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Published on junio 8th, 2018 | by concordia7

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CASTRILLÓN CONSIDERÓ QUE HUBO MEJORAS DE LA JUSTICIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, aseguró que la Justicia “avanzó mucho” en el tratamiento de las causas por corrupción en la provincia y cuestionó a los organismos de contralor del Estado por los baches que existen en el seguimiento de los procesos administrativos.

A un mes de la entrada en vigencia de la ley contra el narcomenudeo, aseveró que aún es “muy difícil” medir el impacto de la norma, al tiempo que criticó el estado de las cárceles.

Ante la probable modificación de la ley electoral que lleva su nombre, afirmó que la ley se dio en su momento y que sirvió para que “subsistan muchos y para que se posterguen otros”.

Castrillón aseguró mantiene una buena relación con el Ejecutivo y el Legislativo e incluso con la “familia judicial”.

Con respecto al accionar de la Justicia provincial ante delitos contra la administración pública, Castrillón consideró que “se ha avanzado mucho. De una Justicia donde se veían pocas causas en contra de los funcionarios públicos, en los últimos años, y sobre todo en el último tiempo, han proliferado las causas con trámite, porque antes existían casos con letargo”.

Pese a esto, reconoció que la investigación de hechos de corrupción es “perfectible”. “Tampoco se cuenta con todos los elementos para hacer una investigación como se requiere en un delito contra la administración pública”, postuló, a la vez que cargó contra los organismos de control del Estado.

“Venimos planteando que no todos los órganos de control constitucionalmente previstos cumplen con su rol. Cuando se apunta para un lado, se dice que el rol llega hasta allí, cuando apuntas para otro, te responden ‘mi rol es este’. Entonces, existen organismos de control que el constituyente pensó como una cobertura total, y que no llegan a cubrir todo, porque no alcanzan las esquinas, no se tocan entre sí”, graficó.

Ante esto “habrá que establecer las leyes y plexos normativos necesarios para que existan verdaderos controles previos, de ejecución, formal de cuentas, de cumplimiento jurídico de las normas. Después llegamos a la persecución penal”.

En ese punto, volvió a reclamarle a la Legislatura la sanción de la ley que permita el funcionamiento de una Fiscalía Anticorrupción especializada en el ámbito de la Procuración, como lo hizo en marzo al momento de abrir el año judicial 2018. “Les tiré (a los legisladores) y les tiro la pelota. No tenemos Fiscalía especializada. Tenemos fiscales que hacen de todo un poco”, dijo.

También consignó que la cláusula constitucional que crea esta figura es operativa en lo que refiere a la posibilidad de nombra un Fiscal Anticorrupción y que podría haber sido designado por el Consejo de la Magistratura, pero resta definir una estructura vinculada, también supuesta en la Carta Magna provincial, para lo cual se requiere “labor legislativa”.

• Narcomenudeo

A un mes vista de la entrada en vigencia de la ley de narcomenudeo, Castrillón sostuvo que aún es “muy difícil medir” el resultado de la norma ya que en primer lugar “hay que identificar qué es el narcomenudeo, porque es una llave. Luego viene el kiosco, el distribuidor, el empresario, el transportista, el que la produce y el financista”.

“Creemos que la Policía de Entre Ríos ha actuado muy bien dirigida por los jueces federales. Nos queda pendiente verlo en la práctica, porque en los barrios y ciudades mucho se habla de ‘allá se distribuye, allí se vende’. Se tiene que generar una estructura de capacitación para poder actuar entrecruzadamente y que no sea un policía vecino del mismo barrio el que vaya a allanar”.

El narcotráfico “genera mucho daño en el último eslabón de la cadena, pero mucho dinero para el que lo explota”, definió.

Con respecto al riesgo de incremento masivo de población carcelaria que la vigencia de esta normativa puede generar, Castrillón fue escéptico, ya que dijo que superpoblación de los alojamientos penitenciarios “no es nuevo”. “La situación carcelaria es paupérrima, pero no por el narcomenudeo, sino desde hace mucho tiempo. La Unidad Penal 1 (de Paraná) es la Caballeriza de Urquiza. No es un lugar para educar, para contener o (siquiera) algo medianamente potable. Cuanto más deficiente es ese servicio, existen más posibilidades de ingreso de droga”.

“¿Aumentó el número de internos en los últimos años? Sí ¿Hay más delito? No. ¿Qué pasó? Se cambió el sistema procesal penal y se negocian dos cosas: figura y monto de pena. Esto hace que ingresen de golpe (presos al sistema), pero progresivamente tenderá a la normalidad, porque no aumenta el índice delictivo de la misma manera en que se incrementó la población carcelaria”, sostuvo.

Ante esta situación de hacinamiento que se registra en las unidades penitenciarias, el presidente del Superior recordó que “hace años que la Provincia quiere construir cárceles, pero en este punto los pueblos también tienen mucho que ver porque no quieren que se construyan en sus lugares”.

• Reforma política

El Presidente del STJ es a la vez titular del Tribunal Electoral de la provincia. En ese rol, Castrillón también opinó sobre la posibilidad de que los poderes políticos del Estado realicen una reforma en Entre Ríos.

Al respecto, recordó que en su discurso de apertura del año judicial “manifesté que todas las leyes son perfectibles en el tiempo y que la que está vigente, la que se denomina con mi apellido, estaba pensada en un momento determinado” y que puede producirse un “aggiornamiento” que contenga “la posibilidad de establecer boleta única o sistemas electrónicos” de votación.

“Debemos asegurar que lo que quiere el elector se vea plasmado en el resultado y de la forma más pronta posible que disipe la posibilidad de manipulación de datos. Cualquier sistema que prevean los legisladores y promulgue el Ejecutivo, buscaremos asegurarlo”, apuntò.

Los tiempos para esto “los fijan los bloques políticos”, precisó en diálogo con esta Agencia.

En su paso por la Legislatura entre 1991 y 2006, Castrillón presentó más de 90 proyectos de ley. Algunos de ellos se convirtieron en normas, pero la norma que lleva su nombre es la de la reforma electoral generada a fines del tercer gobierno de Jorge Busti. El presidente del Superior entiende que esto fue así porque “habrá servido para que subsistan muchos y para que se posterguen otros tantos”.

“A la política algunos la toman como una cuestión ideológica, otros de supervivencia, otros de continuidad y otros de cambio. Lo cierto es que esa ley sirvió, hasta el momento, para que un partido y sus alianzas o frentes se mantengan en el poder. Y para que muchos legisladores, con los cuales compartí bancada en su momento, sigan integrando la Legislatura de la provincia. Esto genera mucha reacción en el que está en el banco de espera o que considera que los cargos no son eternos”, consignó.

• Relaciones

Castrillón definió como “muy buenas” sus vínculos con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este último caso, abundó en que su buena vinculación con la Legislatura abarca “todos los bloques”. “No sé si en alguna bancada hay o no resistencia o si les gusta más o menos (su figura). Lo que sé es que cuanto tenemos iniciativas, se las planteamos a todos y de todos recibimos respuesta. No puedo asegurar cuáles son las apreciaciones personales”, postuló.

Además, resaltó que “nunca” hubo “una intromisión o un pedido” del Ejecutivo, ni durante las gestiones de Sergio Urribarri ni en lo que va de la administración de Gustavo Bordet con relación al Poder Judicial para que este actúe “de determinada manera”.

En orden a esto, destacó a la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero afirmando que su designación facilitó “totalmente” el ida y vuelta entre el Ejecutivo y el Judicial. “Además, (Romero) es muy capaz, al igual que su secretario de Justicia, Pablo Biaggini. Conocen al dedillo los poderes del Estado. Es una facilidad que no teníamos”

El Presidente del STJ indicó que tampoco existió “condicionamiento de un legislador o un bloque para que el presupuesto de la Justicia tenga que ver con determinada posición o asignación”.

Incluso expresó que su trato con lo que se denomina la “familia judicial” (el entramado de relaciones y vínculos entre magistrados y funcionarios de la Justicia que se ha consolidado a través de los años) es “buena, pero sin perder la identidad de que soy de los ‘huérfanos’ que venimos de afuera del Poder Judicial. Hemos logrado una buena simbiosis. Incluso logramos un muy buen acercamiento, aceptación y trabajo conjunto con la misma gente que allá en el 2006 firmaba para que no me designen”, reconoció.

“En Entre Ríos funcionan las instituciones, a veces con los defectos propios de las personas que las conformamos”, resumió.

• Justicia

Con respecto al funcionamiento de la algunos resortes judiciales, Castrillón consideró que en la Justicia provincia hay “fiscales muy buenos, regulares y no tanto. Esperemos que cuanto antes pasen todos por el Consejo de la Magistratura y que este sea eficiente en la evaluación. Incluso los fiscales auxiliares. No existe ninguna duda en la Constitución de que todos los funcionarios de los Ministerios públicos (Fiscal y de la Defensa) deben pasar por el Consejo. No existe ninguna diferencia entre el Fiscal y el auxiliar en la persecución de un delito”.

“Pueden cometer errores, extralimitarse y esto es sancionable en el primer caso por el Jurado de Enjuiciamiento, pero en el segundo no. A lo sumo podría ser sancionado por el superior, que probablemente consienta la actuación porque la conocía”, reconoció.

En párrafo aparte, calificó de “pilares” del sistema judicial a los dos candidatos que hay para ocupar la presidencia de la Asociación de Magistrados (Graciela López Arango y Mariano López), organización con la cual ha trabajado “muy bien”, precisó. “Deben definir los afiliados. Son dos bellísimas personas”, consideró.


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