de libertad también recayó sobre el ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Cardoso, quien se encontraba con prisión preventiva domiciliaria y -presente en la audiencia- recibió la novedad con signos de honda emoción.

En la audiencia los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron que se prorroguen las prisiones preventivas de los imputados por 37 días más, debido a la posibilidad de entorpecer la investigación y por sostener que «la organización delictiva continúa funcionando».

Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y ex secretario de bloque del PJ en el Senado está imputado por considerar que era jefe de la supuesta organización enquistada en el seno de la Legislatura, que tenía como fin sustraer dinero mensualmente de las arcas del Estado.

En tanto, Almada, funcionario de la Cámara de Diputados está sindicado como el recaudador del dinero. Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron que las Cámaras legislativas aún adeudan el envío de la documentación requerida para poder continuar y concluir la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Desde la Fiscalía, se apuntó contra la Cámara de Diputados de la provincia que aún no remitió información de cuatro años de los solicitados y el Senado aun adeuda información referida a seis años, teniendo en cuenta que solo remitió documentación de los últimos cuatro años. Según los fiscales, dicha información “ha sido solicitada imperiosamente para poder avanzar y terminar la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”.

Además, presentaron ejemplos de contratos y facturas remitidas desde la Legislatura y aseguraron que “los contratados desconocieron en las entrevistas su firma en dichos contratos” y consideraron que “las firmas estarían falseadas”.

Asimismo, justificaron el pedido de prórroga de las prisiones preventivas en la idea de que “la organización delictiva está funcionando”.

Vale recordar que el cuñado del ex gobernador, Juan pablo Aguilera, está imputado en función de su rol como secretario del bloque PJ del Senado. Los fiscales le achacan a Aguilera ser jefe de la supuesta organización enquistada en el seno de la Legislatura, que tenía como fin sustraer dinero mensualmente de las arcas del Estado a través de la realización de contratos truchos.

Para pedir su prisión preventiva en la cárcel, los representantes de la acusación pública consideraron que Aguilera accionó para entorpecer la investigación. Precisamente, los fiscales refieren a un episodio por el cual Aguilera le habría pedido de su suegra que esconda un celular.

En el caso de Almada, los fiscales refirieron que se contactó con una testigo de la causa antes y después de la declaración testimonial. Ese episodio fundamentó la orden de prisión preventiva en la cárcel por 90 días.

La determinación de libertad también incluyó al ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Cardoso, quien se encontraba con prisión preventiva domiciliaria. El ex empleado volvió este jueves al Ministerio Público Fiscal (MPF) dado que los fiscales que llevan adelante la causa por irregularidades en contratos de la Legislatura provincial, hicieron una reformulación de la apertura de causa y comenzaron a llamar a varios imputados para indagarlos sobre una serie de puntos que hasta hace un tiempo, aparentemente, no estaban tan claros.

Fue la tercera vez que Cardoso se reúne con los fiscales en una instancia indagatoria: en la primera se negó a pronunciar la palabra; la segunda instancia fue pedida por él mismo y habló de su rol y funciones en la Cámara baja, entre otras cosas -su abogado defensor Emilio Fouces salió en los últimos días a despegar a su pupilo de supuestas manifestaciones emitidas en esa instancia-; y en la tercera ampliación indagatoria programada para hoy, también decidió abstenerse.

La defensa de Cardoso sostiene que hubo una suerte de tergiversación del sentido de un tramo de su indagatoria. Así lo considera Fouces, luego de que los fiscales hayan reformulado el hecho -modificación que, sostienen los defensores, está prácticamente basada en la declaración de Cardoso-. Precisamente, el defensor niega que Cardoso haya dicho que, de algún modo, ordenó a los diputados Juan Reynaldo Navarro, Juan Carlos Darrichón y Daniel Ruberto hacer contratos. “Cardoso no tiene que hacer nada con eso. Nosotros tenemos la grabación de su declaración. Hay que esperar que esto llegue a juicio para que lo controle un juez”, explicó Fouces.

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