CONTRATOS TRUCHOS LEGISLATURA: CARDOSO SE ABSTUVO DE DECLARAR

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El ex director del Servicio Administrativo de la Cámara de Diputados está acusado de servir a la supuesta organización enquistada en el seno del Estado provincial.-ANÁLISIS-

El ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Cardoso, volverá este jueves al Ministerio Público Fiscal (MPF). Es que los fiscales que llevan adelante la causa por irregularidades en contratos de la Legislatura provincial, hicieron una reformulación de la apertura de causa y están llamando a varios imputados para indagarlos sobre una serie de puntos que hasta hace un tiempo, aparentemente, no estaban tan claros.

Esta es la tercera vez que Cardoso se reúne con los fiscales en una instancia indagatoria: en la primera se negó a pronunciar la palabra; la segunda instancia fue pedida por él mismo y habló de su rol y funciones en la Cámara baja, entre otras cosas, aunque su abogado defensor Emilio Fouces salió en los últimos días a despegar a su pupilo de supuestas manifestaciones emitidas en esa instancia; y la tercera ampliación indagatoria está programada para hoy. Fouces adelantó hace dos días que probablemente Cardoso vuelva a optar por el silencio.

El abogado de Sergio Cardoso, Emilio Fouces, rechazó de plano los dichos que se le atribuyen a su defendido en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria a mediados de febrero. “Se le están atribuyendo a Cardoso dichos que en realidad no dijo, ni siquiera parecido a lo que dicen”, aseguró.

La fiscalía reformuló las imputaciones el 6 de marzo y según se supo, en esa reformulación tuvo mucho que ver la declaración del empleado administrativo jerárquico de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Fouces negó esos dichos y aclaró que no involucró a nadie en particular: “Si hubiera dicho algo parecido, hace un mes hubiera sido una noticia bomba. La verdad que no sé cómo se llega hoy a esa conclusión pero eso no lo dijo Cardoso de ninguna manera”.

El abogado sostuvo la inocencia de su defendido explicando que cumplió un rol administrativo tal como lo indicaban sus funciones y aclaró: “Los contratos eran potestad exclusiva y discrecional de cada uno de los legisladores. Cada uno de los legisladores que tenían un contrato firmado con una persona, ese contrato era responsabilidad, decisión y facultad de ese legislador”.

Además, adelantó que si bien lo están evaluando, es posible que Cardoso se presente ante los fiscales pero que no realice declaración alguna. “El ya declaró, explicó todo lo que tenía que explicar y respondió a todas las preguntas que le hicieron en una declaración de poco menos de dos horas. La colaboración que debía prestar con la causa ya la prestó”, dijo a FM Universidad.

Otras ampliaciones que se produjeron esta semana

Por la Fiscalía pasaron otra vez el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, imputado en el marco de su desempeño en el Senado provincial -fue secretario del bloque del PJ hasta el recambio de autoridades para el nuevo período legislativo- y, a su vez el cuñado de Aguilera -Alejandro Almada, funcionario de la Cámara de Diputados-, decidieron guardar silencio este martes. Adoptaron esa decisión por consejo de su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende, quien los acompañó al edificio del Ministerio Fiscal.

Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación, los convocaron para brindarles precisiones sobre las imputaciones. Precisamente a Aguilera le achacan ser jefe de la supuesta organización criminal, montada en el seno de la Legislatura provincial, que aceitó y acrecentó -según la hipótesis acusatoria- un mecanismo de contrataciones truchas para sustraer dinero del Estado. A Almada le achacan el rol de recaudador en esa estructura. Hoy, a ambos se les brindó mayores precisiones sobre esas acusaciones. Pero se mantuvieron estoicos en su decisión primigenia: no pronunciar palabra.

Cabe señalar que Aguilera y Almada son los únicos imputados de la investigación que permanecen cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal. El resto de los acusados formalmente por la Fiscalía, cumplen restricciones de libertad.

Un día antes atravesaron una instancia similar los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure. El primero es un empleado antiguo de la Cámara Alta. Llegó a ser subdirector del Servicio Administrativo Contable. En esa área también se desempeñaron Jorge Lázzaro y Juan Domingo Orabona -actual presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, cercano al gobernador Gustavo Bordet-. Tanto Lázzaro como Orabona están imputados en la causa. Pérez es un empleado respetado por sus compañeros de trabajo. Lo señalan como alguien siempre dispuesto y solícito para colaborar. De hecho, algunos no imaginaron que podría servir a la supuesta organización.

Ariel Faure integraba uno de los dos estudios contables que están involucrados en la investigación junto a Alfredo Bilbao. Ambos pertenecían al estudio que desmontaron en calle Alameda de la Federación, en un edificio de ladrillos vistos, del otro lado de la Plaza Carbó, atrás de la Casa de Gobierno. Faure es considerado mano derecha de Bilbao. Y, según la declaración de Sergio Cardoso -ex director del Servicio Administrativo Contable de Diputados-, recibía un trato especial en la Cámara Baja por pedido de las autoridades legislativas.

Las ampliaciones previstas concluirían este jueves con la citación a Sergio Cardoso. El ex funcionario de la Cámara Baja. En la ampliación de mediados de febrero, el ex funcionario habría involucrado a algunos diputados en funciones, habló de la gestión de tarjetas de débitos para los contratos, y explicó ese sistema.

En la última audiencia de Casación realizada la semana pasada, cuando volvió a discutirse la legalidad de las prisiones preventivas en la cárcel de Almada y Aguilera, la fiscal Goyeneche se refirió en varias oportunidades a una presunta asociación ilícita, aún en funciones, enquisatada en el seno del Estado. La causa tiene un período limitado de investigación: 2008 a 2018, cuando suponen los fiscales que sustrajeron de las arcas públicas unos 2.000 millones de pesos.

Preventivas vencidas

En tanto, para este viernes está prevista una audiencia para renovar las prisiones preventivas de Aguilera y Almada. La medida que en principio fue autorizada por 90 días vence en estos días. Cabe señalar que Aguilera y Almada son los únicos imputados que continúan cumpliendo prisión preventiva en la cárcel, en el marco de esta causa. El resto están con medidas restrictivas de libertad, pero en sus domicilios.

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