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Published on noviembre 19th, 2018 | by concordia7

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CONTRATOS TRUCHOS EN LA LEGISLATURA: “YO LA HAGO, YO ME INVESTIGO”

CÁMARA DE DIPUTADOS: Urribarri presentó un proyecto para que la propia Legislatura haga controles. (Entre Ríos Ahora)

El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, presentó un proyecto de ley a través del cual pretende hacer frente a la escandalosa causa de los contratos truchos que tiene en sus manos la Justicia mediante la creación de una Comisión Bicameral.

A diferencia del Senado, que desplazó al director del Servicio Administrativo Contable, Gustavo Pérez, a comienzos de octubre, no bien la investigación penal comenzó a dar sus primeros pasos, en Diputados nada ha cambiado. Tampoco se han pedido renuncias.

El proyecto de ley que presentó Urribarri el 6 de este mes, y que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el peronista Diego Lara, crea en el ámbito del Poder Legislativo “la Comisión Bicameral para el examen, seguimiento y control de las contrataciones administrativas realizadas en el ámbito de la Legislatura Provincial”.

La iniciativa pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la sesión del mismo 6 de noviembre, cuando, además, se aprobó “su tratamiento preferencial, con o sin dictamen de comisión, para la próxima sesión”. La Bicameral de Urribarri estará compuesta por tres diputados y tres senadores elegidos por sus propios pares.

Al justificar la creación de esa Bicameral, el exgobernador de la provincia señala su proyecto tiene “como objetivo institucionalizar dentro del ámbito del Poder Legislativo el abordaje de la discusión pública que se ha suscitado sobre las contrataciones que los señores senadores y diputados realizan con su cuerpo de colaboradores a los fines de poder efectuar y enriquecer la tarea legislativa. A su vez, dado que el tema se encuentra judicializado, desde la Legislatura provincial, pretendemos también concretar un trabajo de control y seguimiento de esta temática.
Cada poder del Estado es independiente y debe ser capaz de dar cuenta de su accionar de cara a la sociedad a través de sus propios mecanismos”.

“La creación de la Comisión Bicameral supone que ésta pueda acceder a toda la información necesaria para realizar un profundo estudio y análisis de las contrataciones, y una vez culminada esa labor, se ocupe de dar a conocer a la sociedad y en su caso, al Poder Judicial, el estado de la auditoría realizada. La Comisión podrá también efectuar las observaciones que estime oportunas a cada cuerpo legislativo a los fines de adoptar las medidas administrativas necesarias para, en caso de existir, corregir las falencias, actualizar y/o unificar criterios, o bien mejorar en términos generales la administración de los recursos públicos en cuestión”, señala el texto de Urribarri.

O sea, la Legislatura pretende investigarse a sí misma, y hacer a un lado a la Justicia.

En los fundamentos, agrega que “el Poder Legislativo puede considerar la aplicación de recursos presupuestarios en el marco de un amplio abanico de posibilidades, las cuales desde luego deben estar siempre dentro del marco de la ley”. Y respecto de la “lógica de funcionamiento propia de la Legislatura, cabe mencionar que su quehacer diario supone modalidades de trabajo diferentes a las de otros organismos públicos, de modo tal que no siempre se vinculan a la concurrencia periódica a una estación de trabajo en un horario fijo”.

“Por otro lado, es importante señalar que el Poder Legislativo es el poder más político del Estado porque implica la representación de los partidos y fuerzas políticas que no son sino actores fundamentales del sistema democrático. En este sentido -apunta el texto-, en su naturaleza se encuentra su capacidad de autorregulación y equilibrio”.
Pesquisa

Pero la Justicia lejos está de dar algún paso hacia atrás en la investigación de los contratos truchos que involucraría una defraudación al Estado del orden de los $1.200 millones entre 2008 y 2018. Como parte de la pesquisa judicial, hay cuatro “cobradores” de los contratos truchos que están en prisión: Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y Alfredo Bilbao.

Los sindican a los cuatro más otros funcionarios y particulares de ser “parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

“Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.


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