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Published on julio 10th, 2018 | by concordia7

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 ABORTO: “SI LA LEY DICE LO QUE QUIERO, BIEN, DE LO CONTRARIO, FUERA LA LEY”

Empieza a cansar la monotonía del debate sobre aborto legal o no, cuando las posiciones encontradas no escuchan al otro, o peor aún, salirse del marco legal existente, si no “satisface” posiciones personales o sectoriales. (J.M.H.)

Toda discusión referente a intereses colectivos, que hacen al mejoramiento en calidad de, por ejemplo, salud pública, deben irremediablemente tener, el marco legal existente, la correspondiente mejora a lograr por leyes futuras, mediante estadísticas demostrativas, como otros antecedentes, y el distanciamiento necesario de: creencias, religión, ideologías varias y oportunismo de clases, político, social o económico, que enturbien la transparencia de la busca de la verdad.

En el tema aborto legal subyacen muchas de esos condicionantes que, poco a poco, transforman el debate en monótono, absolutista y sectario a ultranza, mezclando conceptos que deben ser ajenos a los posicionamientos sectoriales.

A todo eso se le suman fanatismos, privilegios de “clases”, citas de frases e ideas de personajes públicos que marchan en el mismo sentido, pero que paralelamente no resisten un pequeño repaso de sus conductas y palabras personales.

LOS NÚMEROS COMO CUESTIÓN CENTRAL

Hoy decir que una posible ley de aborto legal no es cuestión de salud pública, es lisa y llanamente desconocer la raíz y desarrollo del tema, por lo tanto, no se puede mirar, cuando de ley de un estado se trata, fuera del marco de la salud pública.

En ese sentido, todos los países que implementaron leyes semejantes, demuestran estadísticamente, que la totalidad de los índices de mortalidad por causa de abortos clandestinos, disminuyeron notablemente en todos los casos. Eso es irrefutable, tangible y a la vista de todos, quienes apoyan y quienes rechazan.

Si un estado, implementando determinadas leyes, logra que los índices de mortalidad de su población bajen radicalmente, no solo tiene que instar a debatir caminos de soluciones posibles, sino que además debe implementarlos, está obligado a dictar esas leyes.

Saquemos aborto, posicionamientos, religión, fanatismos y cualquier otro condicionante, si un estado sin ley tiene 4 muertes cada diez de una determinada cuestión, y con una ley logra bajar a dos muertes cada diez, es un crimen de estado no llevar adelante la implementación y cumplimiento de esa ley, el resto forma parte de cuestiones ajenas al rol de un estado moderno, republicano y representativo de todos los intereses sectoriales y con igualdad de todos ante la ley.

MARCO LEGAL

El aborto, como tal, está contemplado en nuestro marco legal desde 1921, casi cien años y seguimos desconociendo lo que ya es ley desde hace casi un siglo. Cuando esto ocurre, es innegable que los intereses sectoriales son sumamente poderosos, ya sea desde lo cultural, lo social, lo económico o lo político, como para impedir que una ley que no contempla sus “intereses”, no se cumpla.

En 1886 se sanciona el primer Código Penal de Argentina. El mismo penaliza el aborto en todos los casos. En 1903, el código es reformado por primera vez y establece que los casos de tentativa de aborto no sean punibles. Los casos de no punibilidad que actualmente se encuentran vigentes surgen de la segunda reforma del código, sancionada en el año 1921.

La Comisión de Códigos del Senado argentino (1921) que aprobó el nuevo código estaba integrada por los legisladores Joaquín V. González, Enrique del Valle Iberlucea y Pedro A. Garro. Esta comisión explicó que, en lo concerniente al aborto, se basó en el texto del anteproyecto penal suizo de 1916.

También entendió que la no punibilidad del aborto terapéutico no necesitaba explicación; mientras que, para los casos de atentado contra el pudor sobre mujeres con discapacidad mental, se justificó con la siguiente cita del abogado y político español Luis Jiménez de Asúa referida al anteproyecto suizo: “Es la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado”. Si bien el texto helvético hacía mención al caso del incesto, este quedó excluido del código argentino.

En 1984 se sanciona la Ley N.º 23.054, la cual aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional cuyo texto declara que el derecho a la vida existe “en general, a partir del momento de la concepción”.14? Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional establece la jerarquía constitucional para dicho tratado en su artículo 75, inciso 22º.15? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal que interpreta la Convención, definió que la legalización del aborto no la contradice.

En 1990 se sanciona la Ley N.º 23.849, en donde se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 2 de la ley señala que, con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, «la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad». El Comité de los Derechos del Niño, el organismo a cargo de la aplicación de esta Convención, recomendó a la Argentina que garantice “el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para adolescentes.

En 1998, luego de una entrevista con el papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano, el presidente argentino Carlos Menem aprobó un decreto que declaró el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer en la Argentina. Durante la primera celebración, en 1999, el presidente afirmó que “la Argentina ha colocado entre las prioridades de su política exterior, una firme y decidida acción en defensa de la vida”. En este contexto fue que Zulema Yoma, ex esposa del presidente, decidió contar en una entrevista que se realizó un aborto con el apoyo de Carlos Menem.

En 2012, la Corte Suprema falló sobre el caso FAL, una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro, en el que interpretó que el artículo 86 del Código Penal de la Nación permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante. En su fallo, la Corte analizó los diferentes tratados internacionales y no encontró ninguno que prohibiese el aborto en los casos previstos por el Código Penal.

En junio de 2010, en un examen realizado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre la Argentina, se le recomienda al Estado, en el párrafo 59, que, entre otros puntos, “Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas” y que “Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal”.

En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó las diferencias interpretativas en el fallo del caso “Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica”, en el cual interpreta el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el párrafo 185, se afirma que “hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. […] Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten”. Asimismo, en el párrafo 263, señala que “la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula ‘en general’ del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos”. En el siguiente párrafo indica que “es posible concluir de las palabras ‘en general’ que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”.

Sociedad Argentina de Medicina

La mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva se manifestaron a favor de la legalización del aborto y del respeto de la autonomía de la mujer. Los profesionales de la salud resaltaron en un comunicado: “La mortalidad materna constituye un importante problema sanitario en la Argentina”.


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