EDITORIAL

Published on marzo 16th, 2018 | by concordia7

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CAUSA TERRENOS PUERTO YERUÁ: CEVEY Y OTROS IMPUTADOS PEDIRÍAN EL JUICIO ABREVIADO

La causa por la venta de terrenos fiscales a precio vil en Puerto Yeruá, tiene fecha para el juicio oral, comenzando este 21 de marzo, a las 8.30. Sería inminente el pedido de juicio abreviado por parte de por lo menos 13 imputados. (J.M.H.)

En el expediente judicial se investigó al intendente Fabián Cevey; su secretaria y el asesor legal del municipio, entre otras 14 personas, por resultar beneficiados con parcelas de tierras a un precio muy por debajo del mercado, como este medio lo denunció en su momento en forma exclusiva.

En julio del 2016, fueron imputados junto al jefe comunal del FpV, Cevey, por los delitos de defraudación al Estado y/o peculado de bienes, María Griselda Brassesco, secretaría municipal; Marcelo Larroca, (comprador), Fabián Terenzano (comprador), Mercedes Maquiavelo (compradora y quien sería cuñada de la esposa del intendente); Romina Filsinger (compradora y que sería hija de la secretaria Brassesco), Leonardo Galarza (comprador y, según la denuncia, marido de Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia) y José Luis Irribarren (comprador).

Los 17 imputados, entre ellos el intendente, la secretaria de la Intendencia y el asesor legal del municipio, familiares y empresarios, pueden recibir penas por Peculado de efectos, peculado de servicios y encubrimiento.

José Eduardo Galvani era otro de los imputados. Pero el constructor concordiense con estrechos vínculos con el urribarrismo, pidió una probation y devolvió el terreno. Ahora, los otros 17 imputados deben defenderse de cargos que podrían terminar en condenas de hasta 10 años de prisión.

En este punto, el de las posibles condenas y sus consecuencias, es donde gran parte de los imputados, por lo menos 13 de los 17, habrían dado su consentimiento para pedir el juicio abreviado, incluído el propio intendente.

La solicitud del “juicio abreviado”, conlleva la aceptación de los cargos y su correspondiente condena, con una aplicación de la misma, partiendo de la pena mínima sobre los cargos, como devolución de los terrenos en su estado actual, inhabilitación perpetua a cargos públicos en el caso de los funcionarios y posible prisión condicional cuando la pena es de 3 a 10 años de prisión.

En el caso del Dr Julio Larrocca, ex asesor legal del municipio, quien no pediría el juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad, se ve seriamente comprometido por cargos de relevancia que ocupa en la AFA (Asociación del futbol argentino), que podrían derivar en medidas dentro de ese cuerpo hacia su persona.

Desde el entorno de Cevey, se maneja como inminente esta posibilidad, dado el descontento y abatimiento del jefe comunal, con la realidad de la causa judicial en su fase final, que lo tiene como protagonista principal y donde sus allegados miran con mucho recelo a quien monitoreaba su defensa, el también tocado por la misma causa de los terrenos, Dr Julio Larroca, quien, a diferencia de Cevey, y junto con su hijo, no pedirían el beneficio del juicio abreviado, ya que esto significa reconocer la culpabilidad y podría traer consecuencias graves sobre sus carreras profesionales. En la misma tesitura, de ir a juicio oral y público, estarían dos imputados más, en carácter de compradores, uno de ellos de apellido Guevara.

La causa se basa en una venta irregular por parte del municipio a particulares y allegados al gobierno de Cevey que pagaron entre 8 y 11 mil pesos por terrenos que tenían un precio real que iba de los 250 a los 300 mil pesos, y que a valores actuales ascienden a unos 35 mil dólares cada una de las parcelas.

Los terrenos en cuestión terminaron en manos del propio intendente Cevey, su esposa, sus hijos, la secretaria de la intendencia, de apellido Brasesco, su hija, yerno, como así también se ve involucrado el asesor legal municipal y su hijo político.

Todo realizado en el lapso de 24 horas, entre que los terrenos son recibidos por el municipio por parte de la provincia, y su venta a los privilegiados compradores de tierras a precio vil.

Por ejemplo, el lote comprado por el hijo del asesor legal, Marcelo A. Larrocca Ruiz, a la irrisoria suma de 8 mil pesos, luego vendido al empresario Galvani, quien se acogió a la probation, a cambio de devolver lo comprado.

Así como se ve, el engañoso traspaso con este terreno, lo mismo se comprueba en la mayoría de las compras.

La defensa de la gran mayoría de los imputados, a cargo de Juan José Bukténica, se basó en su eje central a que las ventas sin llamados a licitación pública, son una práctica común dentro de los municipios, algo que, con el correr de la causa es harto dificil probar, y llevaría, para reafirmar esto, llamar como testigo al intendente de Concordia, Enrique Cresto.

Los 17 imputados

Leonardo Galarza, yerno de la secretaria de la intendencia
Guillermo Guevara, comprador
Diego Sampellegrini, comprador
Gustavo Graziano, empresario
José Iribarren, comprador
Ramón Benítez, comprador
Marcelo Larrocca Ruiz, hijo del asesor legal municipal
Brenda Soledad Cevey, hija del intendente
Alejandro Cevey, hijo del intendente
Gabriela Girard, esposa del intendente
Fabián Terenzano, comprador
María Girard, compradora
María Maquiavelo, cuñada del intendente
Julio César Larrocca, abogado asesor legal del municipio
María Brasesco, secretaria de la intendencia
María Filsinger, hija de Brasesco
Alejandro Fabián Cevey, intendente de Puerto Yeruá

ALCANCES DEL JUICIO ABREVIADO

El procedimiento abreviado como todas las figuras jurídicas ha sido creado con una finalidad y utilidad práctica, respecto de la primera característica es posible afirmar que lo es la aplicación del derecho en la búsqueda de la justicia, y en lo referente a la segunda, es la terminación anticipada de un proceso penal por medio de un juicio especial que permita el dictado de una sentencia, sin la necesidad de que las partes intervinientes tengan que agotar todas las etapas del proceso penal ordinario.

Así entonces que las finalidades y utilidades del procedimiento abreviado deben recaer en alguien, pero ¿en quién? es decir, ¿quién resulta beneficiado cuando se aplica? y la realidad es que se beneficia tanto la persona que cometió el delito, la víctima, el Ministerio Público, los juzgadores y la sociedad; cada uno de los mencionados de forma directa o indirecta ve intereses satisfechos debido a esta figura jurídica.

En cuanto a la persona que cometió el delito, su beneficio es derivado de la aceptación de su responsabilidad por los hechos que se le acusa, es decir, adopta una postura de colaboración para resolver el conflicto y como recompensa a su postura para procurar la verdad, se le ofrece una pena reducida en comparación a la que probablemente se haría acreedor en un proceso penal ordinario, y la reducción de la pena puede llegar hasta un tercio menos de la sanción mínima, lo cual es altamente benéfico a sus intereses.

Por su parte la víctima, ve protegidos sus intereses porque tiene la seguridad de que la persona que violentó su esfera jurídica está enfrentándose a las consecuencias de su conducta y será condenado conforme a derecho, pero lo más importante es que puede solicitar la reparación del daño causado por la comisión del delito.

El Ministerio Público es el interviniente que obtiene una utilidad práctica muy marcada, ya que al ser el ente encargado del ejercicio de la acción penal y por ende tiene la carga de la prueba para acusar, ya no se ve obligado a recabar un cúmulo probatorio demasiado extenso porque el responsable de la comisión del delito al aceptar lo hechos, le quita una parte de esa responsabilidad, es decir le aligera el trabajo dando resultados eficientes y justos.

En lo referente a los juzgadores, es necesario señalar que se habla del órgano jurisdiccional; la utilidad recae en el hecho de que el procedimiento abreviado se tramita ante un juez de control o garantía, a diferencia de un juicio ordinario, el cuál obligatoriamente se debe substanciar ante un tribunal de juicio oral conformado por tres jueces (presidente, vocal y relator).

Por ultimo pero no menos importante se encuentra la sociedad, la cual histórica y culturalmente tiene desconfianza en la aplicación de justicia en el país, ésta situación es muy común debido a diversos factores, uno de ellos es que en muchas ocasiones por las circunstancias específicas del caso es imposible encontrar al responsable de un delito y queda impune, otro factor es el tiempo empleado para poder juzgar a una persona si es que se tuvo la suerte de dar con ella, y por último, que no se tiene la seguridad de que la persona que será condenada es realmente la culpable; el procedimiento abreviado rompe totalmente con estos factores que crean desconfianza en la sociedad respecto de su sistema de justicia porque la persona que comete el delito acepta voluntariamente su responsabilidad, es juzgado en un tiempo breve y se tiene la certeza de que se condena al verdadero responsable evitando cometer la mayor de las injusticias que lo es el condenar a un inocente.

Dentro de las características del procedimiento abreviado se pueden distinguir esencialmente las siguientes: plazo para solicitarlo, la negociación, principios que recoge y peculiaridades de la audiencia especial.

Los principios recogidos en el procedimiento abreviado son los mismos que sirven de fundamento al sistema penal acusatorio adversarial y oral, que son los de inmediación, igualdad, publicidad, continuidad, concentración y contradicción.

En lo que respecta a las peculiaridades de la audiencia especial de juicio abreviado destacan las siguientes:

El procedimiento abreviado solo puede ser solicitado por el Ministerio Público.
Una vez que se ha solicitado su aplicación y el imputado ha aceptado los hechos que se le atribuyen y manifestado su deseo de ser sentenciado en un procedimiento abreviado y renunciar a un juicio oral, el juez debe verificar que las aceptaciones del imputado no se han obtenido por medio de extorsión, falsas promesas o coacción alguna para poder dar su aprobación en la celebración de la audiencia especial.

La sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado es en base a los antecedentes de la investigación del Ministerio Público y la aceptación de hechos del imputado, por lo que se hace un relevo de la prueba, las que normalmente se desahogan en una audiencia de juicio oral.

El procedimiento abreviado es entonces un mecanismo de aceleración para poder concluir en su totalidad un proceso penal por medio de una sentencia; es una figura jurídica que propicia una aplicación de justicia pronta y acertada; es una alternativa para el descongestionamiento del sistema de aplicación de justicia; aporta beneficios a las partes que intervienen en el proceso y a la sociedad; es un procedimiento en el que se respetan los derechos y garantías de las personas.


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