ABORTO NO PUNIBLE: LA ÚNICA MÉDICA QUE ATENDIÓ EL CASO RECHAZÓ “SOBREVIDA DE 10 HS”

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Revés para los sectores antiderechos. La médica Virginia Ieder fue la única profesional que atendió a la nena de 13 años que accedió a un aborto no punible, en el marco del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, para poner fin a un embarazo producto de una violación.

Ieder testimonió el pasado sábado ante el fiscal José Arias, quien tomó la causa tras una denuncia pública que señaló que el feto había tenido una sobrevida de diez horas.

Sin embargo, la única profesional que atendió el caso negó de cuajo esa posibilidad: “La doctora Ieder fue la profesional que atendió la práctica de aborto no punible de la menor y claramente le dijo al fiscal que el feto no tenía signos vitales y que inmediatamente fue puesto en frasco con formol, y luego entregado al policía enviado por la Fiscalía”, relató una fuente judicial.

La médica Virginia Ieder, la única profesional que atendió a la nena de 13 años que accedió a una práctica de aborto no punible en el Hospital Masvernat, de Concordia, testimonió el sábado ante el fiscal José Arias y confirmó que la mentada “sobrevida de 10 horas” no existió.

“La doctora Ieder fue la profesional que atendió la práctica de aborto no punible de la menor y claramente le dijo al fiscal que el feto no tenía signos vitales y que inmediatamente fue puesto en frasco con formol, y luego entregado al policía enviado por la Fiscalía”, contó una fuente de la causa.

El dato se refuerza con la información contenida en la historia clínica de la menor, GA, quien accedió a la interrupción voluntaria de un embarazo producto de una violación, al quedar contenida en los parámetros que establece el protocolo de aborto no punible que rige desde 2017 en Entre Ríos, publicó Entre Ríos Ahora.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación, y estableció que el aborto no es punible (es decir, no es un delito) cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”.

En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

A través de la resolución Nº 2.883, que el Ministerio de Salud de Entre Ríos dictó el 29 de agosto de 2017, la Provincia planteó la necesidad de “normatizar instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidenialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos”.

Ese protocolo ha sido puesto en tela de juicio por los denominado grupos “pro vida”, que incluso han cuestionado con severidad la práctica del aborto no punible a la que accedió la menor.

En la causa que lleva adelante le fiscal Arias, el cabo de la Policía Raúl Pignataro confirmó lo que refleja la historia clínica de la menor GA, la expulsión del feto se produjo a las 14,45 del día 10 de noviembre, y el secuestro, a las 15. “El policía confirmó que recibió el feto en forma casi inmediata a la expulsión. Lo recibió en un frasco con formol. Y confirmó que se lo entregó en propias manos al fiscal Arias”, relató una fuente con acceso al caso.

Sin embargo, las informaciones sin confirmar que hablaron de una “sobrevida de 10 horas” arreciaron y hasta fueron divulgadas por el obispado de Concordia, lo que motivó un planteo del abogado Pedro de la Madrid, que representa a la menor de 13 años.

El abogado De la Madrid intimó por carta documento al obispo Luis Armando Collazuol a que ratifique sus dichos en torno a lo que ocurrió con esa práctica médica. Le hace notar el letrado que el representante de la Iglesia mintió, y que de persistir en esa actitud, lo denunciará siguiendo los caminos del Código de Derecho Canónico ante las autoridades eclesiásticas, pero que además iniciará una demanda en la Justicia.

El viernes 7, el Obispado de Concordia distribuyó un comunicado en el sostuvo, sin ambages, que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

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