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Published on noviembre 6th, 2018 | by concordia7

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AMPLÍAN DENUNCIA: POSIBLES IRREGULARIDADES EN LICITACIÓN OBRAS CIERRE ENERGÉTICO NORTE

Kisser y Pagliotto destacan posible elusión de controles y sobreprecios, por parte del gobierno provincial.

Mediante un escrito al que accedió la prensa, el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) y el abogado Rubén Pagliotto ampliaron la denuncia penal presentada la semana pasada ante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades detectadas en el proceso licitatorio de las obras correspondientes al denominado Cierre Energético y Gasífero del Norte Entrerriano, que serán ejecutadas por la Corporación Nacional de Importación y Exportación Técnica de China (Cntic).

Puntualmente, los denunciantes adjuntaron pruebas emanadas de la Contaduría General de la Provincia que les permiten indicar que el Poder Ejecutivo delegó la ejecución de los trabajos en Enersa con el objeto de regirse por las normas de una sociedad anónima y eludir así una serie de controles.

También cuestionaron “el secretismo y el apuro” en los trámites, deslizaron la posibilidad de la existencia de sobreprecios y replicaron las explicaciones del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes: “No se esta frente a una cuestión meramente administrativa como ligeramente ha salido a exteriorizar el fiscal de Estado, pretendiendo minimizar la denuncia y la gravedad de la misma”, aseguraron los denunciantes.

Kisser y Pagliotto ampliaron la denuncia penal a partir de documentación que, según relatan en el escrito, les suministró Aurelio Miraglio, contador General de la Provincia. Se trata de dos expedientes que, a entender de los denunciantes, ratifican los términos de su presentación inicial, dado que allí figuran “variopintas observaciones” expuestas desde el organismo.

La falta de intervención previa de la Contaduría General de la Provincia en los trámites de la licitación es uno de los puntos que marcan Kisser y Pagliotto.

También objetan la “aplicación de normativa no vigente”, dado que se pretende reglamentar un decreto por medio de otro decreto que, al no haberse publicado en el Boletín Oficial, aún no tenía vigencia.

Más adelante, marcan que falta el refrendo del ministro correspondiente y, puntualmente, indican que la normativa debió ser refrendada por el ministro de Economía y no por el de Planificación, como efectivamente se hizo. “Esta circunstancia se apuntó en septiembre de 2018 y se hizo caso omiso de la misma”, aseveran.

También señalan los denunciantes que se está ante un encuadre normativo erróneo, dado que se aplican las reglas “aviesamente, con mala fe y deliberadamente para sustraer la ejecución del proceso de las esferas del control y de la legislación obligatoria”. Indican que debió regirse el proceso por la Ley de Obras Públicas y al no ser así el proceso queda invalidado y corresponde “abrir una investigación penal preparatoria (IPP) a fin de descartar o no la comisión de conductas típicas y definidas por el catálogo represivo”.

Otro aspecto que cuestionan es la ausencia de legitimación para delegar en Enersa que, por su constitución, permite una contratación “con mayor informalidad, libertad y elasticidad” bajo modalidades que “ni el propio gobernador podría realizar”.

Para los denunciantes, de esta manera “se eludirían los controles propios, obligatorios y específicos” de la Contaduría General. A la vez, marcan la falta de intervención desde el origen del trámite del Tribunal de Cuentas, por tratarse de una obra de alta significación económica.

Para los denunciantes, las irregularidades señaladas “no son errores, sino parte de un intencional y deliberado procedimiento antijurídico, direccionado a favorecer una determinada empresa y, a la par, sustraerla de los controles y del necesario sometimiento a leyes provinciales distintas a la de una sociedad anónima como Enersa, sin perjuicio de sospechar también –a la luz del secretismo y apuro reinantes- de sobreprecios que, de comprobarse a instancias de las pruebas periciales sugeridas en el corpus de la denuncia, habilitarían que se investiguen otros tipos delictivos”.

“No se esta frente a una mera cuestión meramente administrativa, supuestamente subsanable, como ligeramente ha salido a exteriorizar el fiscal de Estado, pretendiendo minimizar la denuncia y la gravedad de la misma. No tenemos dudas de que el fiscal de Estado, por su lógica formación profesional, estaba en mejores condiciones de advertir a todos los funcionarios, organismos y demás participantes del diseño de la construcción de una obra pública trascendente y de alta significación económica sobre las irregularidades en las que se estaba incurriendo”, añadieron Kisser y Pagliotto.

“De todas maneras, el solo hecho de haber admitido la Fiscalía de Estado que existen anomalías en el proceso de elaboración de normas jurídicas en forma ilegítima, eludiendo controles, especialmente de la Legislatura, y justificando ‘apuros’ en el proceso licitatorio, con pliegos hechos como ‘sacos a medida’, ameritan en grado más que suficiente para que, no sólo se formule la denuncia por los suscriptos, que ahora se amplía con elementos de prueba, sino que se dé andamiaje a la IPP con la premura del caso, adoptándose las medidas precautorias que la gravedad del hecho así lo justifican”, concluyen los denunciantes.


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